El mapa que falta en la seguridad pública

La política criminal chilena mantiene un punto ciego: sabemos cuántas personas ingresan al sistema penitenciario y cuántas recuperan su libertad, pero aún aprovechamos insuficientemente esa información para anticipar lo que ocurrirá en los territorios a los que regresan.

La atención debe concentrarse, especialmente, en quienes egresan de establecimientos penitenciarios cerrados. Son personas respecto de las cuales un tribunal, considerando el delito, sus circunstancias y antecedentes, descartó una pena sustitutiva e impuso una privación de libertad de cumplimiento efectivo. Durante ese periodo, la condena restringió su libertad y contuvo el riesgo para las víctimas y la sociedad.

Cumplida la pena, la restricción termina; no necesariamente desaparecen los factores que incidieron en la trayectoria delictiva ni queda asegurada una reinserción efectiva. El egreso, por tanto, no puede reducirse a un trámite administrativo. Es una etapa decisiva para prevenir la reincidencia, apoyar la reinserción y proteger a las comunidades.

Gendarmería dispone de antecedentes relevantes sobre quienes han pasado por el sistema: fechas de ingreso y egreso, reincidencia, participación en programas, vínculos familiares, necesidades de intervención y residencia. Sin embargo, mientras esos datos no sean analizados y contrastados con evidencia territorial, seguirán siendo registros administrativos en lugar de conocimiento útil para decidir.

Parte de esta información se estructura mediante instrumentos que responden a preguntas distintas y complementarias. La ficha de clasificación basada en el compromiso delictual describe el grado de habitualidad en el delito a partir de variables sociocriminógenas y contribuye a la clasificación inicial y a la segmentación penitenciaria.

El Índice de Riesgo Carcelario estima la probabilidad de que una persona vulnere la seguridad penitenciaria o sea víctima de vulneraciones, mientras que el Índice de Adaptabilidad Carcelaria evalúa su conducta y ajuste al régimen interno. Ambos permiten actualizar la segmentación. No miden reincidencia: apoyan la seguridad y la gestión del establecimiento.

A su vez, el Inventario para la Gestión de Caso e Intervención, IGI, estima el riesgo de reincidencia, identifica necesidades de intervención y factores protectores, y orienta el Plan de Intervención Individual. Examina, entre otros aspectos, la historia delictual, la educación y el empleo, las relaciones familiares, los pares, el consumo de sustancias, las actitudes procriminales y los patrones antisociales. Es un instrumento de gestión de casos, no un test psicológico.

En conjunto, estas herramientas permiten distinguir tres dimensiones que no deben confundirse: compromiso delictual, riesgo de reincidencia y riesgo intrapenitenciario. Su mayor valor preventivo radica en evitar respuestas uniformes frente a perfiles diferentes. Al complementarlas con información territorial, es posible orientar programas de reinserción para quienes presentan menor riesgo, intensificar la intervención en casos complejos y diseñar planes de contingencia cuando existan antecedentes objetivos de continuidad delictiva o vínculos con organizaciones criminales.

Existe hoy una oportunidad concreta para desarrollar esta capacidad. La Ley N.º 19.628 no establece una prohibición absoluta de comunicar antecedentes sobre condenas cumplidas: sus artículos 20 y 21 permiten entregarlos a otro organismo público dentro del ámbito de sus competencias y bajo deber de reserva. El desafío es incorporar expresamente a Gendarmería en un sistema regulado de intercambio de información penitenciaria con los municipios.

La Ley N.º 21.802 avanzó al regular el intercambio municipal de información con las policías y el Ministerio Público. A ello se suma que Carabineros entrega cada año a los municipios entre 75 mil y 80 mil identificaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados a infracciones de ley o situaciones de vulnerabilidad, con el fin de activar respuestas de protección. Esta experiencia demuestra que resguardar los datos es compatible con intervenir oportunamente.

El paso siguiente es integrar a Gendarmería mediante una plataforma segura, trazable y sometida a controles. En prevención, permitiría anticipar necesidades territoriales; en control, preparar respuestas frente al egreso de personas de alto riesgo o vinculadas al crimen organizado; y en reinserción, activar oportunamente apoyos sociales, laborales y familiares. El acceso debería limitarse a la información estrictamente necesaria, con finalidades definidas, auditoría y responsabilidades claras, sin estigmatizar a personas ni territorios. Proteger los datos no significa inmovilizarlos, sino utilizarlos legítimamente al servicio de la reinserción y la seguridad.

El verdadero punto de inflexión consiste en convertir los datos penitenciarios en inteligencia territorial. Ello permitiría estudiar la relación entre determinadas condiciones espaciales, la reincidencia y las dinámicas que favorecen el delito, así como sus coincidencias con la deserción escolar, la violencia persistente y la presencia de liderazgos asociados al narcotráfico o al crimen organizado.

Esta capacidad adquiere especial relevancia cuando la acción municipal afecta economías ilegales. Recuperar espacios públicos, clausurar comercios utilizados como fachada o interrumpir circuitos ilícitos puede desencadenar amenazas. Comprender las dinámicas criminales ayuda a formular hipótesis, reconocer conexiones e identificar actores relevantes. No sustituye la investigación penal ni autoriza imputaciones sin evidencia, pero fortalece la prevención, la protección de las autoridades locales y la coordinación institucional.

El crimen organizado no se instala únicamente mediante armas, drogas o dinero. También distribuye beneficios, impone reglas, intimida a dirigentes y ocupa los espacios que el Estado abandona, hasta capturar relaciones comunitarias y erosionar la autoridad institucional. Cuando la respuesta pública comienza solo después del delito, suele llegar tarde frente a un poder que se consolidó durante años.

Chile necesita conectar la información penitenciaria con antecedentes educativos, sociales, urbanos y delictuales, dentro de un marco jurídico y ético estricto. Esto requiere conducción central, estándares comunes, capacidades analíticas y colaboración permanente con los gobiernos locales. Los municipios conocen el territorio y detectan tempranamente sus cambios, pero no pueden enfrentar solos fenómenos cuyo poder y complejidad exceden sus atribuciones.

Para el Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades, el desafío no consiste en producir más datos, sino en convertir los ya disponibles en información útil, contrastarla con evidencia y generar conocimiento para decidir. Ese es el mapa que falta en la seguridad pública.

Una política criminal más eficiente no puede agotarse en operativos, controles o respuestas tácticas frente a la urgencia. Necesita una visión estratégica de largo plazo que conecte prevención, control y reinserción; anticipe escenarios; coordine capacidades estatales y territoriales; y evalúe sus resultados.

Sin esa mirada, el Estado seguirá reaccionando de manera fragmentada. Con ella, podrá adelantarse al delito, focalizar recursos, reducir la reincidencia y recuperar los territorios en los que el crimen organizado intenta sustituirlo. La seguridad que Chile demanda no se construirá administrando contingencias, sino sosteniendo una estrategia de Estado capaz de anticiparlas y transformarlas.