El Gobierno se activó en el marco de la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una batería de medidas con la que busca inaugurar una nueva etapa de la administración. Aseguraron estar confiados en que contarán con apoyos transversales para aprobar la megarreforma en seguridad e hicieron un llamado a la oposición a dejar la “pelea política”.
Proyectos nuevos, en tramitación y una reforma constitucional son el eje de esta “megarreforma” de seguridad.
Es precisamente la modificación de la Carta Fundamental el principal eje de la ACOT, siendo esto lo que habilita y da sustento jurídico a la mayoría de las medidas anunciadas.
Actualmente, la Constitución señala que es “deber del Estado resguardar la seguridad nacional”. La propuesta sería incorporar el cambio y señalar que “es deber del Estado resguardar la seguridad pública”.
Este cambio vendría de la mano con la creación de un 5.º estado de excepción para habilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas ante una grave alteración del orden público.
La determinación no solo es para habilitar toda la agenda, sino también como una estrategia para evitar reveses en el Tribunal Constitucional (TC). Para aprobar esto se requiere un quórum calificado de 4/7 que excede los respaldos oficialistas en el Congreso.
Sobre esto se refirió el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien comentó que han liderado un trabajo prelegislativo para contar con los respaldos necesarios y aprobar la ACOT antes de fin de año.
“La gran mayoría de estas propuestas que están en el Congreso y que vamos a ingresar han sido sociabilizadas con parlamentarios del oficialismo, de centro-izquierda. Yo lo que veo en esta agenda es que va a haber un apoyo bastante transversal. No veo quién podría oponerse, salvo algunas voces muy radicales”, expresó.
Por su parte, el ministro del Interior (s), Máximo Pavez, descartó que sea una estrategia para contener ofensivas en el TC y desmintió que la reforma sea lo que habilita el resto de la ACOT.
“La propuesta de reforma constitucional permite robustecer, no habilitar, en el caso de la seguridad pública, porque en el caso del Estado de Excepción Constitucional, eso sí requiere su creación en la Constitución para poder darle operatividad. Ambas van a contribuir a robustecer este paquete legislativo”, sostuvo.
La mirada de la oposición ante los nuevos anuncios en seguridad
Desde el Congreso, también manifestaron sus percepciones sobre esta iniciativa.
El timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, dijo que la disposición inicial está, pero que seguirán fiscalizando para que el Gobierno no incorpore aspectos como recorte de beneficios sociales.
“Creo que hay espacios para acuerdos más transversales, pero vamos a estar atentos a la letra y el detalle de los proyectos que envía el Ejecutivo, porque hay una situación de desconfianza y no queremos que el Gobierno se pase listo incorporando cosas que no corresponden”, mencionó.
Por su lado, el diputado Luis Cuello (PC) señaló que ambas reformas constitucionales son innecesarias y evitan el debate de fondo.
“Da la impresión de que estos proyectos grandilocuentes se presentan con el ánimo de mostrar que se está haciendo algo y evitar el debate de fondo que tiene que ver con apuntar al levantamiento del secreto bancario, cuestión que a este Gobierno parece que le queda muy incómodo”, argumentó.
De esta manera, La Moneda, tal como lo hizo con el plan de reconstrucción, aspira a no demorar más de 6 meses en la aprobación total de la agenda de seguridad.
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