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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por senadores de oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza, debido a que fue interpuesto después de la promulgación de la ley, siendo considerado extemporáneo. En su resolución, se destaca que el requerimiento se presentó fuera de los límites temporales establecidos por la Constitución y la ley, por lo que no procede su revisión.

El Tribunal Constitucional confirmó este jueves la inadmisibilidad del recurso presentado por los senadores de oposición por el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza.

Debido a que la iniciativa ya fue promulgada, el recurso presentado el 9 de octubre de 2026 es extemporáneo, al haberse deducido con posterioridad al ingreso del decreto promulgatorio de la ley a la oficina de partes de la Contraloría General de la República.

“El requerimiento fue formulado fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia. La circunstancia de haberse deducido dentro del quinto día del despacho del proyecto no altera esta conclusión, pues ambos constituyen límites temporales independientes, esto es, la observancia del tope máximo del quinto día no habilita a requerir una vez efectuada la promulgación, desde que esta cierra por sí sola la oportunidad, aunque aquel plazo no se encuentre vencido”, se lee en la resolución.

A su vez, se detalla que el tribunal se encuentra habilitado para conocer de un requerimiento de inconstitucionalidad en la medida en que sea deducido dentro de la oportunidad establecida directamente en la Constitución. “Conocer de un requerimiento formulado con posterioridad a dicha oportunidad importaría arrogarse una competencia que la Carta Fundamental no confiere, en infracción de sus artículos 6° y 7°, que obligan a todos los órganos del Estado a actuar dentro del marco de sus atribuciones”.

Es preciso indicar que los parlamentarios buscaban declarar inconstitucionales ciertos pasajes referidos a la seguridad militar/nacional y al Código de Justicia Militar dentro de la nueva Ley de Uso de la Fuerza.