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Más de cinco décadas después de figurar como detenida desaparecida, el caso de Bernarda Vera comienza a cerrarse institucionalmente. Una resolución publicada en el Diario Oficial ordenó eliminarla del registro oficial, luego que la justicia estableciera que está viva en Argentina y que no fue secuestrada ni murió producto del ataque de terceros.
Más de cinco décadas después de que Bernarda Vera Contardo fuera considerada víctima de desaparición forzada durante la dictadura, su caso llegó a un punto definitivo. La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó eliminarla del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una sentencia judicial firme estableciera que se encuentra con vida en Argentina.
La resolución, publicada este jueves 10 de septiembre en el Diario Oficial, no solo materializa su salida del registro. El documento también revela parte de lo establecido por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre en la investigación que permanecía bajo secreto: Bernarda Vera está viva, no fue secuestrada y tampoco falleció producto del ataque de terceros.
De esta manera, se cierra definitivamente su condición jurídica de persona ausente por desaparición forzada, después de más de 50 años de incertidumbre sobre su destino.
La resolución que cierra el caso Bernarda Vera
Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y militante del MIR, figuró durante décadas entre las víctimas de desaparición forzada reconocidas por el Estado.
En mayo pasado incluso había sido incorporada al nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, creado por la Ley 21.775. Su inscripción se realizó en calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión Rettig.
Sin embargo, las investigaciones periodísticas que apuntaban a que Vera había sobrevivido y se encontraba en Argentina dieron paso a diligencias judiciales encabezadas por el ministro Álvaro Mesa.
El pasado 27 de julio, el magistrado comunicó a la familia el resultado de una pericia genética realizada por el Servicio Médico Legal, que comparó el perfil genético de la mujer localizada en Argentina con muestras de sus familiares conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos.
El resultado estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.
Dos días después, el 29 de julio, el ministro Mesa dictó la resolución. En ella estableció tres puntos. Primero, que Bernarda Vera “se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina” y que “no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.
Segundo, estableció el vínculo entre Bernarda Vera y su hija. Y tercero, ordenó comunicar los antecedentes a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Trabajo y Previsión Social, además del Registro Civil, para que evalúen dentro de sus atribuciones los actos administrativos que correspondan respecto del beneficio otorgado a su hija.
El 20 de agosto, Mesa remitió a la Subsecretaría de Derechos Humanos la certificación de ejecutoria de aquella resolución.
Que, encontrándose judicialmente establecido, que doña Bernarda Rosalba Vera Contardo se encuentra con vida, no concurre a su respecto el supuesto de hecho previsto en el artículo 1º de la ley Nº21.775 para mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada.
Bernarda Vera es eliminada oficialmente del registro de desaparecidos
Ese último paso judicial permitió concretar ahora el cambio administrativo. La Subsecretaría de Derechos Humanos concluyó que, al estar judicialmente establecido que Bernarda Vera se encuentra con vida, ya no se cumple el requisito legal para mantenerla como persona ausente por desaparición forzada.
Por ello, ordenó cancelar su inscripción del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada y comunicar la decisión al Registro Civil para que materialice la eliminación. La resolución fue publicada este jueves en el Diario Oficial y también deberá incorporarse al Portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El desenlace contrasta con la historia que durante décadas se conoció sobre Vera. Profesora de educación básica y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, tenía 27 años cuando desapareció en octubre de 1973.
La versión que se consolidó posteriormente señalaba que había sido detenida y ejecutada junto a otros prisioneros en la zona del río Toltén. Su nombre terminó incorporado al Informe Rettig y durante más de medio siglo su familia desconoció su paradero.
Pero antecedentes conocidos posteriormente comenzaron a reconstruir otra historia: Vera habría logrado escapar, posteriormente salió de Chile y terminó viviendo en el extranjero.
En 2025, investigaciones periodísticas ubicaron en Argentina a una mujer que podía corresponder a Bernarda Vera. El hallazgo dio origen a nuevas diligencias y a la investigación reservada del ministro Mesa.
La última interrogante que faltaba despejar era su identidad. El ADN terminó resolviéndola y ahora la sentencia firme y la cancelación de su inscripción cierran institucionalmente el caso.
El debate que deja el caso
El cierre del caso, sin embargo, abrió una discusión que va mucho más allá de Bernarda Vera. Desde algunos sectores se han levantado cuestionamientos sobre las reparaciones entregadas por el Estado, eventuales responsabilidades de autoridades y el funcionamiento de las instituciones encargadas de determinar el destino de las víctimas.
Algunos pidieron la intervención del Consejo de Defensa del Estado para recuperar recursos entregados a la familia. El propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Estado puede perseguir la restitución de pagos que carezcan de una causa que los justifique.
Pero existe otra lectura del caso: que en lugar de demostrar el fracaso del Plan Nacional de Búsqueda, el hallazgo de Bernarda Vera demuestra precisamente la importancia de investigar hasta establecer el destino final de cada víctima.
Pascale Bonnefoy, periodista especializada en derechos humanos que integró el Plan Nacional de Búsqueda entre marzo de 2024 y enero de 2026, ha defendido esa tesis. “El caso de Bernarda Vera es un éxito del Plan Nacional de Búsqueda, porque efectivamente fue una búsqueda y con resultados de destino final”, sostuvo.
Bonnefoy también ha advertido contra extrapolar este episodio al universo completo de víctimas: “Aquí no hubo un engaño y es un caso muy excepcional”.
El caso particular de Bernarda Vera ya está llegando a su cierre, pero la historia de la desaparición forzada en Chile está lejos de hacerlo. Son más de mil personas calificadas cuyo destino todavía se desconoce, y cuyas familias continúan, más de cinco décadas después del golpe de Estado, buscando respuestas.
