La sociedad chilena sabe más sobre sí misma hoy que en cualquier momento de su historia. Sabemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado la pobreza, el desempleo y la composición de los hogares, cuáles son los principales temores de la ciudadanía y cómo se relaciona ésta con las instituciones.

Estos conocimientos no vienen de la nada. Se explican por la existencia de una infraestructura. Las políticas de formación de capital humano avanzado y de financiamiento a la investigación científica han fortalecido la capacidad de producir investigación académica con altos estándares. Simultáneamente, desde el Estado y organismos internacionales se ha hecho un esfuerzo notable por construir capacidad de producir estadísticas que ha servido de base para muchas de esas investigaciones. Esto ha dotado a Chile de uno de los mejores ecosistemas de producción de conocimiento de la región, o incluso del mundo fuera de la OCDE.

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Pero ese ecosistema es un gigante con pies de barro. El hecho que Chile sea hoy un país de ingreso medio ha producido un retiro progresivo del capital internacional que antes financiaba a sus ciencias sociales. Este retiro se ha realizado en parte bajo el supuesto que Chile cuenta con recursos propios para financiar su propio conocimiento. Sin embargo, hoy el país destina un 0,4% de su PIB a la investigación y desarrollo contra el 2,7% promedio de la OCDE. En este contexto, ANID no es una fuente de financiamiento entre muchas, sino la principal y una particularmente eficiente, especialmente en un país con cultura filantrópica débil y poca inversión en investigación desde el sector privado.

Allí se inserta la discusión sobre el cambio en las bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027. Como muchos analistas han insistido, es razonable que el Estado defina áreas prioritarias, pero delimitar el 70% de los proyectos deja un magro margen de 30% para dimensiones de la vida social que los cientistas sociales sabemos que son clave.

Las áreas prioritarias definidas son, por sí solas, razonables. Sin duda necesitamos saber más sobre la productividad y el crimen organizado. Pero también necesitamos seguir monitoreando la pobreza, la desigualdad y la desconfianza en las instituciones para entender esas mismas áreas. El crimen organizado no se entiende sin migración, informalidad y confianza en las policías. La productividad no se entiende sin educación, cuidados y participación laboral femenina. Definir las prioridades por adelantado, sin consultar a quienes investigan, arriesga nuestra capacidad para anticiparnos.

La producción de conocimiento, para ser efectiva, debe ser constante. No se puede prender y apagar cada cuatro años. El hecho de que cada poco tiempo la sociedad chilena nos sorprenda y nos deje sin entender lo que pasa debería ser una advertencia. En octubre de 2019 las élites políticas se volvieron con urgencia hacia las ciencias sociales, preguntándose cómo “nadie lo vio venir”. En ese momento pudimos recurrir a un acervo de estudios que ya había descrito el malestar ciudadano, tales como los de Kathya Araujo, Juan Pablo Luna y el PNUD. Al desfinanciar las ciencias sociales estamos desmontando nuestra capacidad de encontrar respuestas a preguntas que serán cruciales pero aún no nos hacemos.

Lamentablemente, el retiro de fondos a las ciencias sociales es una tendencia mundial. Sin embargo, en el caso chileno observamos con preocupación que la resistencia parece ser particularmente amplia. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, la queja no es a estudiar la sociedad per se sino contra la percepción de politización, en el caso chileno se pone en duda la utilidad general de las ciencias sociales. La ministra Lincolao disputó la relevancia de financiar estudios sobre partidos políticos de cualquier corriente, en el mismo momento en que nos preguntamos por la crisis de los partidos. El presidente Kast cuestionó a la CASEN y la utilidad de los libros. Lo que incomoda no está reducido a lo “woke”.

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Esto es fuertemente contradictorio con la valoración discursiva que hace el gobierno de los “datos”. Los recortes presupuestarios de ANID amenazan con que en el futuro los cientistas sociales dejemos de contar con esos datos e investigaciones actualizadas. Esto puede producir, que al momento de buscar respuestas, solo podamos regurgitar hallazgos viejos o hipotetizar sin evidencia.

En ese vacío lo único que quedará son opinantes profesionales, haciendo un remix de investigaciones ya hechas o, quizás, ni siquiera molestándose en revisarlas. La conversación sobre la sociedad se estrechará a pocas voces, a impresiones y anécdotas, a lo que se diga en redes sociales y los datos que ya han alimentado los modelos IA. Esto nos puede conducir a un apagón epistemológico, donde la política y el debate público se vayan quedando paulatinamente ciegos frente a la sociedad que pretenden describir, explicar y dirigir.

Marcos González
Macarena Orchard
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UDP

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