El exministro de Justicia José Antonio Gómez cuestionó la actuación del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, por las 56 rebajas de condena, entre ellas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, que desataron una controversia en el Gobierno. Aseguró que debió impugnar las solicitudes ante tribunales y advirtió que los beneficios ya otorgados y notificados no pueden revertirse.
En conversación con Radio Bío Bío, Gómez sostuvo que el actual secretario de Estado debió recurrir a tribunales para discutir la interpretación de la ley, en lugar de aplicar el criterio establecido en fallos anteriores de la Corte Suprema.
“Yo creo que en este caso el ministro debió haber impugnado la libertad, haber ido a los tribunales y convencer a los tribunales a través de la interpretación de la ley, como lo tratamos de hacer nosotros tiempo atrás”, afirmó.
La exautoridad recordó que, cuando regresó al Ministerio de Justicia en 2015, se encontró con una gran cantidad de decretos de rebaja de condena que decidió rechazar, al considerar que no estaban acreditados los requisitos exigidos por la legislación.
Según relató, esa decisión derivó en alrededor de 500 recursos de amparo contra la cartera, presentados por condenados por delitos graves, entre ellos violaciones y homicidios.
Sin embargo, reconoció que la estrategia no obtuvo resultados favorables en tribunales.
“Nos fue mal, pero ha cambiado la Corte y ha cambiado también la visión respecto a las penas”, explicó, insistiendo en que actualmente existen ministros del máximo tribunal que mantienen una interpretación distinta sobre la entrega de estos beneficios.
En ese contexto, calificó como un error la actuación de Rabat, aunque reconoció las dificultades que implica adoptar este tipo de decisiones desde el Ministerio de Justicia.
“Creo que fue un error, debió haberlo hecho de otra manera, pero como digo, son decisiones políticas que uno toma en ese momento”, sostuvo.
Gómez advierte que rebajas ya otorgadas no pueden revertirse
Otro de los puntos abordados por el exministro fue la posibilidad de dejar sin efecto las rebajas de condena ya concedidas, luego de que el Gobierno anunciara la suspensión de los decretos que permanecían en tramitación.
Consultado sobre la situación de los beneficiados que ya recuperaron su libertad, Gómez fue categórico al señalar que, a su juicio, las decisiones notificadas no pueden retrotraerse.
“No, no hay ninguna posibilidad de retrotraer esto porque eso se notifica y ya eso sí que es un derecho”, aseguró.
La exautoridad explicó que precisamente esa fue una de las controversias jurídicas que enfrentó durante su gestión, cuando el Ministerio sostenía que las rebajas constituían un beneficio que requería la firma del ministro, mientras los tribunales las consideraban un derecho una vez cumplidas las exigencias legales.
Respecto de la suspensión de nuevas rebajas, advirtió que la decisión también podría tener consecuencias judiciales, debido a que los condenados cuyas solicitudes ya fueron aprobadas por las comisiones podrían recurrir de amparo.
“Probablemente aquellos que tienen el beneficio aprobado en la definición de la comisión van a ir de amparo”, anticipó.
Finalmente, Gómez planteó que las modificaciones legales impulsadas desde el Congreso podrían tener dificultades para aplicarse retroactivamente, por lo que llamó a revisar el reglamento penitenciario y exigir que las comisiones fundamenten expresamente las razones para conceder las rebajas.
A su juicio, esa medida permitiría transparentar los criterios utilizados para otorgar los beneficios y fortalecer el control sobre decisiones que actualmente han puesto al Ministerio de Justicia en el centro de la controversia.
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