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Pensemos en un condenado al que se le niega una salida dominical porque, pese a registrar muy buena conducta, el Consejo Técnico del establecimiento penal advierte un alto riesgo de reincidencia. Meses después, sin antecedentes que acrediten una evolución favorable, obtiene la libertad condicional o egresa por cumplimiento de condena con rebaja. ¿Cómo se explica esa diferencia entre decisiones que, con requisitos y efectos distintos, deben considerar su proceso de reinserción?
Si esa persona vuelve a delinquir, a la víctima de poco le servirá conocer qué autoridad se opuso y cuál autorizó su salida. Tendrá derecho a preguntar qué hizo el Estado con la información disponible.
En 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, 1.942 personas egresaron de las cárceles chilenas por cumplimiento de condena con rebaja. Según los antecedentes de Gendarmería, 895 registraban al menos un delito violento o sexual. Entre los egresados había 124 condenados por delitos sexuales, 69 de ellos por delitos contra menores de 14 años.
Durante el gobierno de José Antonio Kast, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia habría dictado 56 decretos de rebaja de condena correspondientes a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Estas cifras no permiten atribuir a un mandatario la intención de poner en riesgo a la ciudadanía. Sí obligan a examinar las decisiones adoptadas y los antecedentes que las sustentaron. En algunos casos, el Ejecutivo rechazó la rebaja y los tribunales acogieron las acciones judiciales de los condenados; en otros, la Corte Suprema respaldó la negativa. También se dictaron decretos invocando fallos anteriores, sin una orden judicial específica para el caso resuelto. Cada actuación tiene fundamentos y responsabilidades que deben esclarecerse. Al Estado, en su conjunto, le corresponde explicar por qué estas diferencias de criterio persistieron durante años sin una respuesta normativa oportuna.
La Ley N.º 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, tuvo un propósito definido: excluir de la rebaja de condena a quienes hubieran cometido los delitos sexuales contra menores de edad expresamente señalados en ella. El 14 de abril de ese año, como director nacional de Gendarmería, firmé el Oficio Circular N.º 119, que impartió instrucciones para aplicar la reforma en los establecimientos penitenciarios. Nuestra competencia alcanzaba a orientar su ejecución administrativa. Resolver las controversias sobre su alcance temporal, especialmente respecto de hechos anteriores a su entrada en vigor, excedía nuestras atribuciones. Ante interpretaciones judiciales divergentes, el Ejecutivo debió promover oportunamente una iniciativa legal que precisara el ámbito de aplicación de la exclusión, respetando los límites constitucionales y las garantías de la ley penal.
Existe, además, una debilidad estructural que ha recibido escasa atención. La calificación del Tribunal de Conducta de cada establecimiento constituye un antecedente común para acceder, conforme a requisitos diferentes, a permisos intrapenitenciarios —salida dominical, salida de fin de semana y salida controlada al medio libre—, a la libertad condicional y a la rebaja de condena. Su importancia exige revisar cómo se construye esa evaluación y cómo se relaciona con los informes técnicos que sustentan las decisiones posteriores.
Una vez más, afirmo que la calificación de buena o muy buena conducta penitenciaria no acredita, por sí sola, una disminución del riesgo de reincidencia. Antes de anticipar un egreso, la autoridad competente debiera conocer las razones de una eventual denegación de beneficios intrapenitenciarios, la fecha de la última evaluación y los avances verificables del condenado en su proceso de intervención. Una decisión distinta puede estar justificada, pero sus fundamentos deben quedar expresamente consignados.
Para mejorar este proceso, Gendarmería necesita fortalecer los equipos que integran y apoyan a los tribunales de conducta, capacitarlos y asegurarles acceso oportuno a antecedentes contrastables. Las entrevistas en profundidad y los informes psicológicos y sociales permiten examinar la trayectoria delictiva, las circunstancias de comisión del delito, las necesidades de intervención y las redes de apoyo. Ese juicio profesional complementa los instrumentos de evaluación del riesgo y requiere tiempo, especialización y recursos suficientes.
También se requiere un sistema informático que permita consultar el historial penitenciario, las evaluaciones sucesivas, el cumplimiento del plan de intervención y los resultados de permisos anteriores. Exigir mayor rigor sin corregir la sobrecarga y la fragmentación de la información mantiene intacta la debilidad del sistema.
Suprimir las rebajas de condena tampoco puede plantearse sin evaluar sus efectos sobre la gestión penitenciaria. Quienes hemos dirigido establecimientos conocemos la importancia de los incentivos para sostener la participación en actividades educativas, laborales y de tratamiento. Su eliminación, en cárceles hacinadas, puede agravar la conflictividad y favorecer el reclutamiento de internos por organizaciones criminales. La mayoría de quienes cumplen una pena temporal regresará a la comunidad. Preparar ese retorno, evaluar sus riesgos y reducir las posibilidades de reincidencia son obligaciones del Estado.
La prioridad debe ser corregir el proceso completo, desde la evaluación inicial hasta la resolución que anticipa el egreso. Ello exige criterios coherentes, decisiones fundadas, equipos suficientes y responsabilidades identificables.
La ciudadanía merece una respuesta más sólida que las acusaciones cruzadas entre autoridades. Cuando cada poder destaca las omisiones ajenas y elude las propias, profundiza la polarización, posterga los acuerdos y favorece liderazgos que ofrecen soluciones sin hacerse cargo de sus consecuencias. El Estado ha fallado y cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde.
La clase política tiene el deber de terminar con este espectáculo y acordar correcciones con urgencia y fundamento técnico. La protección de la ciudadanía y la reinserción requieren un trabajo serio y sostenido. Convertir estas fallas en una disputa partidista prolonga el problema y deja a las personas expuestas a consecuencias que el Estado tiene la obligación de prevenir.
