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Materializada la venta de la denominada “casa de Allende”, ubicada en Guardia Vieja 392, por mil millones de pesos a una empresa que la destinará a oficinas, queda seriamente cuestionado el argumento del legado histórico que supuestamente se buscaba preservar.
La familia tenía pleno derecho a vender su propiedad. Sin embargo, resulta revelador que, cuando el comprador era el Estado, la operación fuera presentada como un deber patrimonial de todos los chilenos; pero, cuando apareció un comprador privado, aquel legado dejó de exigir la conservación del inmueble como museo.
La operación contemplaba que el Fisco pagara cerca de mil millones de pesos y que, posteriormente, la administración del inmueble fuera entregada en comodato a una fundación controlada por la familia Allende. En otras palabras: el Estado pagaba la casa, pero se mantenía bajo el control de la misma familia.
Frente a ello, en enero de 2025, desde la Fundación Fuerza Ciudadana presenté la acción penal que dio origen a la investigación. Posteriormente recurrí ante el Tribunal Constitucional respecto de Maya Fernández; solicitamos diligencias y declaraciones, e insistimos ante la Fiscalía Nacional cuando el fiscal Patricio Cooper resolvió no perseverar. Como señalé al cerrarse la investigación, “hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable”.
También ejercimos una acción penal por la contratación directa, con fondos públicos, del abogado particular de Gabriel Boric por 350 UF. Cuando se pretendió sobreseer definitivamente esa causa, apelamos y la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento, estimando que no aparecía suficientemente justificada la necesidad pública de dicha contratación.
Pero Guardia Vieja no fue el único antecedente que investigamos. “Al ir hilando más fino, llegamos a este contrato del 2004, que es por trato directo”: la venta realizada por el Serviu Metropolitano del Palacio Heiremans, ubicado en República 475, a la Fundación Salvador Allende.
El inmueble fue vendido por 27.493 UF, pagaderas en diez cuotas anuales. La fundación dejó de pagar en 2007 y mantuvo la deuda durante años, sin que el Serviu ejerciera oportunamente las acciones de cobro, resolución del contrato o ejecución de la hipoteca. Posteriormente, la deuda —cercana a $556 millones— fue saldada mediante la dación en pago de una colección de 93 obras de arte.
Lo insólito es que el propio Serviu reconoció que las obras fueron entregadas ficticiamente, porque en el mismo acto quedaron depositadas físicamente en manos de la propia fundación. Años después, el organismo todavía gestionaba su traslado. La Contraloría, además, dejó constancia de que no aparecía cumplida la normativa exigida para prescindir de una subasta o propuesta pública, aunque declaró prescritas las responsabilidades administrativas, sin pronunciarse respecto a que dicha venta padecía de Nulidad Absoluta, al no haber autorizado ni el Ministro de Hacienda ni el de Vivienda de la época.
Ante estos antecedentes, ampliamos la demanda de nulidad de derecho público ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, solicitando que el Palacio Heiremans sea restituido al patrimonio del Serviu Metropolitano. También oficiamos al Serviu, al Consejo de Defensa del Estado y al Museo Nacional de Bellas Artes para que asumieran sus responsabilidades. El propósito lo resumí entonces en una frase: “devolver al pueblo lo que es del pueblo”.
La Fundación Allende defendió la legalidad de la dación en pago y la independencia de las tasaciones -pese que eran personas ligadas a dicha fundación-. Corresponderá a los tribunales resolverlo. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué una entidad privada vinculada a una familia políticamente influyente pudo adquirir directamente un inmueble fiscal, dejar de pagar durante años, saldar la deuda con obras que permanecieron bajo su propia custodia y continuar recibiendo cuantiosos aportes estatales.
La venta privada de Guardia Vieja termina por despejar la duda política: aquí jamás existió un sentimiento prístino de vitrificar un supuesto legado del expresidente Salvador Allende, sino que solo querían dinero, mucho dinero a costa del pueblo.
El negocio de la familia era cuantioso, porque se le añadía un “pequeño” regalo, unos 500 millones para la futura administración del museo que pretendían crear que serían dados a alguna fundación controlada por la familia Allende.
Es completamente legítimo, entendible y hasta exigible que toda persona busque el lucro, satisfacer su máximo interés patrimonial en beneficio propio es un deber de cada ciudadano, incluidos los integrantes de la familia Allende. Lo que no resulta legítimo es hacerlo a través de mentiras, trampas u ocultamientos, mediante la creación de artimañas jurídicas, para obtener impávidamente dicho lucro de los recursos del pueblo.
