Una cosa fue la cuenta regresiva de campaña y otra está siendo sacar a los migrantes irregulares de Chile en realidad. Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, defiende los avances del Gobierno de José Antonio Kast, pero también pone sobre la mesa las dificultades: falta de recursos, leyes que recién avanzan y países que no reciben a sus ciudadanos. Con Venezuela, el problema cabe en una frase: “No se pueden expulsar, porque Venezuela no los recibe”.

En conversación con BioBioChile, el exdiputado RN también les pasa la cuenta a sus antiguos compañeros de Congreso: cuestiona que la oposición exija expulsiones mientras rechaza herramientas para concretarlas. Habla de personas que trabajan con contrato sin tener permiso, reclama por el uso gratuito de servicios públicos y adelanta una propuesta que tiene su vuelta: salir de Chile sin sanciones para después pedir autorización y regresar.

Pero la conversación también llega a los niños haitianos y a las preguntas que siguen abiertas sobre su ingreso al país. Ahí, Sauerbaum habla de errores, falta de criterio y una escena que califica de “absurda y sospechosa”: una persona que llegaba con 34 niños, supuestamente encargados por sus padres. ¿Quién responde por eso? ¿Qué pasa con las familias que siguen esperando reunirse?

Entre esas respuestas, las promesas de campaña y una zanja todavía en construcción transcurre esta entrevista.

Promesa migratoria: “No es automático”

—El presidente Kast prometió sacar a 300 mil personas y las expectativas eran enormes. ¿Qué pueden mostrar hoy como cumplimiento de esa promesa?

Yo creo que el Gobierno ha sido exitoso en el Plan Escudo Fronterizo, por ejemplo. El ingreso clandestino se ha detenido en un 93% en la frontera norte y eso nos ayuda a poder tomar otras decisiones, porque mientras siguiera entrando gente, evidentemente ninguna política que tomáramos iba a provocar efecto.

Hoy día tenemos más de 11 mil personas que han salido voluntariamente del país desde enero. De esas personas, el 80% son venezolanas que estaban ilegales en Chile, que tenían orden de expulsión. Para nosotros, incentivar la salida voluntaria es lo que hemos hecho. Llegamos a un acuerdo con Venezuela para que pudieran emitir un salvoconducto, para que las personas pudieran salir con documentación vencida. Todo eso ha ayudado a ir aumentando las salidas voluntarias, que hoy día llegan a más de 11 mil personas.

—¿Y las expulsiones?

Esta semana vamos a llegar a dos mil personas que expulsamos forzosamente, con diez vuelos de expulsión. Por lo tanto, la promesa de producir un ordenamiento migratorio se está cumpliendo paso a paso. Es evidente que no es automático.

—¿Qué les ha impedido avanzar más rápido?

Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer y la gente se ha dado cuenta de que tenemos una serie de restricciones. El hecho de que el proyecto de ley que nos va a facilitar las expulsiones se haya aprobado recién esta semana, el hecho de que se rechace ampliar de cinco a treinta días la retención, todo eso obviamente no colabora.

A mí me extraña que la oposición critique al Gobierno por no cumplir su promesa y que ellos pongan obstáculos para que no se cumpla. Entonces hay que tener un poquito de cordura y también ser consecuente con lo que se dice. La promesa de ordenamiento migratorio se va a cumplir en la medida en que todos colaboremos. Pero yo le pido a la oposición que ponga los votos donde pone las palabras, porque exigir que expulsemos, rechazándonos la posibilidad de aprobar los proyectos de ley que se requieren, es un poco inconsecuente. Nosotros les pedimos que sean consecuentes y colaboren.

Fíjate que yo voy al Congreso y no veo a nadie que hoy día justifique la inmigración irregular como se hacía hace cuatro años. Hace cuatro años, el Frente Amplio y el Partido Comunista decían que era un derecho humano migrar. Hoy día nadie se atreve a decir eso. Todos estamos de acuerdo en que la migración tiene que ser ordenada, segura y regular.

Por lo tanto, nosotros les estamos pidiendo que colaboren como nosotros le colaboramos al presidente Boric. Todo lo que se nos pidió en materia de seguridad pública, la centroderecha, el año pasado y los años anteriores, lo aprobamos en el Congreso. Uno les pide un poquito de comprensión y que no voten para tratar de perjudicar al Gobierno, sino para beneficiar a los chilenos, que es lo que nosotros estamos haciendo.

