87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil, apenas 83 funcionarios para todo Chile y hasta 28 días de tramitación antes de solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario. Las cifras fueron puestas sobre la mesa por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y rápidamente se tomaron el debate del proyecto de Inteligencia Económica.
La Comisión Mixta que tramita la iniciativa recibió al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que llegó con números que dimensionan la carga que enfrenta actualmente y, sobre todo, la que podría asumir si el proyecto termina convirtiéndose en ley.
Marcelo Contreras, director subrogante de la UAF, reveló que solo durante 2025 el organismo recibió un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por cada jornada hábil.
Pero hubo otra cifra que concentró buena parte de la discusión: 28 días.
Ese es el tiempo promedio que, según explicó Contreras, puede transcurrir desde que la UAF recibe una alerta hasta que está en condiciones de solicitar judicialmente acceso a información protegida por secreto bancario.
Un plazo que el organismo busca reducir, especialmente porque su tarea podría crecer de manera considerable.
De perseguir lavado a seguir al crimen organizado
Actualmente, uno de los principales focos de la UAF es detectar operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos. El proyecto de Inteligencia Económica busca ampliar ese radio y utilizar las herramientas financieras también para seguir el dinero del crimen organizado.
“El objeto de la UAF ya no solo va a ser prevenir la utilización del sistema financiero para el lavado, sino también para el crimen organizado. Esto irradia, evidentemente, a todos los sujetos obligados, quienes deberán reportar operaciones sospechosas”, explicó Contreras.
La lógica detrás de la iniciativa es seguir la ruta del dinero. Pero para hacerlo, la velocidad aparece como un factor clave. Y es precisamente ahí donde Hacienda reconoce que existe un problema.
El subsecretario de la cartera, Sebastián Vallebona, detalló ante la comisión que, de los 28 días que puede tardar el procedimiento, solo dos corresponden a la etapa judicial.
Es decir, según el Ejecutivo, el principal atasco ocurre antes de llegar al juez.
“Hay un proceso que es largo, que dura 28 días, y dentro de esos 28 días solo dos días son los que son en etapa judicial. Esa agilización tiene que ser en la etapa administrativa”, enfatizó.
El planteamiento busca llevar parte de la discusión hacia los procedimientos internos que debe completar la UAF antes de solicitar el levantamiento del secreto bancario, uno de los puntos sensibles que ha marcado la tramitación de la iniciativa.
La disputa política
La exposición también reactivó las diferencias entre oficialismo y oposición sobre cómo debe funcionar el acceso a información bancaria.
El senador del Partido Comunista Daniel Núñez apuntó directamente a la derecha y sostuvo que seguir los flujos financieros de organizaciones criminales puede obligar a levantar el secreto bancario varias veces y respecto de distintas personas.
“Dijo cosas que siempre la derecha se niega a reconocer. Cuando se hace este seguimiento de los flujos del dinero, hay que levantar varias veces el secreto bancario a distintas personas, y cada una de esas veces es un acto discreto de levantamiento de secreto bancario que en materia judicial demora”, criticó.
A la discusión sobre los plazos se suma otro problema: quién hará todo ese trabajo.
La UAF cuenta actualmente con 83 funcionarios en todo Chile. Una dotación que ya debe procesar decenas de reportes diarios y que podría enfrentar una carga mayor si sus atribuciones se amplían al seguimiento financiero del crimen organizado.
Por eso, durante la tramitación también asoma la discusión por los recursos. La nueva tarea podría obligar a reforzar la planta del organismo para responder al volumen de información que deberá analizar.
Así, detrás del debate político sobre el secreto bancario comienza a instalarse una discusión mucho más concreta: cómo seguir más rápido el dinero del crimen organizado sin que las investigaciones queden atrapadas en trámites administrativos y si la UAF tiene actualmente los funcionarios suficientes para hacerlo.
La Comisión Mixta continuará con su ronda de audiencias hasta octubre. Después vendrá la votación en particular, donde los parlamentarios deberán resolver los cambios al procedimiento y los recursos que tendrá una UAF que, si el proyecto avanza, pasará a ocupar un papel todavía más relevante en la persecución financiera del crimen organizado.
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