La jefa de la bancada de diputados UDI, Flor Weisse, junto con la integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la cámara baja, Marlene Pérez, además de las diputadas UDI Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, llamaron al Gobierno y al Ministerio de Justicia a evaluar la viabilidad jurídica de revocar los 56 decretos que, desde el pasado 11 de marzo, han otorgado rebajas de pena a condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Si bien las parlamentarias anunciaron la presentación de un proyecto para que, de forma excepcional, se pueda aplicar retroactivamente la reforma aprobada en 2022, que justamente prohíbe a los condenados por abuso sexual y violación contra menores acceder a una rebaja de sus penas, calificaron como “urgente” encontrar una solución a los beneficios que ya fueron otorgados.
En esa línea, y pese a que las legisladoras coincidieron con el Ejecutivo en que existen una serie de sentencias de la Corte Suprema que han rechazado aplicar dicha restricción a los casos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, también advirtieron que en otras ocasiones el máximo tribunal ha utilizado un criterio distinto, permitiendo aplicar dicha reforma de manera retroactiva.
Diputadas UDI comparan caso con pensiones de gracia de Boric
En ese sentido, las UDI recordaron las presiones que ejercieron durante la administración anterior para que se revocaran los decretos que habían otorgado pensiones de gracia por hechos ocurridos durante el denominado “estallido social”, lo que culminó con la decisión del Gobierno de solicitar que se dejaran sin efecto 27 de estos beneficios, luego que la propia Contraloría ratificara que sí tenían facultades para invalidar dichas resoluciones.
“El compromiso que siempre hemos asumido con la protección de la infancia y con los menores de edad no puede quedarse simplemente en buenas intenciones, sino que debemos demostrarlo con hechos concretos. Y si anteriormente fue posible dejar sin efecto los decretos con los cuales distintos delincuentes y violentistas del estallido social recibieron millonarias pensiones de gracia, creemos que hoy lo más prudente es que el Ministerio de Justicia evalúe una alternativa similar“, apuntaron.
“Sabemos que pueden ser situaciones bien distintas y que cualquier decisión que se tome debe ajustarse a la ley, pero lo que no podemos hacer es renunciar a buscar una solución que evite que este tipo de criminales se vean beneficiados producto de una interpretación ambigua”, subrayaron las diputadas.
Por último, Weisse, Pérez, Romero, Santelices, Valdebenito y Naranjo llamaron a la oposición a no politizar el asunto dada la gravedad de los delitos involucrados, asegurando que “cuando de por medio hay situaciones tan delicadas que incluso pueden generar revictimizaciones, lo mínimo que uno espera es que ningún sector de nuestra sociedad intente sacar provecho político“, reiterando que “lo que esperan los chilenos no son disputas políticas ni acusaciones cruzadas, sino que soluciones concretas que permitan evitar que esto vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país”.
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