—Usted conoce el Congreso desde dentro. ¿La pelea política se imponen ante las necesidades del país?

Yo me quedo con las palabras del exdirector Thayer. Cuando él se fue del cargo dijo que la izquierda nunca se dio cuenta de que el tema migratorio era un problema para los chilenos y nunca lo tomaron con seriedad.

Nosotros se lo dijimos muchas veces: no podíamos producir una apertura de puertas indiscriminada al país, porque el país no resiste una migración irregular que además trajo consigo delincuencia, narcotráfico y crimen organizado de por medio.

Venezuela: “No se pueden expulsar, porque Venezuela no los recibe”

—Vuelvo a la cifra de campaña: ¿sacar a 300 mil personas sigue siendo la meta para este gobierno? ¿Por dónde van a empezar?

Hoy día para nosotros es fundamental restablecer relaciones consulares con Venezuela, porque el 65% de los irregulares son venezolanos. Por lo tanto, esas conversaciones que la Cancillería tiene para nosotros son tremendamente valiosas, porque de esa manera vamos a poder ir expulsando y también sacando con vuelos humanitarios a muchos venezolanos que quieren volver a su país legítimamente. Ya han salido 11 mil personas voluntariamente y el 80% de ellas han sido venezolanas, porque entienden que en Chile no pueden seguir viviendo de manera irregular.

—Pero expulsados, ningún venezolano todavía.

No, porque no se pueden expulsar, porque Venezuela no los recibe.

—¿Cómo lo van a hacer ahí?

Esa es una pregunta que tiene que contestar la Cancillería. Yo lo único que sé es que ellos están hoy día conversando. Yo no tengo conversación directa con Venezuela.

Pero lo otro que te tengo que decir es que el presidente espera también presentar el proyecto de Plan de Abandono Voluntario, que va a permitir que la gente salga del país sin multas y sin órdenes de no reingreso. No nos olvidemos de que cuando yo expulso a una persona, esa persona no puede ingresar a Chile entre tres y cinco años.

Nosotros estamos dispuestos a presentar un proyecto de ley para que la gente salga sin esa pena y luego pueda postular desde fuera para poder reingresar. De esa manera también vamos a disminuir muchísimo la irregularidad, porque hay gente que quiere trabajar en Chile, quiere vivir en Chile: ningún problema. Pero el presidente ha dicho que para poder hacer eso tiene que salir del país y hacerlo como corresponde.

Seguramente en los próximos días se va a presentar el proyecto de ley para la salida voluntaria sin sanciones y, de esa manera, hacer que la gente ingrese al país con su visa respectiva. Si quiere venir a trabajar, a emprender o a hacer familia, ningún problema, pero tiene que entrar por la puerta. Esa gente va a tener una oportunidad de poder hacerlo. Nosotros se la vamos a dar y esperamos que se utilice. Los que no la ocupen van a quedar automáticamente con un decreto de expulsión.

Además, no nos olvidemos de que los ilegales en Chile van a tener cada día más problemas para encontrar trabajo, porque estamos fiscalizando e impidiendo que se contrate a personas irregulares. La gente entiende que hoy día es importante que se cumpla la ley y es lo único que hemos tratado de hacer: cumplir la propia ley que nosotros aprobamos hace cinco años.

Los límites que plantea Migraciones

—Usted habla de ordenar la migración. ¿Qué significa eso para quienes hoy trabajan en Chile sin tener permiso?

Hoy día estamos produciendo un ordenamiento y dando señales claras. Primero, a Chile se tiene que entrar por la puerta, como ha dicho el presidente. Segundo, a Chile no se puede venir a trabajar si no se tiene permiso, por eso hemos ampliado las fiscalizaciones. Hoy día tenemos un estudio que nos entregó la Superintendencia de Pensiones que demostró que en Chile había 220 mil personas trabajando con contrato y pagando cotizaciones sin tener permiso para trabajar.

—¿Cómo explica que ocurre eso?

