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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobierno chileno defendió ante Estados Unidos los mecanismos contra el trabajo forzoso, mientras se denunciaron casos de explotación laboral. Se impuso un arancel del 12,5% a exportaciones chilenas, generando rechazo y afectando gremios como la industria del agro y el salmón, quienes acusan daño a la imagen del país.

Mientras el gobierno defendía ante Estados Unidos los mecanismos de Chile para prevenir el trabajo forzoso, la Fundación Libera y el Centro Ecoceanos denunció casos de explotación laboral.

La controversia coincidió con la imposición de un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas, lo que fue rechazado de manera transversal por los distintos gremios afectados y el Ejecutivo, quien anunció que insistirá en las negociaciones bilaterales.

La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, dijo a Radio Bío Bío que utilizaron un mecanismo institucional abierto y transparente para exponer denuncias que han sido planteadas durante años, sin ninguna respuesta.

Dicha postura fue cuestionada por la industria del agro y el salmón, quienes fueron apuntados directamente en la denuncia.

La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, acusó a las fundaciones de dañar deliberadamente la imagen de Chile al mezclar temas distintos y en base a mentiras.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, reaccionó molesto tras este nuevo arancel. A su juicio, afecta la credibilidad de nuestro país y pasa por alto el Tratado de Libre Comercio vigente con el país norteamericano.

En conversación con el Expreso Bío Bío, la subsecretaria Paula Estévez, quien lideró el grupo negociador con el país norteamericano, afirmó que el escenario está abierto, apelando a las negociaciones bilaterales que siguen en desarrollo.

Para gran parte de la industria golpeada por esta nueva carga impositiva, la medida unilateral afectará toda la cadena de producción, lo que se traduce en mayores costos para los consumidores y genera incertidumbre en los inversores.

Por su parte, el Gobierno detalló que el 2,5% de diferencia entre el antiguo impuesto y el que entró en vigor este viernes se traduce en 212 millones de dólares.

Paralelamente, se espera que las negociaciones con Estados Unidos se mantengan y la tasa arancelaria llegue finalmente a cero. Para eso se fijaron un plazo aproximado de dos meses.