La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó el debate en torno a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado y aseguró que una de sus principales propuestas, la creación de un nuevo Estado de Excepción, no contaría con respaldo suficiente para avanzar en el Congreso.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, la senadora por Antofagasta explicó que los parlamentarios conocieron el primer borrador de la iniciativa hace cerca de tres semanas. Según relató, desde ese momento advirtieron dificultades para que la propuesta pudiera prosperar legislativamente.
“Nos dimos cuenta que el Estado de Excepción no iba a volar, no tenía posibilidad ni realismo legislativo“, sostuvo Núñez, quien señaló que posteriormente se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, además de los generales de Justicia de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de analizar alternativas y abordar las dificultades que presentaba el proyecto.
A juicio de la parlamentaria, precisamente este punto se transformó en uno de los principales obstáculos para sacar adelante la reforma. “Apenas lo conocimos supimos que eso no flotaba“, afirmó, agregando que durante esta semana el Senado buscará ordenar el debate político en torno a la iniciativa.
Núñez planteó que existe un respaldo transversal entre los senadores a la necesidad de adoptar nuevas herramientas contra el crimen organizado. Sin embargo, enfatizó que el Congreso debe optar por mecanismos que tengan posibilidades concretas de convertirse en ley.
“Somos los responsables de saber cuáles son los caminos más realistas y después hacernos cargo de las decisiones que tomamos, no podemos votar cualquier cosa”, señaló.
La presidenta del Senado también precisó que la discusión no se limita al eventual nuevo estado de excepción. Sino que, la reforma contempla cuatro ejes principales: incorporar en el artículo 1° de la Constitución que la seguridad pública constituye un deber del Estado; establecer un registro de personas vinculadas al crimen organizado; crear un régimen penitenciario diferenciado y, finalmente, establecer el nuevo Estado de Excepción.
Sobre el régimen penitenciario diferenciado, Núñez recordó que se trata de una propuesta que ya había sido promovida anteriormente en la Cámara de Diputados y que cuenta con respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos.
Núñez aborda investigaciones contra senadores
Durante la entrevista, la senadora también fue consultada por las investigaciones judiciales que involucran a integrantes de la Cámara Alta.
El pasado 20 de agosto, la Policía de Investigaciones realizó diligencias y allanamientos en las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Indep.), en el marco de una investigación por presuntas coimas relacionadas con procesos de licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
A ellos se suman otros parlamentarios que han sido vinculados o mencionados en distintas investigaciones penales: Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Loreto Carvajal, Matías Walker y Karol Cariola.
Frente a este escenario, Núñez descartó que el Senado deba adoptar una postura corporativa para proteger a sus integrantes y sostuvo que la prioridad debe ser resguardar las instituciones.
“Más que preocuparse, hay que actuar defendiendo la institucionalidad, sin ninguna defensa corporativa. No está el país para eso“, afirmó.
En esa línea, adelantó que la Comisión de Ética del Senado anunciará próximamente nuevas sanciones y medidas. Además, destacó el trabajo realizado junto al Consejo para la Transparencia para elevar los estándares de transparencia dentro de la Cámara Alta.
La senadora también sostuvo que, si la justicia determina que corresponde investigar a algún integrante del Senado, el procedimiento debe aplicarse sin distinciones. “Si el Poder Judicial considera que hay senadores que se deben investigar, lógicamente que somos todos iguales ante la ley y así se tiene que hacer”, manifestó.
Un Senado con menos integrantes si hay desafueros
Otro de los puntos abordados fue qué ocurriría con la composición del Senado si alguno de los parlamentarios investigados termina siendo desaforado.
Núñez reconoció que un eventual escenario de este tipo podría generar dificultades, ya que actualmente no existe un mecanismo de reemplazo inmediato para un senador desaforado. “Un senador desaforado es un senador menos en el Senado, pero no opera el reemplazo hasta que esté condenado“, explicó.
Por ello, planteó que eventualmente la Cámara Alta podría pasar de sus actuales 50 integrantes a 49 o incluso 48, dependiendo de cuántos parlamentarios quedaran en esa situación.
La senadora advirtió que una disminución en el número de integrantes podría tener efectos sobre las mayorías necesarias para aprobar determinadas iniciativas y sobre los quórums requeridos para legislar.
Finalmente, Núñez hizo un llamado al sistema judicial para que las investigaciones que involucren a parlamentarios avancen con celeridad y tengan una pronta resolución, ya sea mediante una condena o una absolución.
“Mi único llamado a la justicia es que si se va a investigar, ojalá que se resuelva, ya sea que se condene o se absuelva, lo más pronto posible”, concluyó.
Enviando corrección, espere un momento...