Es una cosa bastante absurda que se da en nuestro país porque la ley laboral está por sobre la ley migratoria. Y te cuento que nosotros estamos elaborando un proyecto de ley para que eso no vuelva a ocurrir. Vamos a tener que exigir ahora, el contrato, la cotización previsional y la situación migratoria, porque hoy día muchos empleadores contratan sin saber que la persona está ilegal.

—¿Qué mensaje quieren darles a quienes vienen a Chile?

Lo que hemos hecho ha sido empujar una agenda que finalmente ordene el proceso migratorio, dando señales claras de que a Chile no se puede venir a hacer desórdenes y desmanes. Nosotros tenemos que dar señales de ese tipo para que la gente desde el exterior vea que los migrantes son bienvenidos en la medida en que vengan a trabajar, a hacer familia, a emprender, y que hay un procedimiento que cumplir.

Hace unos días estuve en un seminario en Uruguay y me daba cuenta de que la legislación chilena es muy distinta a la de los otros países. Por ejemplo, una cosa que es clave: la situación migratoria de una persona en Chile no se puede cambiar de un estatus migratorio a otro. Una persona que viene de visita, de turista, no puede tener una visa de trabajo o quedarse con residencia permanente dentro del país; tiene que hacer el proceso desde fuera. En los otros países tú te puedes cambiar de un estatus migratorio a otro haciendo el trámite dentro del país. Hay mucha gente que no entiende eso, pero esa es una ley que nosotros tenemos en nuestra legislación y ellos la tienen que respetar.

Nosotros no tenemos por qué aceptar que hoy día haya miles de personas en Chile utilizando los servicios básicos o sociales gratuitamente, sin colaborar. Por ejemplo, tenemos casi 500 mil personas usando el servicio de Fonasa gratuitamente, que no colaboran al servicio. Entonces, cuando tú vas a un consultorio o al hospital, no hay atención, están las listas de espera, no hay remedios. Uno se pregunta por qué el servicio está reventado y hay razones de ese tipo. Hay situaciones que la migración irregular produce y por eso estamos empeñados en producir un ordenamiento. Pero el gobierno anterior no tuvo esa conciencia y lo reconoció el propio exdirector Thayer cuando terminó su gestión.

—Pero la salud es un derecho. ¿No debería estar por encima de la situación migratoria de una persona?

En Chile es así pero en los países vecinos no es así. Te doy un ejemplo concreto: estuve hace unos días en Colombia y había un mochilero chileno al que atropellaron. Llegó a un consultorio a atenderse y le rechazaron la atención, a pesar de que era un accidente. ¿Por qué? Porque estaba ilegal en el país. Él fue a buscar ayuda al consulado en Bogotá y esto me lo contó el cónsul.

Entonces nosotros tenemos que pedir igualdad de trato. Si nosotros les entregamos salud gratis y educación gratis hasta a los ilegales que tenemos en Chile, los países debieran comportarse de manera igual. Por eso te digo que es un tema muy complejo, porque hay que concordarlo con el resto de los países también.

Ingreso de niños haitianos

—Pasemos al caso del ingreso de los niños haitianos. ¿Cree usted que en Chile se vulneraron sus derechos?

Yo no te puedo decir porque no me corresponde a mí. Puedo tener una opinión personal, pero como director del Servicio de Migraciones lo único que puedo decirte es que nosotros vimos que dentro del servicio, como dice la contralora, se cometieron una serie de errores administrativos que llevaron a esta situación de irregularidad y de incerteza sobre cómo esos niños ingresaron al país.

—¿Faltaron resguardos?

Yo lamento que no se hayan tomado los resguardos en su momento, porque al ver que una persona traía 34 niños en un solo avión, encargados por sus papás supuestamente, y se los dejaba ingresar al país sin nadie que los recibiera afuera, era una cosa bastante absurda y sospechosa.

Entonces uno dice: “Bueno, ¿dónde estuvo la falta?”. Hubo una falta de criterio, desde mi punto de vista, que nosotros hemos tratado de solucionar cambiando una serie de normativas y decretos, haciendo convenios con las instituciones con las que estamos hoy día trabajando en conjunto para que esto no ocurra. Pero la responsabilidad y si se vulneraron efectivamente los derechos es una situación que tiene que investigar la justicia.

—Terminó la comisión investigadora de la Cámara que se abrió por este tema. De todo lo que se conoció, ¿qué le parece más grave?

