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Ante la imposibilidad de generar consensos por la reforma constitucional de seguridad, el Gobierno activó el plan B: impulsará una agenda de proyectos de ley en el Congreso, mientras mantiene las conversaciones.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó una lista de iniciativas que tendrán prioridad como las Reglas de Uso de la Fuerza, la ley Naín Retamal 2.0 o proyectos que beneficien la institucionalidad de Carabineros, la Policía de Investigaciones o Gendarmería.

En paralelo, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con el oficialismo, pero también ha activado los canales con los sectores de la oposición, donde saben que pueden pirquinear los votos que los lleven al umbral de los 29 que necesitan.

En esa línea, la buena relación que mantienen el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, con el senador Pedro Araya (PPD), ha gatillado que se multipliquen los llamados telefónicos en los últimos días, al punto de reunirse ayer por la tarde en el Palacio de La Moneda.

Tras el encuentro, el senador planteó que están dispuestos a apoyar proyectos en materia de seguridad, pero que tienen que estar bien redactados. En tanto, Alvarado se abrió a buscar mayores vías de control al polémico nuevo estado de excepción que propone el texto de la reforma.

Este estado de excepción sigue causando dudas dentro del propio oficialismo, donde uno de los principales argumentos que persisten tiene que ver con que, al quedar consagrado en la Constitución, podría ser ocupado en un futuro por un mandatario de la actual oposición, lo que genera grandes reparos.

El senador Miguel Ángel Becker (RN) afirmó que no le hubiera gustado que el expresidente Gabriel Boric pudiera haber hecho uso de estas facultades.

Más allá del debate legislativo, el debate técnico también ha generado encontrones a través de los medios, frente a los cuestionamientos que han planteado expertos constitucionalistas sobre el texto.

Por ejemplo, este miércoles, Arturo Fontaine y Javier Couso publicaron una columna de opinión en El Mercurio, donde abordan las diferencias que sostienen con la creación del nuevo estado de excepción, afirmando que se podría asemejar a los inicios de Orbán en Hungría y Chávez en Venezuela, remarcando que mantiene tintes iliberales y llamando a retirarlo de tramitación.

Couso afirmó que la reforma es “demagógica” y que no tendrá reales efectos en el combate del crimen organizado.

Desde el Partido Republicano rápidamente levantaron críticas a la columna. Su senador y presidente, Arturo Squella, a través de X, afirmó que Couso y Fontaine fueron frívolos y desconectados de la realidad.

Por su parte, el diputado del mismo partido, Agustín Romero, sostuvo que el proyecto debe ser mejorado, pero que retirarlo sería renunciar al poder consagrar nuevas herramientas de combate al crimen organizado.

Desde las fuerzas oficialistas piden que se pueda avanzar, en el intertanto, en proyectos de autoría parlamentaria. De hecho, la diputada Ximena Ossandón (RN) busca apoyos a su propia reforma constitucional que plantea un apoyo temporal de las fuerzas armadas a las policías cuando exista sospecha de alto poder de fuego.

Además, el senador Matías Walker (Demócrata) pidió que se avance en su proyecto de ley que crea un sistema de régimen diferenciado penitenciario para integrantes de bandas criminales, que fue ingresado hace dos años con la firma de la actual ministra de Energía, Ximena Rincón.