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La discusión del Presupuesto de la Nación es probablemente uno de los momentos más importantes de nuestra democracia. No se trata solamente de cifras, partidas o porcentajes. Se trata de definir prioridades, de decidir dónde concentramos los esfuerzos del Estado y, sobre todo, de garantizar que los compromisos que asumimos hoy puedan seguir cumpliéndose mañana.
El Presupuesto 2027 propone un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de lo proyectado al término de 2026, buscando compatibilizar las necesidades de los chilenos con la responsabilidad fiscal. Es una señal importante después de años en que demasiadas veces se instaló la idea de que gastar más era necesariamente gobernar mejor. La verdadera responsabilidad está en utilizar bien cada peso, establecer prioridades y evaluar los resultados.
Chile necesita recuperar el crecimiento. Sin una economía dinámica no existe política social sostenible en el tiempo. El empleo, los mejores salarios y los recursos permanentes para financiar salud, educación, pensiones y seguridad dependen también de nuestra capacidad para volver a invertir y crecer. Por eso, el Presupuesto contempla $9,5 billones en iniciativas relacionadas con crecimiento, empleo y reconstrucción, un incremento de 8,1% respecto de 2026.
La seguridad es otra prioridad ineludible. Durante demasiado tiempo los chilenos han visto cómo el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia alteraban su vida cotidiana. Para 2027 se destinan $7 billones al fortalecimiento de la seguridad pública, un aumento de 9,1%, reforzando las capacidades de Carabineros, la PDI y Gendarmería y financiando la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial para perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Una agenda de seguridad sin recursos corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones.
Pero responsabilidad fiscal no significa abandonar la protección social. Por el contrario, significa hacerla sostenible. El proyecto garantiza los beneficios establecidos por ley: la PGU contará con $7 billones para más de 2,2 millones de personas mayores; educación dispondrá de $17,3 billones; se mantiene la gratuidad para más de 600 mil estudiantes y se preservan los recursos destinados a alimentación escolar y otros apoyos fundamentales.
En salud, el presupuesto aumenta 4,7%. Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en incorporar más recursos. Necesitamos que esos recursos se traduzcan en atención oportuna, reducción de las listas de espera y una mejor gestión de hospitales y atención primaria. El Estado debe comenzar a medir su éxito no por cuánto gasta, sino por cuánto logra resolver.
Existe, además, una innovación que debemos valorar: la incorporación de una perspectiva plurianual. Desde este presupuesto, los ministerios deberán proyectar sus necesidades de gasto para un horizonte de cinco años. Esto obliga a mirar más allá de la contingencia y asumir una verdad elemental: no es responsable comprometer mañana recursos que el país no tendrá cómo financiar.
Ahora comienza la discusión en el Congreso. Nuestro deber será revisar con rigurosidad cada partida, corregir aquello que sea necesario y resguardar que los recursos de todos los chilenos se utilicen correctamente.
Chile necesita un Estado que proteja a quienes lo necesitan, garantice seguridad, impulse el crecimiento y entregue buenos servicios. Pero también necesita un Estado responsable, capaz de distinguir entre lo urgente y lo accesorio.
Porque gobernar no es prometerlo todo. Gobernar es priorizar, administrar responsablemente y cumplir. Y esa debe ser la mirada de Estado con que abordemos el Presupuesto 2027.