Sí, y todavía se está desarrollando una investigación de la Fiscalía. Nosotros fuimos convocados en dos o tres oportunidades, en las que entregamos todos los antecedentes que el servicio tenía disponibles de lo ocurrido durante los últimos años.

También estuvimos presentes en la comisión investigadora, donde dimos a conocer cuáles son las modificaciones que desde nuestro servicio podemos hacer, porque no nos olvidemos de que esta es una situación que afecta a distintos servicios.

—¿Y quién responde por lo que ya pasó?

Hay situaciones que lamentablemente se dieron durante varios años por una serie de errores administrativos, como la flexibilización para el ingreso de menores de edad con terceras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar hacia adelante. Ahora, las responsabilidades de todo tipo, tanto penales como políticas, se tendrán que tomar en la instancia que corresponde. Nosotros entregamos todos los antecedentes tanto a la Cámara de Diputados como a la Fiscalía, que está haciendo la investigación, pero esas responsabilidades las van a tener que definir ellos.

Yo le puedo decir que lo que dependía del Servicio de Migraciones, lo que se nos solicitó desde la Fiscalía y desde la Cámara de Diputados, se contestó por escrito. Asistimos a la comisión y a la Fiscalía para entregar todos los antecedentes. Ahora esperamos que la investigación termine lo antes posible para poder establecer responsabilidades.

Pero lo más importante para nosotros es que esta situación también nos sirvió para terminar con una serie de irregularidades que se venían dando en el ingreso de menores de edad. Y no solamente de los haitianos, sino que de todas las nacionalidades, porque el decreto que hicimos considera todas las nacionalidades para el ingreso de niños y también para la salida de niños chilenos y extranjeros, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

—Cuando habla de negligencias, ¿apunta a las administraciones anteriores de Migraciones o también a otras instituciones?

Yo me puedo referir a lo que conozco y a lo que la contralora dijo de Migraciones. Efectivamente, aquí hubo un decreto que surgió durante el año 2023 y que flexibilizó el ingreso de menores de edad. Pasó un año y el propio Servicio de Migraciones retrotrajo esa decisión, producto de todas estas situaciones de irregularidad.

No nos olvidemos de que hubo denuncias de estafa y también de que el cónsul, en su momento, vendió visas. Entonces se empezaron a producir una serie de situaciones en la embajada de Haití que finalmente terminaron con el cierre de esa embajada. Hoy día nosotros no tenemos relación diplomática con Haití, justamente por los hechos que ocurrieron el año pasado. En octubre se decidió cerrar la embajada y hoy día no tenemos relación con el embajador. Esas situaciones derivaron en algo bastante complejo, que fue la llegada de una cantidad importante de niños haitianos sin tener el debido registro. Eso es lo que la contralora denunciaba.

Las alertas previas y la respuesta de la Fiscalía

—En BioBioChile contamos el caso de niños que quedaron en Haití cuando se desbarató la red que los traería. Sus familias habían pagado cerca de tres millones de pesos y la Fiscalía conocía los antecedentes desde antes. ¿Se demoró en actuar?

Sí. Nosotros tuvimos una serie de denuncias que venían desde hace mucho tiempo. Había parlamentarios, como el diputado Fuenzalida y otros que habían denunciado estas situaciones. Cuando fuimos a hablar con el fiscal nacional, nos dijo que había ocho investigaciones distintas derivadas del mismo caso de los niños haitianos. Evidentemente, cuando sale esta denuncia de la contralora se reactiva la investigación y el fiscal nacional da la instrucción de unificar estas denuncias.

—¿La denuncia de Contraloría fue lo que puso presión?

Yo creo que, efectivamente, cuando estalla el caso por la Contraloría, la justicia retoma el tema y hoy día están en plena investigación. Hemos tenido que declarar todos los entes que estuvimos de alguna manera involucrados. Aunque nosotros personalmente no estábamos, la institución que yo represento estuvo involucrada y, por lo tanto, tuvimos que entregar toda la información disponible.

—¿Y cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía ahora?

