Ajustar sin crecer: el costo de una economía en piloto automático

En octubre el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5% por séptima reunión consecutiva, pero la minuta publicada reveló que algunos consejeros veían una base sólida para subirla a 4,75%. Días después, el INE les dio argumentos: el IPC de octubre subió 0,5% y la inflación anual saltó de 4,1% a 4,5%, impulsada por combustibles y alimentos, cada vez más lejos de la meta de 3%. El dólar, que hace pocas semanas rozaba los $1.000, cerró la semana cerca de $978, pero por factores en buena medida transitorios: la mayor venta de dólares fiscales, la caída del petróleo y el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Todo ello frente a una economía que este año crecería cerca de cero y un mercado laboral que no levanta cabeza. Cuando la política monetaria no solo no tiene margen para ayudar, sino que podría verse obligada a apretar, la responsabilidad de reactivar recae con más fuerza en la política fiscal y en la gestión del Ejecutivo. Y ahí es donde el balance del Gobierno resulta preocupante.

Empecemos por lo que el Gobierno exhibe como logro. Moody’s, Fitch y S&P ratificaron la nota soberana de Chile, y La Moneda lo presentó como un respaldo a su compromiso con la responsabilidad fiscal. Es una buena noticia, pero conviene leer la letra chica: mantener la nota no es mejorarla, y S&P advirtió que la consolidación está tomando más tiempo de lo previsto y que la deuda seguirá subiendo. Las clasificadoras premian la promesa de orden; no evalúan si ese orden se está logrando a costa del crecimiento y del empleo.

Y el empleo es la gran deuda de esta administración. El mercado laboral chileno ha entrado en una fase de deterioro que ya no puede explicarse simplemente por un aumento de las personas que buscan trabajo.

En julio-septiembre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 9,8%, 1,3 puntos porcentuales más que un año antes, mientras el número de ocupados cayó 1,1%, lo que significó la destrucción de 102.875 puestos de trabajo. Los desocupados llegaron así a 1.007.976 personas. El dato decisivo es que estamos frente a destrucción de empleo: la fuerza de trabajo apenas aumentó 0,3%, mientras los ocupados disminuyeron. El deterioro se concentra, además, en empleos de mayor calidad: los asalariados formales cayeron 2,5%, y la industria manufacturera redujo su ocupación en 8,1%, equivalente a casi 80.000 puestos de trabajo.

En una economía prácticamente estancada, resulta difícil imaginar una reducción significativa del desempleo. Más que un episodio coyuntural, las cifras muestran una economía que está dejando de generar empleos suficientes y, peor todavía, está destruyendo empleo formal y productivo.

El próximo dato de empleo se conocerá a fines de noviembre y nadie espera una mejora significativa, y el FMI no ve el desempleo bajo 8% sino hasta 2031. Es decir, el problema no es coyuntural. Con crecimiento cerca de cero, el desempleo no tiene cómo bajar. Cálculos especializados indican que se requiere crecer cerca de 3,7% solo para que el desempleo no suba. De ser así, es bien probable que la tasa de desempleo se estacione entre 9,5%-10% por varios trimestres.

Entre agosto y septiembre, el biministro Daniel Mas fue subiendo sus metas: 120 mil empleos a diciembre, luego 150 mil a fin de año, gracias a las iniciativas “Chile Despega” y “Modo Empleo”. La CPC e INACAP se sumaron con la “Cruzada por el Empleo” y su meta de 20 mil puestos, la que a fines de octubre acumulaba apenas más de 3.000 contrataciones. Los datos del INE no riman con la creatividad publicitaria de esas iniciativas; dicen otra cosa. Como ya se ha indicado, en julio-septiembre la desocupación llegó a 9,8%, 1,3 puntos más que un año antes. Los ocupados cayeron 1,1% en doce meses, lo que equivale a más de 100 mil empleos menos que en el mismo trimestre de 2025, y los asalariados formales retrocedieron 2,5%. Hoy hay más de un millón de desocupados. Mientras se multiplicaban los anuncios, el país terminó con menos trabajo y de peor calidad que un año atrás.

Frente a ello, el Presupuesto 2027 reduce en 30,7% los subsidios a la contratación, según un análisis de Rumbo Colectivo y del Observatorio de Políticas Económicas. Cuesta entender una estrategia de empleo que recorta precisamente los instrumentos diseñados para generarlo.

