Dos niñas chilenas reembarcadas: cuestionan actuar de Migraciones por impedir ingreso de su madre

Durante casi todo un día, dos niñas chilenas de 6 y 10 años permanecieron junto a su madre haitiana en dependencias del Aeropuerto Arturo Merino Benítez sin saber cuál sería su destino. Afuera, el país celebraba el Día del Niño. Dentro del terminal aéreo, en cambio, el tiempo transcurría entre llamados telefónicos, oficios urgentes y versiones contradictorias sobre una decisión que terminaría enfrentando el derecho de ambas menores a ingresar a Chile con el impedimento migratorio que pesaba sobre su madre, su principal cuidadora.

La reconstrucción realizada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, a partir de antecedentes obtenidos durante el reporteo y posteriormente corroborados mediante oficios, comunicaciones institucionales y declaraciones oficiales, permite establecer que durante horas distintos organismos del Estado intentaron encontrar una salida. Mientras algunas autoridades sostenían que existía una vía para autorizar el ingreso de la madre junto a sus hijas, otras afirmaban exactamente lo contrario. Finalmente, las tres fueron reembarcadas con destino a Estados Unidos.

Los documentos conocidos posteriormente revelan una secuencia de comunicaciones cruzadas, gestiones de última hora y decisiones que terminaron siendo cuestionadas por la Defensoría de la Niñez, al estimar que no se habría ponderado el interés superior de las dos niñas chilenas antes de ejecutar el reembarque.

Las menores —identificadas únicamente por sus iniciales en los antecedentes oficiales— no tenían impedimento alguno para ingresar a Chile. Sin embargo, abandonaron el país pocas horas después de aterrizar junto a su madre, la ciudadana haitiana Estephania Brutus Renois, a quien se le negó el ingreso debido a que su residencia definitiva había sido revocada tácitamente tras permanecer más de dos años fuera de Chile sin solicitar la prórroga legal correspondiente.

Todo comenzó cerca del mediodía del domingo 9 de agosto, cuando diversas instituciones fueron alertadas de la situación que afectaba a dos niñas chilenas, de padre chileno, que habían llegado desde Estados Unidos junto a su madre. Mientras las menores no enfrentaban ninguna restricción para ingresar al país, la mujer sí mantenía una prohibición migratoria, generándose un escenario cuya resolución ya no dependía únicamente del procedimiento policial.

Las niñas se encontraban en una situación completamente distinta a la de su madre. Al ser chilenas, no existía impedimento legal para su ingreso. Sin embargo, ambas viajaban con quien ejercía su cuidado principal y, según los antecedentes recopilados durante las gestiones institucionales, era además el único vínculo familiar que tenían en Chile.

Fue ahí cuando comenzó una verdadera carrera contra el tiempo.

Según la información que tuvo a la vista Radio Bío Bío, durante gran parte de la tarde la Policía de Investigaciones recibió y transmitió antecedentes entre distintos organismos mientras se esperaba una definición sobre el destino de la madre y de sus dos hijas.

En ese contexto comenzaron a surgir versiones completamente opuestas.

Una de las primeras comunicaciones daba cuenta de que el Tribunal de Familia de Pudahuel habría autorizado verbalmente el ingreso de la madre y de las menores. Sin embargo, conforme avanzaban las verificaciones realizadas por otras instituciones involucradas en el procedimiento, esa información comenzó a desmoronarse.

Los nuevos antecedentes indicaban que la Corte de Apelaciones había rechazado una orden de no innovar presentada dentro de un recurso de amparo en favor de la madre y que, paralelamente, el ingreso condicionado solicitado ante el Servicio Nacional de Migraciones también había sido rechazado.

Pero las comunicaciones no se detuvieron.

Con el correr de las horas volvió a instalarse una nueva versión. Finalmente se estableció que la supuesta autorización del Tribunal de Familia correspondía, en realidad, a una confusión con otro procedimiento y que la decisión administrativa seguía siendo impedir el ingreso de la ciudadana haitiana, pese a tratarse de la madre, reconocida en el Registro Civil, de dos niñas chilenas, mientras no existiera una resolución judicial que modificara esa situación.

Fue precisamente esa sucesión de hechos la que quedó plasmada en los oficios enviados posteriormente por la Defensoría de la Niñez a distintas autoridades del Estado. Los documentos no solo reconstruyen las gestiones realizadas durante esa jornada, sino que además dejan constancia de las versiones incongruentes que circularon entre los organismos públicos mientras las horas seguían transcurriendo para las dos niñas.

Uno de esos antecedentes revela incluso que se intentó contactar directamente al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para advertir la gravedad del caso, por parte de la Defensoría de la Niñez. Según consta en el oficio, no hubo respuesta antes del envío formal del documento.

Fue en ese mismo oficio donde quedó registrado el cuestionamiento que marcaría todo el procedimiento.

El documento sostiene que, conforme a los antecedentes disponibles al momento de los hechos, “no se había ponderado el interés superior de las niñas, de nacionalidad chilena, a efectos de evaluar la decisión de la autoridad administrativa”, transformándose en el principal reparo institucional que quedó formalmente consignado tras el procedimiento.