Yo le agradezco al fiscal nacional. Yo solamente he hablado con el fiscal nacional y con el fiscal que finalmente nos hizo las preguntas. El fiscal nacional conocía muchas de las situaciones irregulares que se producen en el proceso migratorio. No solamente el tema de los niños haitianos, sino que, por ejemplo, el de los niños que se utilizan para ingresar por la frontera, que él mismo llamó, en la declaración que hizo en el Senado, los “niños pasaporte”. Son estos niños que se utilizan para poder ingresar porque Chile protege a los niños y, por lo tanto, aunque vengan con una persona ilegal, los dejan entrar igual. Es una situación que sucede hasta el día de hoy y que nosotros hemos estado evitando, afortunadamente, con el proyecto Escudo Fronterizo, que ha disminuido muchísimo el ingreso ilegal.

La situación de los niños es tremendamente delicada. Yo le agradezco al fiscal nacional que haya tomado finalmente la decisión de unificar las causas que había en torno a los niños haitianos y que hoy día estén en plena investigación.

Reunificación familiar: miles de solicitudes en espera

—Vamos a los niños: ¿están todos ubicados? ¿Saben dónde y con quién están?

La contralora tomó una muestra de todos los miles de niños que entraron a Chile. Por eso se produjo tanta inquietud, porque solo tomó un grupito muy pequeño de 105 niños, de los cuales a 64 no los encontró donde dijeron que iban a estar. Por eso se provocó una alarma pública, porque finalmente, si uno empezaba a revisar cuántos niños haitianos habían entrado, eran más de 18 mil. Evidentemente, cuando se hace una muestra tan pequeña, de cien niños de 18 mil, y de esos cien niños 64 no estaban, hay una inquietud respecto de ciertas situaciones que pueden ser masivas.

Por eso, la investigación que haga la PDI y que está haciendo la Fiscalía va a ser muy clara y nos va a dejar tranquilos sobre dónde están y el destino de la gran mayoría de esos niños.

—En septiembre había unas 3.500 solicitudes de reunificación familiar suspendidas. ¿Siguen esperando?

Están suspendidas todavía por la situación que te comentaba: no tenemos relación consular. Los documentos que se presentan son documentos de los cuales nosotros no podemos dar fe de que sean fidedignos, por toda la situación de irregularidad que vive Haití. Mientras Haití no se regularice y no tengamos efectivamente con quién entendernos y dar fe de los documentos que se nos presentan, es muy difícil que esta situación avance.

Además, nosotros vamos a esperar que termine toda la investigación para retomar estas solicitudes y ver cómo resolvemos. Hoy día, la situación que existe en Haití, la investigación de la Fiscalía, no solamente de los niños haitianos, sino también de la situación que afectó al ex cónsul, que estaba vendiendo visas y sobre la que se hizo una denuncia, hace que finalmente la situación de los niños haitianos que han pedido reunificación familiar quede detenida. Nosotros no podemos seguir adelante mientras las investigaciones no terminen.

—¿Qué alternativa les dan a las familias que sí pueden acreditar el vínculo, pero quedaron atrapadas en estos problemas?

Nosotros tenemos que hacer lo que el procedimiento nos dice y exigir una serie de documentos que ellos no están en condiciones de presentar hoy día, lamentablemente. Es una situación que nosotros no podemos solucionar hasta que Haití no regularice su situación. No nos olvidemos de que ahí hay una suerte de Estado fallido, pero nosotros no podemos dejar pasar esto porque evidentemente no podemos dar fe de toda la documentación que se nos presenta. Mientras eso no pase, no vamos a poder seguir adelante, más todavía cuando hay investigaciones en torno al ingreso de niños ilegalmente a Chile. Hasta que no tengamos certeza de lo que pasa, preferimos dejarla en stand-by mientras tanto.

—¿Qué cambiaron ustedes para evitar que se repitan las irregularidades?

Desde nuestro punto de vista, primero, entregamos la información que estaba disponible y que podíamos generar. Por ejemplo, establecimos un decreto nuevo que establece un procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes al país sin sus padres, con sus tutores legales o simplemente con terceras personas, para asegurarnos de que estas situaciones de irregularidad que llevaron a toda esta investigación no se vuelvan a producir.

Además, la Contraloría nos pidió hacer un acuerdo y un estatuto de entendimiento con otras organizaciones, entre el Servicio de Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social y la PDI, que ya se estableció. De hecho, el próximo lunes se va a firmar públicamente este acuerdo para entregarnos información mutuamente y estar al día con las situaciones que ocurran, para que no haya pérdida de información y de trazabilidad desde el ingreso de los niños.

