La reapertura de la investigación por fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto cambió el escenario judicial de la causa. Para su defensa, la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique no solo deja sin piso la acusación presentada por la Fiscalía, sino que también impide que continúe la tramitación del desafuero del parlamentario mientras la investigación siga abierta.
Así lo sostuvo el abogado César Ramos, quien insistió en que tanto la acusación como la solicitud de desafuero dependen de un requisito básico: que la etapa investigativa haya concluido.
“Ambas decisiones del Ministerio Público, tanto la decisión de acusar como la de solicitar el desafuero de un parlamentario, suponen una premisa esencial e indiscutible: que la investigación se encuentre cerrada”, afirmó en radio ADN.
La estrategia de la defensa del senador Calisto
La causa fue reabierta por 60 días luego de que el tribunal acogiera diligencias solicitadas por la defensa de Felipe Klein, otro de los imputados. En paralelo, quedó fijada para el 27 de julio una audiencia donde se debatirá si también se incorporan nuevas diligencias pedidas por la defensa de Calisto.
Para Ramos, el efecto jurídico es claro.
“¿Cuál es el efecto de esto? Que la Fiscalía debe realizar esas diligencias. Por lo tanto, la investigación hoy se encuentra abierta. Si la Fiscalía está investigando y debe hacerlo bajo el principio de objetividad, no puede entenderse que exista una acusación ni una solicitud de desafuero vigente”, sostuvo.
En esa línea, aseguró que el siguiente paso debería venir desde la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde este viernes estaba programada la audiencia para revisar el desafuero del senador.
“Lo que estamos esperando ahora es una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, debido a la reapertura, deje sin efecto la audiencia del viernes”, indicó.
Defensa niega maniobras dilatorias
La reapertura de la investigación también marca el rumbo de la estrategia que seguirá el equipo jurídico del parlamentario.
Según el abogado Ramos, el objetivo es que el Ministerio Público incorpore diligencias que permitan contrastar los nuevos antecedentes que dieron origen a la acusación, especialmente las declaraciones de los excolaboradores de Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf.
El abogado explicó que esas declaraciones fueron obtenidas por la Fiscalía pocos días antes del cierre de la investigación, lo que, a su juicio, dejó a la defensa sin margen para pedir nuevas diligencias.
“La Fiscalía tenía plazo de investigación hasta el 9 de julio, es decir, todavía no se cumple el plazo que originalmente había fijado el tribunal. La Fiscalía obtuvo el 23 de junio las conocidas declaraciones del señor Cárcamo y de la señora Graf, y cerró la investigación sin entregárnoslas como defensa”, afirmó.
A juicio del defensor, esos testimonios contenían nuevas imputaciones contra el senador que solo pudieron conocer cuando la investigación ya estaba cerrada. Por ello, rechazó que las solicitudes de nuevas diligencias busquen extender artificialmente el proceso.
“Lo que esta defensa está haciendo es simplemente asegurar que la Fiscalía investigue también los antecedentes que permiten refutar esas declaraciones”, sostuvo.
Ramos también cuestionó el momento en que los excolaboradores modificaron su versión de los hechos, tras varios años de investigación, y atribuyó la reapertura de la causa a una decisión “intempestiva y apresurada” del Ministerio Público.
La causa investiga un presunto esquema de fraude al fisco mediante asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, nunca fueron realizadas cuando Calisto era diputado. Antes de la reapertura, el Ministerio Público había presentado acusación en contra del senador y solicitado una pena de 12 años de presidio, además de requerir nuevamente su desafuero para llevar el caso a juicio oral. Con la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique, ese escenario quedó, al menos por ahora, en suspenso.
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