Si Flavio Bolsonaro llegara a concretar su triunfo sobre Lula da Silva, podría producirse un fenómeno inédito: que la izquierda dejara de gobernar gran parte de los países de América Latina, desde el extremo norte del continente hasta Chile.
Podría argumentarse que Cuba sigue gobernada por un partido comunista, pero ese régimen atraviesa una crisis tan profunda que compromete la viabilidad de la nación. Incluso en España es posible que las próximas elecciones pongan fin al gobierno de Pedro Sánchez y de su partido, dando paso a uno de derecha. Si todo esto ocurriera, estaríamos ante un cambio político de enorme trascendencia para el mundo iberoamericano.
Por primera vez, España y América Latina podrían encontrarse bajo una orientación política predominantemente distinta de la que ha caracterizado a buena parte de sus gobiernos durante los últimos años. La esperanza sería que ese cambio permitiera dejar atrás políticas que, a juicio de sus críticos, han frenado el desarrollo, y abrir una etapa de crecimiento económico sostenido.
Además, la nueva situación podría favorecer una solidaridad más profunda entre estos países, en la que todos estuvieran dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitaran.
Si este fenómeno llegara a consolidarse, América podría, por fin, transformar el continente de las oportunidades en un continente de crecimiento acelerado. Dejaríamos de hablar permanentemente de nuestras posibilidades futuras para comenzar a hablar de resultados concretos.
Tal vez entonces sería posible emprender un análisis histórico serio del costo que han tenido para América Latina los gobiernos de izquierda. Al sumar las oportunidades perdidas, los capitales destruidos, la pobreza generada y los años de crecimiento desperdiciados, podríamos llegar a una cifra que nos espantaría.
Uno de los casos más evidentes es el de Argentina. El peronismo comenzó a gobernar un país que figuraba entre las naciones más prósperas del mundo y que contaba con enormes recursos naturales y humanos. Décadas de políticas económicas inconsistentes, desequilibrios fiscales y recurrentes crisis institucionales fueron erosionando esa prosperidad.
Durante los gobiernos kirchneristas, las controversias sobre el manejo de los recursos públicos y la situación económica profundizaron la división del país. La imagen de una riqueza que se dilapida mientras la población termina pagando las consecuencias resume, con toda su crudeza, el drama argentino.
Otro caso notable es el de Venezuela. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, una nación con inmensas riquezas petroleras comenzó un proceso de deterioro institucional y económico que se agravó con sus sucesores. El resultado ha sido una catástrofe humanitaria y migratoria: millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su patria, mientras el país ha perdido buena parte de su capacidad productiva y de su autonomía económica.
Quizás el caso más extremo sea Cuba. Después de décadas de comunismo, el país se encuentra sumido en una crisis económica y social que pone en duda su viabilidad sin ayuda externa. Una nación que alguna vez tuvo posibilidades de prosperidad se ha convertido en un ejemplo de las consecuencias que puede producir un sistema incapaz de generar riqueza, corregir sus errores y ofrecer oportunidades a sus habitantes.
¿Cuánto ha perdido Colombia como consecuencia de décadas de conflicto armado? La guerrilla y otras formas de violencia han asolado sus campos, desplazado a millones de personas y obstaculizado el desarrollo de extensas regiones. La cooperación con Estados Unidos, incluido el Plan Colombia, ha sido una parte importante de los esfuerzos para enfrentar ese problema. La experiencia colombiana demuestra cuánto puede costar, en vidas, recursos y oportunidades, una inestabilidad prolongada.
Y algo semejante, aunque con características distintas, puede observarse en otros países latinoamericanos, donde la polarización política, la inseguridad jurídica y la inestabilidad de las políticas públicas han dificultado la inversión y el progreso. En Chile, las controversias en torno a las reformas impulsadas por gobiernos de izquierda han mostrado hasta qué punto los cambios políticos pueden abrir disputas sobre el rumbo económico e institucional del país.
Si pudiéramos sumar los perjuicios acumulados durante décadas de malas decisiones, conflictos e inestabilidad, tal vez descubriríamos que América Latina habría dispuesto de recursos suficientes para acercarse mucho más a los niveles de prosperidad de sus vecinos del norte.
Pero el daño no ha sido solamente económico. Otro de sus efectos, de incalculables consecuencias, ha sido nuestra incapacidad para entendernos como países hermanos. Siempre parece haber algún gobierno más interesado en organizar una alianza ideológica que en construir una verdadera comunidad de naciones. Las diferencias políticas terminan imponiéndose sobre los intereses permanentes de nuestros pueblos y debilitan cualquier proyecto de integración.
El escudo de Estados Unidos lleva el lema latino E pluribus unum: «De muchos, uno». Es una expresión de la voluntad de construir una nación a partir de entidades diferentes, unidas por principios e instituciones compartidos.
América Latina podría aprender de esa experiencia. Si nuestros países lograran superar sus divisiones ideológicas y coincidieran en la defensa de la democracia, la libertad, el desarrollo y la responsabilidad fiscal, se abriría la posibilidad de una hermandad genuina. Los países más prósperos podrían ayudar a los más necesitados, y la cooperación podría reemplazar a la confrontación como principio rector de nuestras relaciones.
En ese escenario, cada nación tendría la oportunidad de mostrar lo mejor de sí misma y compartir sus avances en beneficio de sus habitantes. Entiendo aquí la palabra popular en su sentido más amplio: aquello que pertenece al pueblo, desde los sectores más acomodados hasta los más modestos. El verdadero objetivo de un gobierno debería ser que todos sus ciudadanos pudieran vivir en sociedades cada vez más prósperas, cohesionadas y satisfechas con su progreso.
Algún día, quizá muy lejano, podremos hablar de unos Estados Unidos de América del Sur. No bastará para ello con que nuestros gobiernos compartan una orientación política. Será necesario construir instituciones supranacionales sólidas, reglas comunes y mecanismos de cooperación que permitan resolver nuestras diferencias y defender nuestros intereses compartidos.
Solo entonces podremos hacer realidad, en nuestra propia región, el ideal expresado por aquellas antiguas palabras: E pluribus unum. De muchos, uno.
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