La emergencia dejó de ser la excepción: en catástrofes o crisis ¿qué respuesta damos a la niñez?

Este invierno el Estado volvió a decretar estado de catástrofe, a suspender clases en regiones completas y a habilitar albergues, muchos de ellos en escuelas. Los balances se entregaron a diario, con rigor. Pero en ninguno supimos cuántas de las personas damnificadas, albergadas o aisladas eran niños, niñas y adolescentes. Ese vacío revela que en la gestión de emergencias la niñez sigue entrando como un supuesto y no como una categoría de decisión.

Conviene además dejar de mirar estos episodios como interrupciones de la normalidad. El Índice Comunal de Factores Subyacentes de Riesgo de SENAPRED muestra que en 2025 había 287 comunas, el 83% del país, con riesgo moderado o alto para la actuación ante emergencias. En ellas viven 2.877.409 niños, niñas y adolescentes. La mayor parte de la infancia chilena habita territorios donde la emergencia es permanente. El Índice de Riesgo Climático de la Infancia de UNICEF, además, sitúa a Chile en 5,8 puntos de un máximo de 10, bastante por encima del promedio mundial de 4,2.

Tampoco se trata de un riesgo repartido de manera pareja. En las inundaciones, el 32% de los hogares afectados pertenece al primer quintil socioeconómico y solo el 8% al quinto. En los incendios urbanos la brecha es aún más brutal: 46% en el primer quintil y ningún hogar afectado en el más rico. Y en los incendios de enero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, cerca del 40% de las personas damnificadas registradas por la Ficha Básica de Emergencia eran niños, niñas o adolescentes.

En 2024 conversamos con estudiantes de octavo básico de Coltauco e Iloca, golpeados por las inundaciones del año anterior. Para casi todos fue la primera vez que alguna institución del Estado se acercó a preguntarles su opinión. Pidieron cosas modestas: que limpiaran los canales, que arreglaran el río, que les explicaran qué estaba pasando. Una estudiante de Iloca pidió además que se quedaran más tiempo, «no solo una o dos semanas», y que se preocuparan de la estabilidad emocional de los niños. Para el Estado la emergencia dura semanas. Para un niño puede durar años.

A pesar de los avances, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres muestra brechas. Los protocolos referidos a niñez se ciñen sobre todo al Plan Integral de Seguridad Escolar, con lo que quedan fuera albergues, asentamientos precarios y espacios comunitarios. Los planes comunales de las zonas incendiadas en 2024 no mencionan los requerimientos de niños, niñas y adolescentes ni incorporan a las Oficinas Locales de la Niñez. La Ficha Básica de Emergencia tampoco permite dimensionar a tiempo su afectación. Corregir esto no cuesta grandes sumas: es diseño institucional, y el Manual de la Subsecretaría de la Niñez y UNICEF, revisado por SENAPRED, ya entrega la hoja de ruta.

Ahora bien, hay una parte que sí requiere recursos. Este año el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sufrió recortes por más de 32 mil millones de pesos, y la Subsecretaría proporcionalmente más golpeada fue la de la Niñez. La Defensoría también vio reducido su presupuesto. A eso se suma la estrechez de los municipios, que suelen ser el primer rostro del Estado cuando el agua entra a las casas. El 30 de septiembre parte en el Congreso la discusión del Presupuesto 2027, con un crecimiento del gasto anunciado entre 0% y 1%.

No discuto el imperativo de sostenibilidad fiscal. Pero la Ley 21.430 dispone que en casos de crisis económicas o catástrofes naturales se priorizarán los recursos destinados a niños, niñas y adolescentes. Es una obligación vigente. El Comité de los Derechos del Niño recomendó a Chile en 2022 exactamente lo mismo: cuidar que las asignaciones presupuestarias dirigidas a la niñez no se vean afectadas por condiciones económicas adversas o situaciones de emergencia. Un ajuste que recorta de manera transversal, sin distinguir, incumple ese estándar, aunque nadie lo haya buscado.

Propongo al Gobierno y al Congreso cuatro definiciones para la próxima tramitación: una regla de no regresividad del gasto en niñez, con trazabilidad de cuánto se invierte y en qué; financiamiento y consolidación de las Oficinas Locales de la Niñez, con un protocolo de emergencias elaborado junto a SENAPRED; la incorporación de la niñez en la arquitectura de la respuesta, con módulo específico en la Ficha Básica de Emergencia, reportes desagregados por edad y estándares obligatorios para albergues; y un papel coordinador efectivo de la Subsecretaría de la Niñez.

Chile sabe responder. Lo que todavía no logra es anticipar y sostener en el tiempo aquello que le ocurre a la infancia.