Hasta ahora se desconoce cuál fue el destino de las dos niñas tras su reembarque a Estados Unidos. No existe información oficial que permita establecer si quedaron en libertad junto a su madre o si pasaron a quedar bajo algún procedimiento de custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, particularmente bajo Immigration and Customs Enforcemen (ICE).

“No se ponderó el interés superior de las niñas”

Consultada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la Defensoría de la Niñez confirmó que, apenas tomó conocimiento del caso, desplegó gestiones con las autoridades competentes. Según su declaración, la jefa de gabinete del organismo se contactó con el Servicio Nacional de Migraciones, donde inicialmente se le informó que existía una autorización verbal del Tribunal de Familia de Pudahuel para el ingreso de la madre y sus dos hijas. Sin embargo, esa versión fue posteriormente rectificada y se mantuvo la decisión administrativa de impedir el ingreso, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de un recurso de amparo.

El organismo también sostuvo que el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, intentó comunicarse directamente con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, para advertir “que no se había ponderado el interés superior de las niñas, de nacionalidad chilena, al adoptarse la decisión”. Agregó que dichas comunicaciones “no obtuvieron acuso de recibo ni respuesta” y que, hasta la emisión de su declaración, la institución desconocía la situación actual de ambas menores, calificando aquello como “especialmente grave y preocupante”.

En su respuesta, la Defensoría informó además que despachó oficios al Servicio Nacional de Migraciones, a la Cancillería y a la ministra encargada de Asuntos de Familia e Infancia de la Corte Suprema. Asimismo, recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a que el interés superior de niños, niñas y adolescentes sea considerado como un elemento primordial en toda decisión administrativa o judicial que los afecte, concluyendo con un llamado a que “todos los órganos del Estado” actúen coordinadamente para proteger a las dos niñas chilenas y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Las niñas no fueron impedidas de ingresar”

Desde el Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que la madre de las menores fue impedida de ingresar al país luego de que la Policía de Investigaciones verificara que su permiso de residencia definitiva había quedado tácitamente revocado tras permanecer más de dos años fuera de Chile sin solicitar la prórroga correspondiente, configurándose una causal legal de prohibición de ingreso.

Respecto de las dos niñas chilenas, el organismo enfatizó que “no fueron impedidas de ingresar al territorio nacional”. No obstante, precisó que, debido a que la madre no podía ingresar al país por no cumplir los requisitos migratorios, “las 2 niñas acompañaron a la adulta priorizando el bienestar integral de la familia”.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migraciones explicó que la revocación afectó únicamente el permiso migratorio de la madre y no la vigencia de su cédula de identidad. Agregó que la legislación vigente contempla alternativas para regularizar su situación, entre ellas solicitar desde el extranjero un permiso de residencia temporal por haber sido titular de una residencia definitiva revocada tácitamente o bien iniciar un proceso de reunificación familiar.

En la voz de especialistas

De acuerdo a Mijail Bonito Lovio, abogado especialista en temas migratorios, en casos excepcionales como el presentado, la decisión de permitir o no el ingreso condicionado de la madre corresponde al oficial de la Policía de Investigaciones. En corto, es un tema de criterio.

La lógica en este caso, según la opinión de Bonito, habría sido permitir ingresar a la madre de forma provisoria mientras resuelve su condición migratoria, lo que haría mediante una solicitud de visa de reunificación familiar.

Esto, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley N.º 21.325, de Migración y Extranjería, norma que establece que:

“Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento”.

“Este tipo de facultades están justamente para hacerse cargo de circunstancias que salen de lo común y requieren un criterio de aplicación. El principio base es el interés superior del niño. El segundo principio es la reunificación familiar”, comentó el especialista a Radio Bío Bío.

De acuerdo a Rodrigo Sandoval –quien fue jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración de Chile durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet– confluyen dos tipos de normativa: una migratoria y la otra de protección.

“Entonces si bien los niños tienen derecho a ingresar a su país sin ningún problema porque son chilenos, las normas de protección hacen recomendable e incluso imperativo que esa circulación internacional o transnacional sea acompañada de sus padres”, indicó

“Para este caso la normativa migratoria considera que la madre podría ser objeto de un ingreso condicionado, es decir un ingreso que no cumple los requisitos, pero que la autoridad autoriza por circunstancias calificadas, para que su tema migratorio sea resuelto después sin comprometer el bienestar de los niños, ni conculcar su derecho a entrar a su país”, agregó.

Agregó que el haber permitido que la madre viajara sin los documentos requeridos, podría rastrearse a la aerolínea, la cual incluso podría haber sido multada por el incumplimiento, y tendría como obligación trasladar de vuelta a la mujer.

Otros especialistas en migración comentaron a Radio Bío Bío que es relevante tener en cuenta que hay 105 nacionalidades para las que Chile exige obtener antes del viaje una autorización previa o visa de Permanencia Transitoria para ingresar. Sin esa autorización, no pueden simplemente presentarse en la frontera chilena y solicitar el ingreso como turistas.

Haití es justamente uno de esos países, junto con todo África, gran parte de Asia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, etc. En cambio, ciudadanos de la Unión Europea y la mayoría de América, se encuentran exentos de esta restricción.