El Gobierno decidió bajar la urgencia legislativa de la reforma de seguridad, tal como habían adelantado senadores el pasado viernes, luego de las críticas que ha recibido la iniciativa tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo.
La decisión se conoce después de que el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificara la propuesta como una reforma que “raya en lo iliberal”, mientras desde RN también han planteado reparos a su contenido y construcción.
En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunirá este lunes a las 11:00 horas con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para abordar el calendario legislativo y definir qué proyectos tendrán prioridad.
Con la reforma constitucional perdiendo viabilidad política en su actual redacción, el Ejecutivo buscará cambiar el foco de la discusión y acelerar otras iniciativas, entre ellas las Reglas de Uso de la Fuerza.
Gobierno busca poner una pausa a la reforma de Seguridad
“Poner una pausa”, bajar la urgencia legislativa, acotar o incluso eliminar el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y revisar la fórmula asociada a la pérdida de derechos sociales son algunas de las alternativas que se han instalado en medio de la discusión.
El Estado de Excepción de Seguridad Pública contempla actualmente un máximo de 240 días sin pasar por el control del Congreso. Sin embargo, una de las opciones que se analiza es reducir ese plazo a 30 días y establecer que, desde su primera renovación, deba contar con la aprobación del Parlamento.
Otra posibilidad es desechar la creación de este nuevo estado de excepción y, en cambio, introducir modificaciones al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que actualmente se aplica, por ejemplo, en la Macrozona Sur.
También está sobre la mesa eliminar la pérdida de beneficios sociales contemplada en la propuesta. Se trata de uno de los puntos que ya había generado cuestionamientos al Gobierno en la tramitación del proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que terminó enfrentando un revés en el Tribunal Constitucional.
A ello se suma la posibilidad de modificar la fórmula para determinar las organizaciones criminales y el eventual delito asociado a pertenecer a ellas. Una de las alternativas que se discute es que esa definición quede íntegramente radicada en el Poder Judicial, sin entregar atribuciones para ello al Gobierno o al Congreso.
“Vamos a retirar la urgencia de la reforma para tener una amplia discusión”, ratificó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, en Estado Nacional de TVN.
El biministro del Interior, Claudio Alvarado, también abordó la posibilidad de introducir cambios y flexibilizar el ritmo de tramitación.
“Hemos presentado una reforma y existen todas las posibilidades de mejoramiento en el Congreso Nacional, tener la apertura a ir graduando las urgencias en función del objetivo final, que es buscar un consenso y sacar la iniciativa adelante”, subrayó.
Socialismo democrático cuestiona constitucionalización del debate
Desde el socialismo democrático, en tanto, cuestionan la decisión de llevar parte de la discusión al plano constitucional.
El jefe de bancada del PS e integrante de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, sostuvo que “las formas autoritarias no proceden en tiempos de democracia” y planteó que no sería necesario modificar la Constitución para avanzar en materia de seguridad.
“No a través de una reforma constitucional. Eso ha sido un gran error. Probablemente se le va a retirar la urgencia. Hoy día, el Estado de Emergencia ya permite incluso decretar un Estado de Emergencia en una cuadra. Estamos casi legalizando el espionaje bajo formas autoritarias que no son las que proceden en tiempos de democracia”, advirtió.
Cruz-Coke acusa un proyecto “iliberal”
Las críticas también han surgido desde la propia oposición de centroderecha. El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, dijo a La Tercera este domingo que la reforma “raya en lo iliberal” y que no es necesaria para avanzar en una reforma de seguridad.
La expresión apunta a una corriente que distingue entre gobiernos elegidos democráticamente y aquellos que, una vez en el poder, concentran atribuciones y restringen contrapesos institucionales o libertades individuales.
El senador de RN, Andrés Longton, planteó una mirada distinta y sostuvo que el supuesto “tufillo autoritario” o “iliberal” de la reforma no sería el problema de fondo, apuntando más bien a una deficiente construcción de la iniciativa.
Longton aseguró que el proyecto se va a “acotar” y que incluso podría optarse por fortalecer el Estado de Excepción actualmente vigente.
“Me parece que va a acotarse más la reforma. Y en el Estado de Excepción Constitucional, o reforzamos el que tenemos, o encontramos argumentos para crear otro, y haciéndolo lo más minimalista posible, creo que hay elementos suficientes para probar la idea de legislar. Convenzan también a parte del oficialismo que hoy día ve algunas con reticencias esta reforma.”
Gobierno priorizará otros proyectos de seguridad
En este escenario, el encuentro entre Bianchi y Arrau será clave para definir cómo se reordenará la agenda de seguridad en el Senado.
“Habiendo perdido toda viabilidad política la reforma tal y como está, el paso más urgente es darle prioridad a los otros proyectos de ley en trámite”, es el diagnóstico que se instala de cara a la reunión.
El presidente de la Comisión de Seguridad adelantó que la idea es sacar el foco de la discusión constitucional y concentrarlo en iniciativas que ya se encuentran en tramitación.
“En materia de seguridad, vamos a fijar un cronograma de la agenda legislativa. Vamos a desconcentrar la atención de lo que hoy día está colocado en algo que puede resultar más tenso, que es la discusión constitucional, para darle prioridad a la discusión de los proyectos de ley”, sostuvo Bianchi.
Lo que viene ahora será una etapa de diálogo y revisión técnica para introducir eventuales modificaciones. Desde la centroizquierda, sin embargo, ya advierten que todavía no existe una conversación formal con el Ejecutivo sobre esos cambios.
En paralelo, el Gobierno busca empoderar otros proyectos de su agenda. La llamada ley antibarricadas 2.0 y las Reglas de Uso de la Fuerza aparecen como dos de las iniciativas que recibirán mayores urgencias y que pasarían a ocupar un lugar central en el debate legislativo durante septiembre.
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