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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Gremios y agrupaciones de derechos humanos alertan por "retrocesos" en derechos sociales, expresando preocupación ante medidas del gobierno de Kast, incluido el posible desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Expusieron sus inquietudes en la sede de la ANEF y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Advierten de recortes presupuestarios, como los 652 millones al INE, afectando servicios esenciales para la ciudadanía.

Diversos gremios de trabajadores y agrupaciones de derechos humanos se declararon en alerta ante lo que califican como “retrocesos” en materia de derechos sociales.

Por ello, llegaron hasta la sede de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para evidenciar sus resquemores ante la dirección que está tomando el gobierno, un tema que, incluso, fue expuesto el miércoles en Washington, Estados Unidos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que como entidad ven con preocupación muchas de las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast, pero principalmente, el eventual desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda.

Incluso, los representantes de los gremios advirtieron de un “desmantelamiento” de las capacidades técnicas y de conocimiento del gobierno chileno ante la Corte.

Algunos de los datos expuestos tienen relación con el recorte de 652 millones de pesos que sufrió el Instituto Nacional de Estadísticas.

El presidente de ANEF, José Pérez, aseguró que diversos servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía están siendo afectados con los recortes presupuestarios.

La secretaria del Conosur Internacional de Servicios Públicos, Nayareth Quevedo, aseguró que estos cambios no afectan solo a trabajadores, sino que también a cientos de familias.

Desde los gremios y agrupaciones esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda frenar lo que consideran es el desarme de la infraestructura de derechos humanos, además de las restricciones presupuestarias que se han llevado a cabo.

La información es de Camila Vargas