Los diputados de la UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu se refirieron al caso de Bernarda Vera, mujer que figuraba como detenida desaparecida y que fue ubicada viviendo en Argentina. Por ello, exigieron recuperar los recursos que -acusaron- fueron pagados de manera fraudulenta a sus familiares, incluso apuntándola como una “falsa detenida desaparecida”.
Recordemos que, a más de 50 años después de que fuera incorporada al listado oficial de detenidos desaparecidos por la dictadura, un examen de ADN confirmó que la mujer localizada en Argentina corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo.
Frente a este escenario, la jefa y el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, junto al diputado y exintegrante de la Comisión de Derechos Humanos, Daniel Lilayu, llamaron al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a perseguir las eventuales responsabilidades y lograr la restitución de los fondos involucrados a la “falsa detenida desaparecida”.
Los antecedentes
A través de un comunicado, los parlamentarios señalaron que un reportaje de Chilevisión de septiembre de 2025 ubicó en Argentina a una mujer que presuntamente correspondía a Vera.
Agregaron que esta información habría sido posteriormente confirmada por la administración anterior, la que reconoció que en junio de 2024 ya había recibido antecedentes contradictorios sobre el caso. Esto, luego de que el Gobierno de Suecia informara a Chile que le había brindado la nacionalidad, en calidad de refugiada, a una persona con su mismo nombre.
Con todo, este lunes se confirmó que el examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML) estableció una probabilidad mayor al 99,999% de que la mujer encontrada en Argentina corresponde a Vera.
El oficio al IPS por pensión
En ese contexto, los parlamentarios recordaron un oficio que enviaron en la misma fecha al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que confirmó que, por figurar individualizada en el Informe Rettig, se le otorgó una pensión a la madre de la mujer hasta su muerte y a su hija hasta que cumplió 25 años.
Además, el IPS indicó que, si cambia la condición de víctima de Vera, “se realizarán todas las gestiones pertinentes para recuperar los pagos indebidamente percibidos”.
UDI pide acciones al Gobierno y al CDE
Con estos antecedentes, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos que fueron entregados a los familiares de Vera.
En esa línea, afirmaron que “si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad”.
Asimismo, advirtieron que lo confirmado por el Poder Judicial constituye un hecho grave que amerita que el Gobierno ejerza todas las acciones que correspondan.
“Durante años e incluso décadas, el Estado reconoció como víctima a una persona que estaba viva y otorgó millonarios recursos a sus familiares. Por lo tanto, no basta con que el caso llegue hasta aquí”, escribieron los parlamentarios.
Finalmente, sostuvieron que esos recursos pertenecen a los chilenos y que “nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años”.
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