Si quienes combaten la delincuencia se transforman en lo que persiguen...no hay reforma que sirva

La seguridad pública depende de muchas cosas, pero hay una condición básica que no se debe perder de vista: quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes deben actuar bajo los más altos estándares de probidad, porque, como dice el proverbio, “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo”. Solo así pueden contar con la confianza de la ciudadanía.

Por este motivo convoqué a una sesión especial de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, que presido, para abordar los casos que durante el último tiempo han involucrado a fiscales, exfiscales y funcionarios de la Policía de Investigaciones. A la sesión asistieron el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y la fiscal nacional subrogante, Carmen Gloria Wittwer.

Estamos hablando de una suma de hechos. El caso del exfiscal Vinko Fodich, investigado por secuestro extorsivo, también involucra a funcionarios de la PDI. Están además los casos de los exdirectores de la policía civil, Sergio Muñoz y Héctor Espinosa, ambos condenados en causas distintas; el del exfiscal Manuel Guerra, formalizado en una de las aristas del caso Hermosilla; el del exfiscal regional de Tarapacá, Claudio Roe; y el del destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, investigado en una causa por una presunta red de corrupción judicial. Son situaciones distintas y con diversos resultados procesales, pero obligan a preguntarnos si los controles que tenemos son suficientes para resguardar instituciones esenciales para la seguridad del país.

Esta acumulación de casos nos obliga a mirar más allá de cada investigación. En el libro Reforma a la reforma: análisis y propuestas para una justicia penal en crisis, publicado por Ediciones UC, distintos especialistas plantean precisamente que uno de los problemas del sistema está en cómo equilibramos autonomía, discrecionalidad, transparencia y control.

Hay propuestas que merecen ser discutidas. Entre ellas, establecer estándares públicos y mecanismos de control para decisiones tan relevantes como el archivo provisional y la decisión de no perseverar, revisar los mecanismos de nombramiento de fiscales regionales y fortalecer la carrera funcionaria. También se plantea revisar las incompatibilidades de quienes dejan el Ministerio Público, para evitar que decisiones adoptadas al final de su ejercicio puedan estar relacionadas con futuros empleos en el sector privado.

Hay otra propuesta que me parece interesante para el debate: separar a los fiscales que conducen una investigación de quienes finalmente deciden si existen antecedentes suficientes para acusar o corresponde cerrar la causa. La finalidad es introducir una segunda mirada, con mayor distancia respecto de la hipótesis desarrollada durante la investigación. A ello se suma la necesidad de mejorar la coordinación entre fiscalías, policías y demás organismos que participan en la persecución penal.

También debemos mejorar los controles policiales. El propio director general de la PDI planteó en la Comisión la necesidad de avanzar en una modificación legal para que todos sus funcionarios realicen declaraciones de intereses y patrimonio. Me parece razonable. La transparencia patrimonial permite detectar incrementos injustificados y protege también a los miles de funcionarios honestos que cumplen correctamente su deber.

Nada de esto significa debilitar al Ministerio Público ni a la PDI. Todo lo contrario. Chile necesita instituciones fuertes para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, pero fortaleza institucional no significa ausencia de control. La autonomía es necesaria, pero tiene que ir acompañada de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos que permitan detectar y corregir oportunamente las irregularidades.

Cuando un fiscal o un policía cruza la línea y utiliza información reservada, su cargo o las herramientas del Estado para cometer delitos, el daño es doble: existe un delito que debe investigarse y, al mismo tiempo, se deteriora la confianza en las instituciones encargadas de perseguirlo.

Creo que es muy importante fiscalizar a quienes están a cargo de darnos protección y seguridad, junto con investigar los delitos. Estos casos de corrupción son varios, son preocupantes, pero hay que ser vigilantes para que no sigan ocurriendo.