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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a cuatro personas y 41 entidades del Prince Group, acusado de ciberestafas, blanqueo de capitales y tráfico de personas. Las medidas apuntan a sociedades pantalla y empresas 'offshore' que ayudaban a eludir sanciones previas. También sancionó a un ciudadano malasio que dirigía una red de estafadores con base en África.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha anunciado sanciones contra cuatro individuos y 41 entidades pertenecientes a la infraestructura corporativa y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group, acusado de operar complejas redes globales de ciberestafas, blanqueo de capitales y tráfico de personas. Asimismo, la Administración estadounidense ha sancionado de forma individual a un ciudadano malasio por dirigir una red de estafadores con base en África.

"Las redes de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios ilícitos", ha denunciado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent en el comunicado difundido por la OFAC, subrayando el compromiso de Washington para "desmantelar cada capa de estas organizaciones". Las medidas forman parte de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo para combatir el ciberdelito y los esquemas de extorsión dirigidos desde el extranjero.

Según ha detallado el Gobierno estadounidense, las operaciones del grupo Prince Group se ejecutan en su mayoría desde recintos de estafas en el sudeste asiático donde trabajadores víctimas de trata y coerción son obligados a perpetrar fraudes en línea, tales como engaños de inversión en activos digitales y estafas de romances.

Las nuevas designaciones apuntan a facilitadores financieros, sociedades pantalla y empresas ‘offshore’ –con ramificaciones en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Camboya o Singapur– que ayudaban a la cúpula del grupo a ocultar activos y eludir sanciones previas impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026.

Como resultado de las sanciones, coordinadas con el FBI, el Departamento de Justicia y autoridades del Reino Unido e Islas Vírgenes Británicas, todos los bienes e intereses de los implicados que se encuentren en suelo estadounidense o bajo control de ciudadanos de EEUU quedan bloqueados. Además, se prohíbe de forma generalizada a las entidades financieras y particulares estadounidenses realizar transacciones con los sancionados bajo riesgo de afrontar severas sanciones civiles y penales.