La defensa del empresario Michael Mark Clark Varela, uno de los principales imputados por el caso Sartor, busca revertir la prisión preventiva que cumple desde el pasado 18 de agosto en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Para ello, sus abogados presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el que pretenden dejar sin efecto la máxima medida cautelar y obtener su libertad.
Según sostiene la defensa, encabezada por el abogado Bernardo Rosenberg, dicha resolución presenta una grave “falta de fundamentación que la torna ilegal”, vulnerando las garantías establecidas en el artículo 19 N°7 y el artículo 21 de la Constitución.
Defensa de Clark cuestiona fundamentos para decretar prisión preventiva
Uno de los principales argumentos del recurso apunta a la causal de peligro para la seguridad de la sociedad utilizada por el tribunal para justificar la prisión preventiva.
La defensa sostiene que el Juzgado habría sustentado este riesgo principalmente en la gravedad de los delitos imputados —administración desleal, negociación incompatible, información falsa al mercado, fraude en OPA y lavado de activos—, además de la cuantía económica y la pluralidad de ilícitos investigados.
A juicio de los abogados, estos elementos no serían suficientes para acreditar un riesgo concreto y actual atribuible personalmente a Clark. “La gravedad del delito es el presupuesto que abre la discusión cautelar, no su resultado”, plantea el escrito al que accedió Bío Bío.
En esa línea, aseguran que la jueza no habría identificado antecedentes que permitan establecer un peligro actual, considerando además que Clark fue apartado de funciones directivas o de administración y que las entidades involucradas se encuentran bajo control de la autoridad regulatoria.
“Esta acción no pide a V.S. Iltma. que anticipe un juicio de culpabilidad ni que sustituya al juez de garantía en la valoración del mérito (…) Pide que se constate que la resolución que privó de libertad al amparado no expresó, en forma clara y precisa, los antecedentes calificados que permitirían tener por concurrente la necesidad de cautela”, señala el recurso.
El peligro para la investigación
El segundo eje de la acción constitucional apunta al peligro para el éxito de la investigación, otra de las razones consideradas por el tribunal para decretar la prisión preventiva.
Los abogados califican esta fundamentación como “absolutamente genérica” y cuestionan que se haya considerado como antecedente una supuesta instrucción atribuida a Clark para borrar conversaciones de WhatsApp, a partir de antecedentes aportados por el coimputado Hugo Baranda.
Frente a ello, la defensa sostiene que la activación de mensajes temporales en las aplicaciones de mensajería habría ocurrido antes del inicio de la investigación penal. A ello suma lo que califica como una actitud de colaboración de Clark durante la investigación.
En caso de que la Corte de Apelaciones acoja el amparo y deje sin efecto la prisión preventiva, los abogados solicitan que esta sea reemplazada por medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal.
Entre ellas se encuentran:
—Privación total o parcial de libertad en su domicilio.
—Prohibición de salir del país o arraigo nacional, reforzada por la entrega previa de su pasaporte.
—Prohibición de comunicarse con determinados coimputados o testigos que sean definidos por el tribunal.
—Invocan fallos recientes de la Corte Suprema.
Así, los abogados de Clark buscan que la Corte de Apelaciones deje sin efecto la resolución del 4° Juzgado de Garantía y sustituya la prisión preventiva por medidas cautelares de menor intensidad.
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