Vigilar la democracia sin exagerar

Las democracias rara vez caen hoy por un golpe. Un dirigente gana elecciones competitivas, presenta a los tribunales, los árbitros electorales o la prensa como obstáculos para el mandato popular y adopta decisiones sucesivas que reducen los controles sobre su poder. Cada una puede justificarse como jurídicamente defendible, técnicamente necesaria o políticamente excepcional. El patrón aparece al observar su acumulación.

Los números son claros. V-Dem registra 44 países en proceso de autocratización durante 2025, que concentran el 41 por ciento de la población mundial. Freedom House completa veinte años consecutivos de descenso agregado de la libertad. Pero la cifra de 44 mide la dirección del cambio y no indica por sí sola en qué categoría queda cada régimen. Una democracia puede deteriorarse y seguir siendo democrática durante parte o incluso la totalidad del episodio.

Otro dato completa el cuadro. Hoy existen muchas más democracias que en 1974, cuando comenzó la tercera ola, y la mayoría de los países no atraviesa actualmente un cambio de régimen estadísticamente significativo. Freedom House muestra además una considerable capacidad de resistencia entre las democracias que ya estaban consolidadas al comenzar el actual período de retroceso. La recesión democrática existe, pero no equivale a un derrumbe generalizado ni irreversible.

En Chile, el debate público tiende a convertir categorías analíticas en descalificaciones políticas. Cada sector llama autoritaria, fascista, “iliberal” o antidemocrática la conducta del otro, muchas veces antes de examinar hechos concretos. El abuso de esos términos termina debilitando su capacidad para distinguir fenómenos diferentes y hace más difícil reconocer un deterioro institucional cuando existen evidencias suficientes para sostenerlo.

Susan C. Stokes propone una vía más exigente. En Los regresores estudia a dirigentes elegidos que, una vez en el poder, erosionan gradualmente las instituciones de sus propias democracias y necesitan conservar apoyo mientras amplían su margen de acción. La atención debe ponerse menos en la etiqueta ideológica del gobernante que en los efectos acumulativos de sus decisiones sobre la competencia, los contrapesos y la posibilidad efectiva de alternancia.

Polonia y Hungría muestran que incluso procesos profundos de deterioro pueden ser interrumpidos mediante la alternancia electoral. Eso no significa que el daño institucional quede automáticamente revertido. En Polonia, entre 2015 y 2023, el gobierno de Ley y Justicia intervino el Tribunal Constitucional, subordinó la fiscalía y transformó los medios públicos. Una oposición coordinada consiguió después arrebatarle la mayoría parlamentaria. Hungría ofrece un caso aún más exigente. V-Dem la clasificaba como autocracia electoral y, pese a ello, Viktor Orbán perdió las elecciones de abril después de dieciséis años en el gobierno.

Todavía es pronto para saber hasta dónde llegará la reconstrucción institucional húngara. El problema no termina con la alternancia. Un gobierno que recibe instituciones previamente dañadas puede sentirse autorizado a repararlas mediante procedimientos excepcionales. Allí aparece un riesgo evidente. Combatir tropelías autoritarias mediante nuevas arbitrariedades puede terminar reproduciendo aquello que se pretende corregir. La recuperación democrática será más sólida si descansa en reglas generales, procedimientos verificables y controles independientes.

Para juzgar a cualquier gobierno, chileno o extranjero, conviene observar su conducta en dimensiones concretas. Importa saber si los tribunales y el Ministerio Público mantienen su independencia o si se modifican sus reglas para someterlos al Ejecutivo. Hay que observar también si las elecciones continúan siendo competitivas y sus árbitros conservan autonomía. La libertad efectiva de la prensa y de la sociedad civil ofrece otra señal relevante. También cuenta la preservación de una administración profesional frente a intentos de reemplazarla masivamente por funcionarios cuya principal credencial sea la lealtad política.

Los poderes extraordinarios requieren un examen semejante. Pueden formar parte legítima del instrumental constitucional de una democracia frente a situaciones graves. El problema comienza cuando la excepcionalidad pierde límites claros, se prolonga indefinidamente o debilita los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Ese criterio resulta pertinente para la discusión sobre el nuevo estado de excepción que impulsa el gobierno. Lo relevante es establecer qué hechos permiten activarlo, durante cuánto tiempo puede mantenerse y qué controles efectivos conservan el Congreso y los tribunales. También importa precisar las atribuciones que entrega a las Fuerzas Armadas. Esas preguntas permiten discutir sus riesgos democráticos con mayor precisión que los epítetos de ambas veredas.

La misma exigencia vale para los ciudadanos. Un criterio sencillo consiste en preguntarse si juzgaríamos de igual manera una decisión adoptada por un gobierno políticamente contrario. La vigilancia democrática pierde credibilidad cuando cambia de estándar según quién ocupa La Moneda.

En Chile, la calidad del debate dependerá de nuestra capacidad para distinguir el malestar político del deterioro efectivo de las instituciones y de aplicar los mismos criterios a quienes gobiernan y a quienes aspiran a reemplazarlos. Vigilar la democracia no exige exagerar sus amenazas. Exige reconocerlas a tiempo y medirlas con la misma vara.