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La muerte de Manuel Gutiérrez vuelve a golpear las puertas de la justicia. Esta vez, su familia busca que Chile responda internacionalmente y que la investigación alcance más allá del autor del disparo.
¿Se acuerda de Manuel Gutiérrez? Tenía 16 años cuando una bala disparada desde una UZI de Carabineros lo mató mientras acompañaba a su hermano en silla de ruedas. Ocurrió la noche del 25 de agosto de 2011, en Macul.
La mañana después de su muerte, el sargento de Carabineros Miguel Millacura sospechó que uno de sus disparos podía haber alcanzado al adolescente. Entonces repuso las municiones utilizadas, limpió la subametralladora UZI y entregó su servicio sin informar lo ocurrido. Cinco días después, primero negó haber disparado y luego terminó reconociéndolo.
Hubo una condena, pero la familia de Manuel nunca sintió que se hiciera justicia.
Quince años después, buscan demandar a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reabrir una investigación que, aseguran, dejó demasiadas responsabilidades sin esclarecer y obligaciones estatales incumplidas, lo que a su juicio, favorece la impunidad.
La muerte de Manuel Gutiérrez
Manuel vivía en la Villa Jaime Eyzaguirre, en Santiago. Cursaba enseñanza media, profesaba la religión evangélica y dedicaba buena parte de sus días a acompañar a su familia.
Ayudaba a su hermano Gerson, quien se desplazaba en silla de ruedas, y cuidaba a su abuela Lidia, que padecía ceguera. La acompañaba en sus trámites cotidianos y también a la iglesia. Ambos dependían de esos cuidados que Manuel entregaba casi naturalmente.
La noche de su muerte salió junto a Gerson para mirar una manifestación desarrollada en el contexto del paro nacional estudiantil. De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se mantenían a distancia y no participaban en los disturbios.
En medio del operativo policial, el sargento Miguel Millacura utilizó una subametralladora UZI de 9 milímetros. Los proyectiles rebotaron en la base de una pasarela y alcanzaron a Manuel y a Carlos Burgos. Carlos quedó herido. Manuel murió.
Su muerte no solamente arrebató al integrante más joven de la familia. También rompió una red de afectos y cuidados que sostenía buena parte de la vida cotidiana del hogar.
“Lo que más nos importa al cumplirse 15 años de la muerte de Manuel es que exista una comprensión y una empatía al dolor de la pérdida que como familia hemos vivido”, expresaron su hermana Jaqueline Gutiérrez y la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
“Pensé que no iba a pasar nada”
Cinco días después, el 30 de agosto de 2011, Millacura declaró como inculpado ante la Fiscalía Militar.
En esa declaración, vista por BioBioChile, el entonces sargento reconoció haber efectuado dos disparos con la UZI institucional. Dijo que sus compañeros estaban siendo atacados con piedras y armas hechizas y que decidió disparar al aire, en diagonal, para protegerlos.
“Me parapeté solo, en unos bloques de cemento”, relató. Desde allí, aseguró, realizó “02 (dos) disparos al aire en forma diagonal”.
También admitió que había humo de fogatas y gases lacrimógenos, que la visibilidad era “casi regular” y que no pudo distinguir a los transeúntes que terminaron heridos.
A la mañana siguiente escuchó en su unidad que un adolescente había muerto en el mismo sector. En ese momento, admitió, sintió “incertidumbre y temor”, pensó que uno de sus disparos podía ser el responsable.
Entonces, según su propia declaración, sacó dos proyectiles que guardaba en su casillero y los puso en el cargador para reemplazar las municiones utilizadas. Después limpió la UZI con un líquido especial y entregó el arma sin informar ninguna novedad.
“Decidí reemplazar los 2 proyectiles 9 milímetros que disparé, por otros dos proyectiles de mi propiedad, rellenando el cargador de la UZI”.
“Efectué una limpieza con un guaipe con líquido especial a la Pistola Ametralladora UZI (…) luego entregué mi cargo y servicio sin otra novedad, no dando cuenta a mis mandos de dicha situación”.
También reconoció que no dejó constancia de los disparos “porque pensé que no iba a pasar nada”. Días después, ante la primera consulta de su superior, negó haber utilizado el arma. Minutos más tarde terminó admitiéndolo.
