El senador Miguel Ángel Calisto valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de dejar sin efecto la audiencia en la que debía revisarse la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía Regional de Aysén.
La determinación se produjo luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir por 60 días la investigación por fraude al fisco que enfrenta el parlamentario.
Tras conocerse la resolución, Calisto afirmó que la decisión responde a que la indagatoria en su contra se encuentra nuevamente abierta y que, durante este nuevo plazo, se realizarán diligencias solicitadas por su defensa.
“Valoramos la decisión que ha tomado la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de dejar sin efecto la solicitud de desafuero en mi contra. Esto a raíz de la resolución que sacó también el Tribunal de Garantía de Coyhaique, quien señaló de manera clara y explícita que la investigación no está cerrada, la investigación está abierta”, sostuvo.
Cabe precisar que lo dejado sin efecto por la Corte fue la audiencia en que se revisaría la solicitud de desafuero, luego de la reapertura de la investigación.
Calisto acusa vulneración de su derecho a defensa
El senador destacó que el tribunal dispuso 60 días adicionales de investigación y acogió diligencias solicitadas por su defensa para intentar esclarecer los hechos por los cuales ha sido acusado.
“Como cualquier chileno, tenemos el legítimo derecho a defendernos y a poner los elementos en la investigación”, señaló.
En esa línea, Calisto cuestionó la primera etapa del procedimiento y acusó que se habría afectado su derecho a defensa.
“Nosotros creemos que acá, en la primera instancia, se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria”, afirmó.
A juicio del parlamentario, la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique permitió corregir esa situación.
“Hoy día lo que ha hecho el Tribunal de Garantía de Coyhaique es respetar los procedimientos y, en segundo lugar, lo que ha hecho la Corte de Apelaciones de Puerto Montt es una señal clara del funcionamiento de las instituciones”, agregó.
Finalmente, Calisto aseguró que continuará desempeñando sus funciones mientras avanza la investigación.
“Por lo tanto, seguimos funcionando, ejerciendo nuestro rol senatorial en la región de Aysén, por supuesto, y en el país”, concluyó.
La causa contra el senador se inició en 2021 a partir de una denuncia por un eventual fraude al fisco relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias.
La Fiscalía sostiene que existen antecedentes que vincularían al entonces diputado con un esquema mediante el cual recursos públicos habrían terminado beneficiándolo a través de contrataciones de asesorías. La defensa ha rechazado las imputaciones.
Durante los próximos 60 días, el Ministerio Público deberá realizar las diligencias ordenadas tras la reapertura de la investigación. Mientras esta permanezca abierta, no puede avanzar la tramitación de la solicitud de desafuero.
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