—¿Qué debería cambiar con ese acuerdo?

Con estos nuevos decretos y acuerdos con instituciones, como el Ministerio de Desarrollo Social, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil, establecimos un acuerdo que va a cambiar la forma en que los niños van a ingresar y egresar del país, para que todo esto no ocurra.

La zanja: obras pendientes y vigilancia en la frontera

—¿Y la zanja? ¿Ya está terminada o sigue en construcción?

Todavía no, porque se hace por kilómetros. No es una zanja continua: se hace en las partes donde hay ingresos clandestinos. Por ejemplo, en el norte hay montañas y no se va a hacer una zanja ahí si la montaña hace por sí sola de obstáculo. Entonces ponen la zanja donde hoy día es más fácil entrar.

Pero la zanja ha traído una serie de problemas para los que quieren ingresar. Pero hoy día los militares tienen problemas no con las personas: quienes quieren violar la franja son los del narcotráfico y también los del contrabando de cigarrillos, que hoy día en el norte es un tremendo negocio. Los militares se encuentran con ese tipo de situaciones, con camiones y todo. Por eso están permanentemente vigilando. Ahora eso se facilita porque hoy día tienen drones, aviones no tripulados que están durante la noche dando vueltas. Por eso los pillan: tienen luces infrarrojas y pueden detectar el calor en la noche. Se hace más fácil la detección.

—Aunque falten tramos, ¿usted ya da por buenos los resultados?

Sí, claro, los números están a la vista. El último informe de la PDI nos dice que han disminuido los ingresos clandestinos en un 93%, que es un tremendo éxito. Cuál es el desafío de eso? Que todos los años sigamos teniendo los presupuestos para mantenerlo, porque hoy día tenemos el doble de militares que hace un año. Tenemos aviones no tripulados, drones, a la Fuerza Aérea, a la Marina y al Ejército trabajando ahí, más Carabineros y la PDI. Es un esfuerzo muy grande. Ese esfuerzo lo tienen que continuar este gobierno, el próximo y el próximo también, para mantener una frontera segura.

Presupuesto y gestión

—Hemos hablado de las restricciones. ¿Qué ha puesto el Gobierno para que Migraciones pueda cumplir sus metas?

Hoy día lo que hizo el Gobierno fueron cosas concretas. Por ejemplo, respecto del presupuesto: el gobierno del presidente Boric dejó para este año cuatro mil millones de pesos para expulsión. Yo ejecuté esos recursos en agosto. En ese mes le dije al ministro del Interior: “Ministro, se nos acabaron los recursos, no tenemos plata para seguir expulsando”. Él nos consiguió 1.760 millones de pesos más para terminar de aquí a diciembre. Pero para el próximo año, solo para expulsiones, el Gobierno puso 11.604 millones de pesos. Entonces hay una decisión tomada para 2027.

—¿Y qué pasa con las personas que llevan meses esperando un trámite?

Además, el Gobierno sabe que no solamente tenemos este problema. El Servicio de Migraciones tiene un problema administrativo muy grave. Yo recibí el servicio con más de 400 mil trámites atrasados y el Gobierno, para el presupuesto del próximo año, nos aprueba un aumento importante de recursos para poder modernizar el servicio, agregar inteligencia artificial a los trámites y avanzar también en los trámites que se requieren. El Gobierno le ha puesto especial énfasis a Migraciones y yo lo agradezco mucho, porque son recursos especialmente dedicados a este tema.

—Cuando termine este gobierno, ¿qué tendría que haber cambiado para que usted diga “cumplimos”?

La meta es que se vuelva a recuperar el control de la frontera, el orden migratorio y que se transmita un mensaje de tranquilidad para los chilenos: que hoy día estamos dejando entrar al país a personas de bien, no a personas que vienen a delinquir o a formar parte de los carteles de la droga, del tráfico o del crimen organizado. Nosotros creemos que legítimamente hay mucha gente que viene a colaborar al país. Pero esa persona, si viene a colaborar, tiene que entrar por la puerta, hacer su trámite respectivo. Tenemos que saber quién es, dónde está y a qué viene.

Básicamente, lo que queremos dejar como legado es recuperar el orden y el control migratorio.