Los derechos no son una amenaza

Cuando un ministro de Estado afirma que el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas constituye un “riesgo para el país”, la discusión deja de ser solamente jurídica. Lo que queda al descubierto es una determinada concepción de Chile y de quiénes tienen derecho a ser reconocidos plenamente dentro de él.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, ha planteado que Chile debería evaluar abandonar el Convenio 169 de la OIT porque, a su juicio, normas como esta establecen diferencias entre las personas según su origen y pueden transformarse en un factor de división. Como mujer mapuche y parlamentaria de la República, creo que esa afirmación merece una respuesta clara: nuestros derechos no dividen a Chile. Lo que históricamente nos ha dividido ha sido precisamente su negación.

El Convenio 169 no inventó la diversidad de nuestro país ni creó artificialmente la existencia de los pueblos indígenas. Reconoció una realidad que durante demasiado tiempo el Estado prefirió ignorar y estableció estándares mínimos para relacionarse con pueblos que existían mucho antes que la propia República.

Podemos discutir su implementación. Podemos mejorar los mecanismos de consulta, corregir procedimientos deficientes y debatir legítimamente sobre sus efectos. Pero existe una frontera que no debemos cruzar: convertir los derechos indígenas en el problema que Chile debe resolver.

Porque cuando el cumplimiento de esos derechos comienza a ser presentado como un “obstáculo”, un privilegio o un riesgo para el desarrollo y la seguridad del país, el problema ya no es el Convenio 169. El problema es la concepción que se tiene de esos derechos.

Y esa mirada tiene una consecuencia todavía más preocupante: vuelve a instalar la idea de un enemigo interno. Porque cuando los derechos de un pueblo comienzan a describirse como una amenaza para el país, el paso siguiente es convertir a quienes los ejercen en un problema que debe ser contenido. Chile conoce demasiado bien las consecuencias de construir la convivencia desde esa lógica. Los pueblos indígenas no somos un enemigo al que el Estado deba enfrentar; somos ciudadanos y pueblos con los que el Estado tiene el deber democrático de dialogar.

Durante décadas se nos dijo que para construir una nación debíamos parecernos, callar nuestras diferencias y aceptar que nuestras culturas quedaran relegadas al espacio privado. Sabemos dónde condujo esa lógica: no a una sociedad más cohesionada, sino a décadas de desconfianza, conflictos y deudas que todavía no hemos sido capaces de resolver.

Chile no se debilita cuando reconoce que en su territorio conviven pueblos con historias, culturas y formas de relacionarse con la tierra diferentes. Se fortalece cuando es capaz de construir instituciones que permitan procesar esas diferencias democráticamente.

Por eso valoro que el Gobierno haya descartado abandonar el Convenio. Pero sería un error reducir lo ocurrido a una simple “opinión personal” de un ministro. Las palabras importan, especialmente cuando provienen de quien encabeza la Defensa Nacional. Presentar derechos reconocidos internacionalmente como una amenaza instala una frontera peligrosa entre quienes supuestamente pertenecen plenamente a Chile y quienes deberíamos justificar permanentemente nuestra pertenencia.

Los pueblos indígenas no somos un riesgo para Chile. Somos Chile.

La verdadera pregunta es si, después de tantas décadas de conflicto, nuestro Estado será finalmente capaz de comprender que reconocer al otro no amenaza la unidad de un país. La hace posible.