El gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ingresó un veto supresivo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional —también conocido como megarreforma— que recientemente fue despachado desde el Congreso.
Con esto, el Ejecutivo busca eliminar tres artículos incorporados durante la tramitación parlamentaria. Se trata de las normas sobre prohibición del anatocismo, el denominado “derecho al olvido financiero” y la prohibición de pactar plazos excepcionales de pago en facturas superiores a 30 días.
El documento fue firmado tanto por el presidente José Antonio Kast, como por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Para La Moneda, las tres disposiciones —que fueron incorporadas mediante indicaciones parlamentarias— a su juicio exceden las ideas matrices del proyecto y generarían “efectos negativos” sobre el sistema financiero y el financiamiento de empresas.
Los artículos que busca vetar el gobierno en la megarreforma
1. Prohibición absoluta del anatocismo (artículo 32)
El veto elimina la norma que prohibía, en todos los casos, cobrar intereses sobre intereses o capitalizarlos en operaciones de crédito.
Según el gobierno, esta prohibición afectaría instrumentos como depósitos a plazo renovables, repactaciones de créditos, líneas de crédito, créditos con períodos de gracia y créditos con cuotas variables.
Además, cita informes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Banco Central que advierten que la medida podría encarecer el crédito, restringir su acceso, afectar el ahorro y dificultar la transmisión de la política monetaria.
2. Derecho al olvido financiero (artículo 39)
El Ejecutivo también propone eliminar la disposición que obligaba a borrar de los registros internos y de la comunicación a terceros las deudas impagas o extinguidas con más de cinco años de antigüedad y que impedía utilizar esa información para negar productos financieros.
En este punto, argumenta que esa materia ya está regulada por la Ley del Registro de Deuda Consolidada (REDEC) y que la nueva norma generaría duplicidades, conflictos con otras obligaciones legales de conservación de información y efectos sobre la cobranza y el acceso al crédito. También sostiene que podría restringir la oferta de financiamiento e impactar los balances de las instituciones financieras.
3. Prohibición de pactar plazos excepcionales de pago (artículo 40)
Finalmente, el veto busca eliminar el artículo que impedía pactar plazos excepcionales de pago en facturas por sobre 30 días y que, además, reducía los plazos de pago del Estado como comprador.
En esa línea, el gobierno sostiene que estos acuerdos son una herramienta de financiamiento utilizada especialmente por las micro, pequeñas y medianas empresas.
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