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La confirmación de que Bernarda Vera estaba viva en Argentina abrió una disputa al interior del Ministerio de Justicia. Mientras el ministro Fernando Rabat atribuyó el caso a una demora de la administración anterior, la exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, respondió a BioBioChile que fue precisamente el Plan Nacional de Búsqueda el que permitió descubrir el error, relatando cómo se investigó y descartando que el episodio desacredite el trabajo realizado por el Estado.
La investigación por Bernarda Vera comenzó en marzo de 2024, apenas surgieron los primeros antecedentes. Desde entonces, el Programa de Derechos Humanos despachó oficios a distintas instituciones y, una vez recibidas las respuestas, remitió los antecedentes al ministro en visita Álvaro Mesa, quien ordenó las diligencias que culminaron con la confirmación por ADN.
Esa es la reconstrucción que hizo a BioBioChile la exjefa del programa, Paulina Zamorano, quien rechazó los cuestionamientos del ministro de Justicia, Fernando Rabat y negó que existieran retrasos.
“Hubo por lo menos 15 meses en que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente”, sostuvo el titular de Justicia, quien además anunció un sumario administrativo y aseguró que la nueva administración logró materializar en pocos meses diligencias que, según él, no avanzaron durante casi dos años.
Los dichos fueron rechazados por el exministro Jaime Gajardo, quien aseguró que los antecedentes fueron remitidos oportunamente al ministro en visita mediante diversos oficios enviados durante 2024 y 2025.
Ahora fue Paulina Zamorano —quien hasta marzo encabezó el Programa de Derechos Humanos— quien entregó una versión detallada de la investigación y refutó directamente los cuestionamientos del actual ministro.
Exjefa del Programa de DDHH cuenta cómo se investigó el caso Bernarda Vera
La exjefa del programa sostuvo que la investigación comenzó apenas surgieron antecedentes sobre el caso:
“La investigación por la desaparición de Bernarda Vera se inició en marzo del año 2024, despachándose de manera inmediata oficios a distintas instituciones con la finalidad de obtener más información respecto de este caso”.
Según explicó, el avance de la causa dependía de las respuestas de otros organismos y, posteriormente, de las diligencias ordenadas por el ministro en visita:
“Recién en mayo del año 2025 obtuvimos las primeras respuestas oficiales por parte de distintas instituciones, las cuales se remitieron de manera inmediata al ministro Álvaro Mesa. Posteriormente, en virtud de las investigaciones que llevó a cabo el ministro, se produjeron las diligencias relativas a la identificación de ADN”.
Por ello, rechazó la tesis de una demora administrativa:
“Nunca hubo retraso ni demoras en la investigación. Extraña que se afirme de manera tan solapada que fue una investigación demorada cuando justamente fue una investigación que se realizó de manera muy expedita y muy rápida”.
De acuerdo al relato de Zamorano, esta es la cronología del caso Bernarda Vera:
Marzo de 2024: El Programa de Derechos Humanos inicia una investigación para determinar el destino de Bernarda Vera, tras antecedentes surgidos en una indagatoria sobre un militante del MIR que integró el mismo grupo que ella en las semanas posteriores al golpe de Estado.
Entre marzo de 2024 y mayo de 2025: Se despachan oficios al Registro Civil, Policía Internacional, la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Representación Regional para el Sur de América Latina de ACNUR y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de recabar antecedentes sobre su paradero.
Mayo de 2025: La Cancillería responde al Programa de Derechos Humanos informando que una persona con el mismo nombre residía en Argentina. Los antecedentes son remitidos de inmediato al ministro en visita Álvaro Mesa para que disponga las diligencias judiciales correspondientes.
Posteriormente, el ministro en visita ordena una serie de diligencias investigativas, entre ellas la toma y comparación de muestras de ADN, las que finalmente permiten confirmar la identidad de Bernarda Vera.
Credibilidad del Plan Nacional de Búsqueda
Para Zamorano, el principal error del debate es presentar el caso Bernarda Vera como un fracaso del Plan Nacional de Búsqueda. A su juicio, ocurrió exactamente lo contrario: que el caso no desacredita la investigación, sino que es un resultado de ella.
“La duda surgió gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, desarrollado pese al silencio y la falta de colaboración de quienes cometieron y encubrieron estos crímenes”, sostuvo.
La exautoridad recordó que las investigaciones sobre desaparición forzada se desarrollan bajo condiciones especialmente complejas debido al ocultamiento sistemático de información durante décadas, “porque los responsables de estos crímenes nunca han colaborado con la justicia. El Estado ha tenido que reconstruir los hechos décadas después con información fragmentaria y archivos incompletos”.
En ese contexto, sostuvo que utilizar un caso excepcional para cuestionar el trabajo desarrollado durante décadas resulta equivocado e irresponsable, y que “no implica ni convierte al Informe Rettig en un informe poco confiable”.
En esa línea, lanzó una crítica directa al secretario de Estado:
“Resulta difícil comprender las declaraciones del ministro de Justicia, especialmente considerando su formación jurídica. Sus dichos son una manifestación del desconocimiento del Programa que depende justamente de su cartera”.
La abogada y especialista en DDHH Karina Fernández sostuvo que casos como el de Bernarda Vera no son ajenos a este tipo de procesos. Explicó que, tras regímenes represivos, algunas personas adoptaron decisiones para protegerse —como permanecer en la clandestinidad o romper vínculos familiares—, por lo que la aparición de nuevos antecedentes décadas después puede dar origen a procesos de revisión o recalificación.
Fernández añadió que el caso reabre un debate pendiente sobre las comisiones de verdad en Chile. A su juicio, los estándares internacionales recomiendan que estos mecanismos permanezcan abiertos para permitir procesos de recalificación cuando aparecen nuevos antecedentes, algo que —afirmó— el país ha desarrollado solo de manera parcial:
“Esta discusión debería enfrentarnos nuevamente a la importancia de que las comisiones de verdad sean abiertas, y no utilizar un caso excepcional para poner en duda las graves violaciones a los derechos humanos que vivió el país”, sostuvo.
Un nuevo capítulo en la disputa por el Programa de Derechos Humanos
La controversia por el caso Bernarda Vera, sin embargo, no ocurre en un vacío. Se suma a una serie de episodios que, desde el cambio de administración, han tensionado la conducción de las políticas de memoria y derechos humanos al interior del Ministerio de Justicia.
Primero fue el despido de las principales jefaturas del Programa de Derechos Humanos —incluida la propia Paulina Zamorano—, decisión que las exautoridades denunciaron como un golpe a la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda.
Luego vino la filtración de un correo interno que daba cuenta de una instrucción para no apelar ni intervenir en determinadas causas por violaciones a los derechos humanos, lo que abrió cuestionamientos sobre un eventual cambio de criterio en la conducción del programa.
A ello se sumó la eliminación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), creada en febrero de este año para cumplir una de las principales recomendaciones de la mesa interinstitucional conformada por el propio Estado para abordar las adopciones irregulares ocurridas durante décadas en Chile.
En ese escenario, el debate por el caso Bernarda Vera aparece como un nuevo capítulo de una discusión más amplia sobre el rumbo que ha tomado la política estatal en materias de memoria, verdad y derechos humanos bajo la actual administración.
