La reforma constitucional en materia de seguridad que prepara el Gobierno comenzó a generar diferencias al interior de la UDI. Mientras un sector del partido cerró la puerta a respaldar los cambios planteados hasta ahora, otros parlamentarios se mostraron disponibles para discutir modificaciones acotadas a la Carta Fundamental, siempre que estén debidamente justificadas.
El Ejecutivo trabaja en una propuesta que modificaría entre 10 y 12 artículos de la actual Constitución.
No se busca reemplazar la Carta Fundamental, sino introducir cambios específicos que permitan dar soporte a la agenda contra el crimen organizado, que contempla cerca de 35 proyectos de ley.
Entre las medidas que se analizan están la creación de un quinto estado de excepción para zonas afectadas por el crimen organizado, un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados, modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas y la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial previa.
Sin embargo, las diferencias llegaron directamente a la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, afirmó en una entrevista con El Mercurio que, en las condiciones actuales, el partido no puede respaldar reformas constitucionales en materia de seguridad, pues considera que dañan la institucionalidad.
Desde la colectividad señalaron además a Radio Bío Bío que una parte importante de sus integrantes mantiene reparos a la propuesta y que ha sido complejo alcanzar un consenso dentro de la bancada. Pese a ello, sostienen que la UDI busca “rayarle la cancha” al Gobierno antes de que la iniciativa ingrese formalmente al Congreso.
Las diferencias también quedaron expuestas entre los propios diputados del partido. Daniel Lilayú cerró la puerta a respaldar la reforma.
“Claramente, la UDI no vamos a apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque claramente dañan la institucionalidad”, expresó.
Mientras que Constanza Hube sostuvo que no se busca refundar nada y se mostró disponible para apoyar modificaciones constitucionales acotadas y bien planteadas.
“Nosotros no buscamos refundar nada y nosotros vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”, aseveró.
Reparos desde la oposición y en RN
Los cuestionamientos también llegaron desde fuera de los partidos que respaldan al Ejecutivo. El exministro del Interior Álvaro Elizalde advirtió que algunas de las propuestas implicarían innovaciones mediante restricciones a derechos fundamentales.
En ese contexto, llamó al Gobierno a justificar la pertinencia y la necesidad real de llevar estas materias al texto constitucional.
“Pero por otro lado se innova, estableciendo restricciones a ciertos derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Desde el propio oficialismo ha habido visiones críticas. Esperamos que el gobierno finalmente revise este texto con la mayor rigurosidad posible, que analice la pertinencia o necesidad real de una reforma constitucional”, subrayó.
A estos cuestionamientos se sumaron reparos desde Renovación Nacional. La diputada Ximena Ossandón advirtió que sería delicado modificar la Constitución como respuesta a decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y enfatizó la necesidad de respetar la institucionalidad.
“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que creer en las instituciones y también tiene que respetar las instituciones”, planteó.
De esta forma, incluso antes de su ingreso formal al Congreso, la reforma ya abrió diferencias dentro de la propia derecha.
Ese escenario se convierte en uno de los primeros obstáculos para el ministro Martín Arrau, considerando que una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos: 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
Así, antes de buscar acuerdos con la oposición, el Gobierno deberá ordenar a los partidos que lo respaldan y convencerlos de que las herramientas propuestas requieren efectivamente rango constitucional.
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