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Desde nuestros distintos roles conocimos de cerca la lucha de la señora Margarita y de don Víctor, padres de Alejandro Martínez González, asesinado el 9 de noviembre de 2008. Durante 17 años, su familia transformó el dolor de perder a un hijo en una lucha persistente para que ninguna otra víctima ni sus familiares tuvieran que enfrentar la misma desprotección del Estado: no tener acompañamiento en el momento más difícil de sus vidas.
Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric existió una voluntad política clara de avanzar en la aprobación de una ley que reconociera esta deuda histórica a través de la creación de un servicio público. Desde la Delegación Provincial de San Antonio, junto a la Seremi de Justicia y DDHH de Valparaíso, acompañamos ese esfuerzo, liderado por las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y DDHH, contribuyendo a que las demandas de las familias encontraran una respuesta institucional permanente y articulada.
En noviembre de 2025, se promulgó la ley 21.780 que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Hoy esa conquista enfrenta una contradicción difícil de explicar.
El actual Gobierno, cuestionado por las rebajas de condenas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, anuncia una mesa de trabajo para apoyar a las víctimas, denominada “Unidos para Proteger”. Sin embargo, simultáneamente impulsa una modificación legal que posterga el inicio de la implementación del nuevo servicio que incluye la Defensoría de las Víctimas. En Valparaíso, por ejemplo, el servicio comenzaría a funcionar en enero de 2028 y no en mayo de 2027, como estaba originalmente establecido.
El Gobierno sostiene que esta modificación permitirá adelantar la cobertura nacional. Sin embargo, ese argumento no resuelve la contradicción entre anunciar una mesa de trabajo de protección y retrasar el acceso a una institución creada precisamente para garantizarla.
Las mesas de trabajo pueden contribuir a la coordinación, pero no reemplazan los derechos establecidos por ley ni las obligaciones concentradas en un servicio público único; tampoco sustituyen la representación jurídica, la atención especializada ni el acompañamiento permanente que requieren las víctimas y sus familias frente a delitos violentos.
Quienes conocemos la lucha de la señora Margarita y de don Víctor sabemos que esta ley no nació de un titular, sino que nació de años de dolor, perseverancia y organización, con la convicción de que el Estado debía hacerse responsable de una deuda histórica.
Por eso, la discusión no puede reducirse a un ajuste administrativo. Se trata de la continuidad de políticas públicas construidas a partir de demandas ciudadanas y de la responsabilidad de los gobiernos de implementar los compromisos asumidos por el Estado, apoyados de manera transversal en el Congreso Nacional.
La protección de las víctimas exige coherencia entre las declaraciones y las decisiones. No basta con expresar preocupación frente a una controversia pública si, paralelamente, se posterga una respuesta institucional que ya había sido aprobada.
No se puede sostener que las víctimas son una prioridad mientras se adoptan decisiones que retrasan el acceso a los derechos conquistados después de años de lucha.
Carolina Quinteros Urquieta
Arquitecta, Doctora en Ciencias Ambientales.
Ex Delegada Presidencial Provincial de San Antonio.Paula Gutiérrez Huenchuleo
Abogada, Académica Universidad de Valparaíso.
Exseremi de Justicia y DDHH de Valparaíso.
