Una nueva observación de la Contraloría General de la República puso el foco en la gestión de la campaña de vacunación contra la influenza de 2024. El organismo fiscalizador detectó que 762.326 dosis adquiridas por el Ministerio de Salud vencieron en dependencias del operador logístico sin llegar a ser distribuidas a los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI), generando un perjuicio observado de más de 3 mil millones de pesos ($3.640.544.800).
Las vacunas correspondían a compras realizadas a Sinovac Biotech Co. Ltda. y Sanofi Pasteur S.A., en el marco de las adquisiciones adicionales efectuadas durante la campaña. Según el informe, la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todos los medios posibles para gestionar su redistribución o realizar ajustes operativos oportunos que permitieran que las dosis fueran utilizadas por la población.
Por esta situación, la Contraloría anunció que deducirá el correspondiente reparo por los $3.640 millones, al considerar que la falta de distribución de las vacunas antes de su vencimiento no se condice con los principios de control y eficiencia en la administración de los recursos públicos.
Una merma de casi 1,2 millones de dosis
El informe establece que, en total, la campaña de influenza 2024 registró una merma de 1.196.648 dosis. De ellas, 951.746 permanecieron almacenadas en dependencias del operador logístico, mientras que otras 244.902 se encontraban en los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas a nivel nacional.
La cifra representa un 12,46% de las 9.601.656 dosis disponibles para la campaña, descontadas las contramuestras requeridas por el Instituto de Salud Pública. En paralelo, de las 9.603.962 dosis adjudicadas mediante los distintos procesos de compra, fueron efectivamente distribuidas 8.839.330.
La adquisición original contemplaba 7,7 millones de dosis, pero durante 2024 el Minsal solicitó compras adicionales ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias. Finalmente, Cenabast adjudicó 9.603.962 dosis, por un monto total de $22.662 millones.
Contraloría además constató que las 762.326 dosis que terminaron vencidas sin distribución correspondían a distintos lotes de Sinovac y Sanofi, con fechas de caducidad entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.
Cobertura bajo la meta y registros con RUN de fallecidos
El organismo también cuestionó el cumplimiento de la meta fijada para la campaña. El Minsal había establecido como objetivo alcanzar una cobertura de 85% de la población objetivo, pero tres grupos quedaron considerablemente por debajo de ese umbral.
Las personas de 60 años y más alcanzaron un 66% de cobertura, mientras que las gestantes llegaron al 72%. En tanto, la denominada estrategia capullo —dirigida a familiares de lactantes prematuros y de lactantes inmunosuprimidos menores de seis meses— llegó apenas al 64%.
La situación también se replicó a nivel territorial. Arica y Parinacota alcanzó un 79%, mientras que Coquimbo y Magallanes y de la Antártica Chilena llegaron al 83%, todos porcentajes inferiores a la meta nacional de 85%. Contraloría sostuvo que la Subsecretaría no acreditó acciones efectivas de coordinación con las regiones que se encontraban bajo el objetivo ni nuevas estrategias para cerrar esas brechas.
Otro de los hallazgos involucró al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI). Contraloría detectó 208 registros de inoculaciones cuya fecha era posterior a la fecha de fallecimiento de las personas asociadas al registro, con diferencias que llegaron hasta 61 años.
De esos casos, en 58 coincidían tanto el nombre como el RUN con los datos del certificado de defunción. En los otros 150 casos solamente coincidía el RUN. Una revisión posterior permitió acreditar errores de digitación en parte de estos últimos registros.
Al respecto, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública acreditar y regularizar estos antecedentes en el RNI dentro de un plazo de 60 días hábiles. Para los 58 casos en que coincidían nombre y RUN, deberá acreditar documentalmente las fechas de fallecimiento cuando corresponda y corregir los errores detectados.
Subsecretaría asegura que ya trabaja en cambios
Desde el Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, señaló que la cartera tomó conocimiento del informe final y aseguró que adoptarán las medidas derivadas de las observaciones del organismo fiscalizador.
“Adoptaremos todas las medidas pertinentes derivadas del informe y seguiremos realizando los cambios necesarios para subsanar todas aquellas falencias detectadas por el órgano fiscalizador”, señaló en una declaración pública.
Pizarro sostuvo que varias de las situaciones observadas corresponden a materias que la actual administración comenzó a abordar tras asumir en marzo de 2026.
“Al inicio de nuestro gobierno realizamos un diagnóstico sobre la gestión de las vacunas y, a partir de sus resultados, elaboramos y empezamos a implementar un plan de merma mínima, que también contemple medidas para reforzar la trazabilidad de las vacunas”, sostuvo.
En ese sentido, apuntó también a las brechas existentes en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud, señalando que la ministra de Salud ya está priorizando su resolución.
Revisa el informe completo a continuación:
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