La Fundación Hijos y Madres del Silencio expresó su más profunda preocupación e indignación ante la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de poner fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), según reveló BioBioChile. La instancia especializada había nacido formalmente hace apenas cuatro meses.
Por medio de una declaración pública, la fundación expuso que el cierre se produce al mismo tiempo en que el Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega entregó a Chile un informe final de más de 750 páginas.
De acuerdo con la agrupación, este documento dedica un capítulo completo al caso chileno, documentando que, entre 1985 y 2016, 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega, la mayoría recién nacidos y de origen mapuche, tramitados en su gran mayoría a través del juzgado de menores de Temuco.
El contraste apuntado por la fundación señala que “mientras un país receptor reconoce con rigor institucional los errores de su Estado, el país de origen de los niños y niñas adoptados desmantela la única unidad especializada en investigar lo ocurrido y ayudar a las familias a reencontrarse”.
El comité noruego concluyó de manera categórica que “no fue apropiado conceder la autorización para la mediación a Chile en ese momento”, dado que el país se encontraba bajo dictadura militar y las autoridades noruegas tenían conocimiento de ello.
Patrones documentados por la fundación
El informe describe patrones que la Fundación Hijos y Madres del Silencio documentó durante años a través del testimonio directo de sus madres. Se trata de mujeres a quienes se les informó que sus hijos habían nacido muertos, sin que se les entregara jamás un cuerpo ni un certificado de defunción verificable.
El documento también da cuenta de resoluciones judiciales que describían a estas madres —pobres, jóvenes, en su mayoría indígenas— con lenguaje despectivo, atribuyendo su situación a un supuesto “atraso social y cultural”.
El informe revela, además, un hecho hasta ahora no conocido públicamente: el representante legal que gestionaba las adopciones desde Chile hacia Noruega —quien percibía hasta mil dólares por cada niño enviado al extranjero— otorgó un préstamo personal a la misma jueza que decidía qué niños podían ser declarados adoptables y a qué familia se les entregaba. El propio comité noruego calificó esta situación como un riesgo real de corrupción en el proceso, expuso la Fundación.
Ante ello, la organización advirtió que no es casualidad que esta decisión se tome justo cuando Europa comienza, país por país, a mirar de frente su responsabilidad histórica en este capítulo doloroso. En cambio, lo interpretan como una señal preocupante sobre las prioridades del Estado chileno frente a miles de familias que aún buscan respuestas.
Fundación acusa incumplimiento legal del Estado
Según la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares no fue creada como un gesto discrecional de buena voluntad del Estado. Su origen responde a un mandato legal explícito, establecido por la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, que obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desarrollar investigaciones administrativas cuando el Poder Judicial lo requiera, junto con acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas.
Esta obligación constituye, añadió la organización, la vía institucional para dar cumplimiento al derecho a la identidad reconocido en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, así como al principio de subsidiariedad consagrado en el Convenio de La Haya de 1993. La Resolución Exenta N°207 no deroga esta obligación legal, pero deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplirla.
“Como han advertido funcionarios del propio ministerio, basta un requerimiento judicial para que quede en evidencia que hoy no existe capacidad institucional para responder”, se lee en la declaración de la Fundación. Recordemos que la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira, dejó sin efecto la resolución que creó la unidad y desvinculó a los tres profesionales que integraban el equipo, cuyas labores terminaron el pasado 30 de junio.
La misión de la UBAFI era específica y delicada: ayudar a reconstruir historias rotas, rastrear orígenes, buscar familias y facilitar reencuentros. La resolución que la creó hablaba de búsqueda documental, análisis genético, coordinación con consulados y embajadas, acompañamiento psicológico y apoyo jurídico, además de reencuentros familiares y cooperación internacional. Sin embargo, el proyecto duró poco menos de medio año.
Exigencias al Gobierno
Frente a estos hechos, la Fundación Hijos y Madres del Silencio exige formalmente al Gobierno la reversión inmediata de la Resolución Exenta N°207 y el restablecimiento de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares, con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir su mandato legal. También demandan la puesta en marcha efectiva del Banco de Huellas Genéticas, comprometido desde febrero de 2026 y que, a la fecha, no ha comenzado a operar.
La organización exige, además, una explicación pública y detallada de los criterios que llevaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desmantelar esta unidad apenas cuatro meses después de su creación, y del destino de las funciones y casos que esta tenía en curso. Piden la revisión de los casos de adopciones hacia Noruega a la luz de los hallazgos del informe NOU 2026:7, en coordinación con la investigación penal actualmente a cargo del ministro en visita, Alejandro Aguilar.
Por último, la Fundación exige garantías concretas de que la reasignación de funciones al gabinete de la Subsecretaría contará con capacidad real —no meramente nominal— para atender los requerimientos judiciales y las solicitudes de búsqueda de origen que la ley exige.
Revisa la declaración, aquí:
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