Este jueves, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) del Poder Judicial presentó un amparo gremial ante la resolución del Pleno de la Corte Suprema que ordenó la apertura masiva de cuadernos de remoción contra ministros/as y jueces.
La decisión fue adoptada luego de que magistrados afectados solicitaran respaldo, argumentando que la medida pone en riesgo la inamovilidad e independencia judicial, además del debido proceso disciplinario.
A través de un comunicado público, la ANMM aclaró que no busca pronunciarse sobre los hechos que originaron las investigaciones disciplinarias, sino cuestionar la decisión de la Corte Suprema de abrir nuevos cuadernos de remoción respecto de casos que, según afirma, ya fueron investigados y resueltos mediante resoluciones firmes.
“La cuestión sometida a conocimiento de esta Asociación se circunscribe, en cambio, a determinar si la decisión de la Excma. Corte Suprema de ordenar la apertura de “cuadernos de remoción” invocando el artículo 80 de la Constitución Política de la República resulta compatible con las garantías que estructuran el Estado de Derecho, particularmente con la inamovilidad y la independencia judicial”, detalla el documento entregado al Pleno de la Corte Suprema.
La asociación sostuvo que esta práctica podría constituir un doble enjuiciamiento, vulnerando el principio de non bis in idem —que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos— y las garantías del debido proceso.
El amparo también sostiene que la causal de “falta de buen comportamiento” no está claramente definida, lo que permite a la cúpula judicial tomar decisiones con un margen de discrecionalidad, algo que consideran incompatible con las garantías que deben proteger la independencia de juezas y jueces.
Además, la ANMM criticó la estructura del Poder Judicial, señalando que la Corte Suprema actúa simultáneamente como “parte y juez”, lo que, a su juicio, afecta las garantías procesales de los magistrados involucrados.
Finalmente, la organización afirmó que la independencia e inamovilidad judicial son garantías para la ciudadanía.
En este contexto, anunció que esta resolución será incorporada en presentaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, con el fin de impulsar cambios al sistema de gobierno judicial chileno.
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