El problema del Presupuesto no es la austeridad en sí, sino su composición y su secuencia. El gasto crecerá 1,5% sobre lo ejecutado este año (2,7% si se compara con la ley aprobada, una discusión de base de cálculo que el ministro Jorge Quiroz ha tenido que aclarar más de una vez). Pero dentro de ese total, la inversión pública crece apenas 1,6%, menos que el aumento del gasto corriente. Es la fórmula clásica de los ajustes mal diseñados: se posterga lo que genera capacidad productiva y empleo futuro, mientras se protege lo que es más difícil de recortar. Un editorial de Diario Financiero advirtió sobre el riesgo de que el ajuste vuelva a recaer en la inversión y la infraestructura.

A eso se suma una pregunta de fondo sobre la sostenibilidad. Parte del financiamiento proviene de ingresos transitorios de la ley de reconstrucción y de un precio de referencia del cobre más alto, recursos que se están usando, en parte, para financiar rebajas tributarias permanentes. Financiar una baja permanente de impuestos con ingresos que pueden desaparecer con el próximo ciclo del cobre no es responsabilidad fiscal: es trasladar el problema al próximo gobierno. De hecho, según los análisis ya citados, con los parámetros actuales, la meta de déficit estructural para 2030 no se cumpliría.

Las cifras más recientes agravan esa inquietud. Según la Dipres, la deuda bruta del Gobierno Central llegó a 44,7% del PIB en el tercer trimestre, desde 43,0% en el segundo, y quedó a solo 0,3 puntos del nivel prudente de 45%. Hacienda atribuye unos 0,7 puntos de ese salto a la depreciación del peso y proyecta cerrar el año en 42,7%, pero la holgura es mínima: basta una depreciación sostenida para cruzar el umbral. Con un margen tan estrecho, comprometer rebajas tributarias permanentes con ingresos transitorios deja de ser una apuesta discutible y pasa a ser un riesgo concreto.

La gestión política del Presupuesto tampoco transmite convicción. Hacienda propuso recortar $250 mil millones a los gobiernos regionales y luego lo revirtió en una cena con gobernadores y senadores en Cerro Castillo. Abrió la puerta a mantener programas que había eliminado. Llegó al Congreso a negociar “punto por punto”, ya no solo con la oposición sino con su propia coalición. Si un recorte se puede deshacer en una sobremesa, cabe preguntarse si tenía un fundamento técnico sólido desde el inicio, o si el ajuste se diseñó con más apuro que diagnóstico.

El paso del proyecto por la Comisión Mixta confirmó esa falta de coherencia. El Presupuesto se despachó el 6 de noviembre con las partidas de Educación y Ciencia rechazadas y con un recorte adicional a los subsidios a la contratación, que bajarían de unos $194 mil millones a cerca de $89 mil millones según estimaciones de la oposición, además de cinco programas del Sence. Ocurre mientras el propio Gobierno se fija la meta de crear 100 mil empleos antes de fin de año y el subsidio Chile Despega recibe unas 150 mil postulaciones para 100 mil cupos. La demanda por estos instrumentos existe; lo que falta es una política que no los desarme con una mano mientras los promociona con la otra. El ministro Quiroz anticipa reposiciones en la Cámara, sobre todo en Educación y Salud. Está por verse si el empleo entra en esa lista.

Nadie discute que había que ordenar las finanzas públicas tras años de ingresos sobreestimados. La pregunta es si el orden fiscal es un fin en sí mismo o una herramienta para crecer. El Gobierno promete un repunte de 3,3% en 2027, bastante más optimista que el consenso del mercado, y confía en que la confianza empresarial y las reformas tributarias harán el resto, cuestión que no está avalada por ninguna experiencia reciente, ni en Europa ni en Estados Unidos. Habrá que recordar además que buena parte de ese repunte no será más que rebote estadístico, dada la baja base de comparación. Por lo demás, las propias proyecciones de crecimiento del gobierno para el trienio 2028-2030 rondaban el mismo 2% que tanto fue denostado en la campaña presidencial. Recién en el informe de la Dipres de octubre 2026, se eleva esa proyección promedio a un 3,1%, apoyada en una estimación bien optimista de la reacción de la inversión.

En cualquier caso, con más de un millón de personas sin trabajo, la apuesta de esperar a que la inversión privada llegue sola es demasiado arriesgada. Ajustar sin una estrategia de crecimiento no es responsabilidad: es poner la economía en piloto automático y esperar que el viento sople a favor.