Con dardos al Partido de la Gente y a la izquierda, diputados oficialistas reaccionaron al rechazo por un voto de la reforma para expulsar migrantes.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un solo voto la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Entre los factores que incidieron estuvo la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert. Ambos están en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast.
El proyecto buscaba modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión administrativa, estableciendo un plazo de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos ocasiones, lo que podía llevar a una privación de libertad de hasta 180 días en determinados casos.
Duras críticas del oficialismo a la oposición
Pese a la evidente descoordinación del Ejecutivo, surgieron inmediatamente cuestionamientos a la oposición. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el trabajo del gobierno en la Cámara, asegurando que se hace de forma “rigurosa y minuciosa”; no obstante, “cuando llega el momento de votar hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto y, frente a eso, es muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos”.
Esto porque del Gobierno se habría confiado en un acuerdo con el Partido de la Gente.
Pese a este nuevo revés, Rabat dijo que “vamos a seguir trabajando para en el futuro poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra el crimen organizado y la delincuencia”.
Más duro fue el diputado Diego Schalper (RN), quien afirmó que lo ocurrido es “gravísimo porque este proyecto de ley resolvía dos temas que son esenciales: El primero de ellos extendía la posibilidad de las detenciones administrativas en casos de expulsiones para migrantes irregulares; y lo segundo, resolvía la posibilidad de mantener detenida a una persona con orden de alerta roja en la Interpol por hasta 10 días”.
En ese contexto, acusó “inconsecuencia e incoherencia” de los partidos de izquierda que “en la comisión votaron favorablemente este proyecto luego de un acuerdo de escuchar a los expertos y finalmente votan en contra en sala”.
Luego apuntó sus dardos directamente al Partido de la Gente: “Declara para afuera estar a favor de la seguridad de Chile y, finalmente, terminan votando algunos de sus parlamentarios en contra de este proyecto que, insisto, es urgente para resolver problemas prácticos en materia de expulsiones administrativas y también de extradiciones”.
El parlamentario reconoció que no contaban con dos cosas y era que la oposición votara en la comisión a favor y luego en la sala en contra y que el Partido de la Gente “haya tenido una posición adversa a aquel proyecto que busca fortalecer el trabajo en el combate de la inmigración ilegal”.
Por su parte, el diputado Cristian Araya (Partido Republicano) dijo que “hay que hacer frente a aquellos que se opusieron y durante un año le negaron a Chile la posibilidad de enfrentar la crisis migratoria. Aquí durante un año nos amarraron de manos a nivel legislativo para poder avanzar en una norma que era absolutamente necesaria”.
Desde su perspectiva, los que tienen que responder tras este rechazo a la reforma “son los izquierdistas que votaron en contra y que después, cuando van a pedirle el voto a la gente, hablan en contra de la inmigración ilegal, pero son los primeros en avalarla”.
Si bien dijo que se puede mejorar el trabajo legislativo de la Segpres, indicó que “los votantes deberán exigirles cuentas” a los que votaron a favor y deberán explicar “por qué estuvieron dispuestos a respaldar la inmigración ilegal”.
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