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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En el cuarto día de formalización del caso Sartor, querellantes señalaron el perjuicio económico a inversionistas y posibles penas de hasta 40 años de cárcel. Se investigan delitos económicos vinculados a la administración de fondos y desvío de recursos hacia entidades relacionadas. Se pide medidas cautelares más severas para evitar obstaculizar la investigación. Se destaca desvío de recursos entre fondos administrados por Sartor y la complejidad de la trama organizada. Se resalta el impacto en pequeños y medianos inversionistas, no solo en grandes capitales.

En el cuarto día de formalización del caso Sartor, los querellantes apuntaron a la magnitud del perjuicio económico que habría afectado a los inversionistas y advirtieron que, de acreditarse los delitos imputados, los responsables arriesgarían penas que podrían llegar incluso a las cuatro décadas de cárcel.

Los representantes de los afectados sostuvieron que se trata de una investigación de alta complejidad, donde se indagan delitos económicos vinculados a la administración de fondos y al eventual desvío de recursos hacia entidades relacionadas.

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A la salida del tribunal, los querellantes insistieron en la necesidad de aplicar medidas cautelares más gravosas, argumentando que la libertad de los imputados podría afectar el desarrollo de la investigación y la recuperación de los dineros cuestionados.

El abogado Juan Domingo Acosta, representante de Credicorp, una de las entidades afectadas en la causa, aseguró que los recursos habrían sido desviados entre distintos fondos administrados por Sartor y calificó los hechos como una estructura organizada.

En tanto, el abogado César Ramos, querellante en representación de 43 aportantes, puso el foco en el impacto que habría tenido el caso en pequeños y medianos inversionistas, asegurando que no se trata únicamente de grandes capitales.

Por su parte, Sergio Rodríguez Oro, abogado representante de Toesca, explicó el rol de la administradora en la búsqueda de recuperar los recursos para los inversionistas afectados y apuntó a los antecedentes financieros que forman parte de la investigación.

Uno de los imputados que también abordó la audiencia fue Michael Clark, exdirigente de Azul Azul, quien defendió su actuar y aseguró que será en el juicio donde deberán determinarse las responsabilidades.

La formalización continúa esta jornada con la argumentación de los 9 querellantes restantes, antes de escuchar a las defensas de los imputados por los que se pide la máxima cautelar de prisión preventiva.