Si bien todavía falta para comenzar la discusión del reajuste al sector público, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya empezó a mover sus fichas y exigen al Ejecutivo un reajuste real del 2% en los sueldos de los funcionarios públicos.
Entre las críticas que levanta el mundo sindical, está la falta de avance de compromisos que se adoptaron en la administración pasada y el desinterés de este Gobierno por dialogar con los trabajadores cuando, a su juicio, “son ellos los responsables de gran parte del aumento de la inflación”.
Funcionarios públicos despliegan propuestas en mira al reajuste
Durante esta mañana , 16 organizaciones de trabajadores del Estado (incluyendo la ANEF, Colegio de Profesores, CONFUSAM, ASEMUCH, AJUNJI y FENATS) presentaron su pliego de negociación por primera vez al gobierno del presidente José Antonio Kast.
Salieron desde la sede de la CUT con dirección a La Moneda, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo para hacer entrega de sus demandas que, en lo más sustantivo, exigen un reajuste del 6,3% nominal, equivalente a un reajuste real que no sea inferior al 2, poniendo como principal argumento la volatilidad de la inflación.
Carlos Inzunza, subcoordinador del Sector Público de la CUT, dice que ven con alarma la actitud de un Gobierno que tiene una visión de “Estado mínimo”: “El maltrato, la restricción fiscal y los efectos que tienen no solo respecto de la función pública y sus trabajadores, sino de la provisión de servicios públicos para la ciudadanía”.
“Tenemos una proyección de inflación para el año de 4,3%, gatillada de forma muy relevante por las decisiones económicas erradas del propio Gobierno”, sentenció el dirigente.
Entre las críticas del pliego, la más fuerte apunta al proyecto de Ley de Presupuestos, donde afirman que “no resuelve un problema heredado”, sino que lo agrava “por partida triple”: El presupuesto 2026 no actualizó los ítems de remuneraciones por inflación. Los sindicatos ya habían criticado esto al Gobierno anterior y esperaban que el nuevo lo enmendara.
Otra crítica, más política que técnica, apunta al rechazo de pensar que mayor eficiencia es sinónimo de reducir gasto, programas o personal.
Y en cuanto a las exigencias, piden que la negociación no se reduzca a “reuniones informativas ni a la comunicación de decisiones previamente adoptadas”. También apuntaron contra las AFP, exigiendo fiscalización, esclarecimiento de responsabilidades y reparación de los perjuicios por las pérdidas de los fondos conservadores.
A su vez, las organizaciones de funcionarios cuestionaron los “cambios de criterio” de la Contraloría en materia de empleo público que, sostienen, habrían debilitado la estabilidad de quienes están a contrata. Piden una ley que dé garantías frente a decisiones arbitrarias.
En cuanto a la Sala cuna universal, rechazan que quiten responsabilidad al empleador o traspasen costos a las familias. Finalmente, apuntan a una serie de compromisos “incumplidos” o dilatados, principalmente del Gobierno anterior, como la mesa de 40 horas, seguridad funcionaria y salud mental.
Enviando corrección, espere un momento...