Una condena que no cerró la historia
La investigación quedó en manos de la justicia militar. En la presentación realizada ante la CIDH requiriendo expresamente la remisión del caso a la Corte IDH, los abogados de la familia recuerdan que Millacura recibió inicialmente una condena de tres años y un día.
La Corte Marcial, sin embargo, recalificó los hechos como cuasidelito de homicidio y redujo la pena a 400 días. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados y mantuvo esa decisión.
Hubo una condena, pero para la familia no hubo una justicia proporcional. Tampoco se establecieron responsabilidades más allá del autor material del disparo.
“Todo el poder del Estado puesto en contra de un niño, porque eso era Manuel, un niño que acompañaba a su abuela, que estaba con su hermano”, dijo a BioBioChile Cristian Cruz, abogado de la familia.
“Una justicia militar donde, recordemos, quien es el juez es un general de Ejército, un general de Ejército que ni siquiera es abogado, que no ha hecho una carrera judicial”, afirmó. A su juicio, esto significó “la negación del debido acceso a la justicia para Manuel y su grupo familiar”.
Para la abogada Karinna Fernández , la familia de Manuel no ha sido reparada ni ha obtenido justicia, lo que se ha traducido en una dolorosa impunidad.
“Esto no es un caso del pasado, es un ciclo. Se dispara contra el espacio cívico, se justifica institucionalmente, la justicia diluye la responsabilidad y después se legisla la impunidad. Las armas letales y menos letales usadas para ‘despejar las vías’, con impunidad garantizada, no distinguen a nadie”.
“Por eso hemos exigido con fuerza que la Comisión Interamericana envíe este caso a la Corte: solo una sentencia puede fijar estándares que no dependan del gobierno de turno”, zanjó.
El caso que ahora mira hacia fuera de Chile
El caso permaneció durante una década en el Sistema Interamericano. Finalmente, la CIDH adoptó el Informe de Admisibilidad y Fondo, cuyas partes pertinentes fueron comunicadas a los abogados de las víctimas el 27 de mayo de 2026.
El 3 de junio, los representantes de la familia respondieron que desean que el caso sea enviado “a la brevedad posible” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué estableció el informe reservado?
Según pudo conocer BioBioChile, en el informe de fondo de la CIDH, documento que permanece bajo reserva y no puede ser publicado íntegramente, la Comisión concluye que el Estado de Chile vulneró el derecho a la vida y los derechos del niño de Manuel Gutiérrez, además de la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de Carlos Burgos y de la familia del adolescente.
El organismo consideró que el uso de la UZI no fue necesario ni proporcional, que no existía una amenaza grave e inminente que justificara emplear fuerza potencialmente letal y que los funcionarios no auxiliaron a las víctimas. También cuestionó que la causa quedara en manos de la justicia militar y que no se investigaran todas las posibles responsabilidades.
Por ello, recomendó reparar a las víctimas, brindarles atención de salud, reabrir la investigación penal, establecer eventuales sanciones administrativas y adoptar medidas para evitar que hechos similares se repitan.
El Estado de Chile, en tanto, respondió pidiendo más plazo para recopilar información.
La familia solicita ahora que la causa sea reabierta en la justicia ordinaria. Busca que se investigue no solo al autor del disparo, sino también la actuación de la cadena de mando y eventuales maniobras destinadas a ocultar lo ocurrido.
El escrito menciona a antiguos mandos de Carabineros y autoridades políticas de la época cuya actuación se pide esclarecer. Hasta ahora, sin embargo, no existe una responsabilidad establecida en su contra.
Un día para recordar a quienes ya no están
La presentación también solicita prohibir el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones, crear un registro de los funcionarios que disparen contra personas y publicar cifras claras sobre muertes y lesiones provocadas por agentes estatales.
Entre las reparaciones aparece una petición especialmente importante para la familia: establecer el 25 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Violencia Policial.
La solicitud no significa que Chile ya esté siendo juzgado internacionalmente. La CIDH todavía debe decidir si remite el caso. Solo entonces la Corte podría establecer la responsabilidad del Estado y ordenar reparaciones.
Gerson, el hermano al que Manuel acompañaba aquella noche, murió años después sin alcanzar a conocer este avance. También falleció su abuela Lidia, a quien el adolescente cuidaba y llevaba a la iglesia.
“Sé que mi hermano no es el primero, pero de verdad que espero que sea el último”, dijo Gerson en 2012.
Quince años después, su familia sigue esperando que esa frase deje de ser apenas un deseo.
