Una mujer obtuvo un fallo favorable en la primera demanda civil presentada en Chile contra un médico por impedirle acceder a un aborto bajo una de las tres causales contempladas por la ley.
El tribunal ordenó una indemnización de $100.275.000 por el incumplimiento de las obligaciones médicas y la obstrucción del procedimiento.
Según informó EFE, la abogada Francisca Millán, del estudio AML Defensa de Mujeres, calificó la resolución como un “triunfo judicial” y destacó que establece un precedente sobre las obligaciones de los profesionales de la salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
El fallo, emitido por un juzgado civil de Santiago, determinó que el Dr. Eduardo Carstens incumplió el contrato de prestaciones médicas al no ajustarse a los estándares de atención y protección de derechos de la paciente.
Además, el tribunal estableció que existió una “obstrucción ilegal” al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, junto con incumplimientos de protocolos y la entrega de información que calificó como errónea y tergiversada.
El caso
La demandante, Catalina Pizarro, acudió en 2018 a la Clínica Tabancura tras conocer que su embarazo presentaba graves complicaciones. A las 12 semanas de gestación, los médicos detectaron un higroma cervical bilateral y posteriormente hidrops, condición que hacía prever la muerte del feto durante el embarazo.
Pizarro solicitó acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por la causal de inviabilidad fetal, pero el procedimiento no se realizó. El embarazo continuó hasta la semana 20, cuando se produjo la muerte del feto y la mujer debió ser sometida a una cesárea de emergencia.
Según indicó la abogada, el médico habría señalado que estaba tomando la decisión para evitarle a la paciente enfrentar una situación que consideraba demasiado difícil.
La demanda fue presentada en 2020 y el proceso se extendió por la pandemia de Covid-19, una mediación obligatoria sin acuerdo y otras diligencias judiciales. Tanto el médico como la clínica negaron que se hubiera solicitado el aborto, pero el tribunal consideró acreditados los antecedentes presentados por la mujer.
La sentencia puede ser apelada.
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