Réplica al general director (r) Ricardo Yáñez: Más militares no es la respuesta

En su columna del 06 de noviembre, Ricardo Yáñez, ex General Director de Carabineros, plantea utilizar capacidades militares para proteger centros de salud violentados, apoyándose en unidades militares próximas a comunas vulnerables, y así liberar carabineros.

Su propuesta aporta al debate al reconocer que la seguridad de estos recintos es una responsabilidad estatal que no puede depender de la disponibilidad ocasional de policías. Sin embargo, confunde la disponibilidad de medios militares con la pertinencia de emplearlos para suplir una insuficiencia policial.

Que exista una unidad militar próxima a un recinto sanitario no significa que sus capacidades sean las apropiadas para custodiarlos, ni que por esa cercanía su utilización sea eficiente. El análisis debe considerar no solo los beneficios inmediatos de liberar policías, sino también los costos institucionales y estratégicos de destinar militares a funciones ajenas a su misión.

El general (r) presenta el despliegue policial y militar como una complementariedad, pero en la práctica traslada a las FF.AA. una deficiencia de la organización policial, tratándolas como sustituto de las policías. Y esto es complejo de concretar, porque ambas responden a concepciones legales y de empleo de la fuerza muy distintas.

También hay que precisar que el apoyo militar no exige necesariamente que la policía haya sido sobrepasada, pues puede responder también a una amenaza grave y anticipada. Lo determinante es que exista una amenaza cuya naturaleza o intensidad haga necesario incorporar capacidades militares y no solamente dicha carencia de personal.

La columna se sostiene en la experiencia francesa e italiana, y si bien los ejemplos son pertinentes, hay que decir que la Operación Sentinelle no buscó resolver un déficit de policías, sino incorporar militares a un dispositivo de respuesta al terrorismo. Los italianos sí consideraron el apoyo a la fuerza pública, pero incluyendo también el antiterrorismo y la criminalidad.

Es decir, no es exacto afirmar que toda experiencia europea se limita al terrorismo, como tampoco es correcto pensar ambos modelos como equivalentes a la custodia militar rutinaria de centros de salud afectados por delincuencia común. La experiencia internacional debe estudiarse por la naturaleza de la amenaza y su finalidad, no por la imagen de soldados custodiando instalaciones.

Pero la principal omisión de la columna es que se parte de la existencia de una sobredemanda policial sin desarrollar una cuestión previa, que es determinar si se están empleando racionalmente los recursos de Carabineros. Esto exige examinar qué proporción de su dotación se encuentra absorbida por tareas que no son operativas, cuáles se pueden eliminar, simplificar o transferir a otras instituciones, revisar los sistemas de turnos, la distribución territorial, entre otros asuntos.

Por lo pronto, se podría considerar la reducción de las tareas administrativas, fortalecer la vigilancia tecnológica o revisar la asignación de efectivos a funciones protocolares o de apoyo, como la Guardia de Palacio, que a mi parecer constituye una capacidad subutilizada que reúne todas las condiciones, en cantidad y preparación, para ser desplegada en tareas operativas, incluida la protección de recintos de salud.

Nadie niega que la escasez de personal puede ser real, pero su existencia no demuestra, per se, que la solución deba buscarse en lo militar. Si el Estado dispone de una policía especializada, debe exigir primero que su empleo responda a la misión para la cual fue creada. Agotar todos los recursos en ese sentido.

La columna utiliza de forma demasiado amplia el concepto de infraestructura crítica. Que un hospital lo sea, no justifica que toda amenaza active automáticamente la protección militar, porque es necesario diferenciar entre agresiones a funcionarios, delitos en las inmediaciones o amenazas organizadas para asignar la respuesta correspondiente. O sea, una amenaza de una orgánica armada al funcionamiento de un hospital puede requerir capacidades militares, mientras que la delincuencia en el entorno de un Cesfam debe ser de responsabilidad policial. Así, la condición de infraestructura crítica no debe ser una habilitación genérica y automática para sustituir a carabineros por militares.

El general (r) plantea que la protección podría extenderse a colegios o estaciones de metro, lo cual es preocupante porque el universo de posibles despliegues se vuelve prácticamente infinito. El resultado sería una ampliación de las tareas militares en seguridad interior, no como consecuencia de nuevas amenazas, sino por la incapacidad del Estado para organizar su función policial.

Y los costos de esa ampliación los paga la ciudadanía en forma palpable. No son un simple argumento de defensa corporativa. Sobrecargar de misiones a las FF.AA. desgasta a su personal y medios y, por tanto, deteriora los despliegues actuales en las cinco regiones del norte y del sur que precisamente buscan contener la migración irregular y controlar la violencia rural. También se incentiva la postergación de las reformas policiales, porque hoy las FF.AA. compensan sus deficiencias. Las fuerzas armadas están siendo rehenes de su propia eficacia.

Asimismo, el general sostiene erróneamente que la aprobación de las RUF habría resuelto el vacío jurídico que dificultaba estos despliegues. Estas reglas regulan las condiciones bajo las cuales puede ejercerse legítimamente la coerción, lo que no equivale a establecer cuándo, dónde y para qué corresponde emplear a las FF.AA. Son cuestiones relacionadas, pero diferentes. Una decisión de despliegue militar debe contar con una habilitación jurídica específica, una misión claramente definida, una autoridad responsable, una delimitación territorial y reglas que establezcan las responsabilidades de quienes intervienen. Por lo tanto, la aprobación de las RUF no debería interpretarse como una autorización general para incorporar militares a cualquier tarea de seguridad interior.

Criticar esta propuesta no implica desconocer la gravedad de las amenazas que enfrentan los establecimientos de salud, sino responder con un modelo de seguridad escalonada. Primero, protección preventiva en seguridad física, control de accesos y coordinación con los municipios, para luego dar una respuesta policial especializada según evaluaciones de riesgo, y solo ante amenazas extraordinarias, empleo de algunos medios militares de manera excepcional y limitada. Así se respeta la competencia de policías y militares y se obliga a adoptar una dinámica de escalamiento, esencial en estos casos.

El problema no es disponer de más militares, sino emplear correctamente las capacidades del Estado. Primero hay que aprovechar al máximo los recursos de Carabineros y reservar la fuerza militar para amenazas que realmente la requieren, no usarla sencillamente porque está disponible. Lo contrario no fortalece la seguridad, sino que posterga las reformas pendientes, desgasta a unas FF.AA. ya sobrecargadas e impacta en las misiones de seguridad pública de la cual son responsables desde hace cinco años.