Durante esta jornada, el Gobierno ingresó un proyecto de “ley corta que modifica la Ley de Seguridad Municipal” a la Cámara de Diputados. Esto con el objetivo de postergar la entrada en vigencia de algunas de sus disposiciones y excluir al personal de seguridad comunal del límite anual de gasto en personal que rige para los municipios.
La iniciativa fue firmada por el presidente José Antonio Kast y por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la cual busca resolver una serie de dificultades detectadas en la implementación de la Ley N.º 21.802, promulgada para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
El proyecto se fundamenta en modificar la normativa vigente, la cual obliga a que las remuneraciones del personal de seguridad municipal contratado bajo el Código del Trabajo sean consideradas dentro del cálculo de gasto anual en personal, que no puede exceder el 42% de los ingresos propios de cada municipio.
A juicio del Gobierno, la consecuencia de lo anterior es que numerosas municipalidades se verían envueltas en un problema de incumplimiento normativo.
El proyecto de ley
Al respecto, el proyecto propone que las remuneraciones de estos inspectores queden excluidas de dicho límite, aunque establece un tope especial equivalente al 4% de los ingresos propios del municipio.
Además, contempla la posibilidad de aumentar ese porcentaje hasta en un 20%, previa autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y con el visto bueno de la Dirección de Presupuestos (Dipres), considerando la sostenibilidad financiera de cada comuna.
Otro de los cambios apunta a flexibilizar la acreditación de la idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo que las evaluaciones puedan realizarse tanto en establecimientos públicos como privados de salud.
Asimismo, se otorga un plazo de un año para que el personal actualmente en funciones cumpla con este requisito.
El proyecto también posterga por 36 meses la entrada en vigencia de las disposiciones que obligan a los conductores de vehículos de seguridad municipal a contar con licencia de conducir clase F.
El Ejecutivo argumenta que actualmente no existe un mecanismo que permita a estos funcionarios obtener dicha licencia, ya que la mayoría solo posee licencia clase B.
De acuerdo con el informe financiero que acompaña la iniciativa, las modificaciones no tendrán impacto sobre el presupuesto fiscal, ya que buscan precisar el estatuto jurídico del personal de seguridad municipal dentro de las facultades que la legislación ya entrega a las municipalidades.
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