Una empresa constructora demandó al municipio de La Ligua por más de $4 mil millones. La compañía alega daños derivados de la inclusión por parte del municipio de la zona de uno de sus proyectos en la solicitud de declaración del humedal urbano Estuario Los Molles.
El conflicto data de 2021. En marzo de ese año, RD Constructora comenzó las obras del proyecto “Condominio Paseo Costanera Los Molles”, que consideraba un edificio de seis pisos con 195 departamentos. Al mes siguiente, el municipio solicitó mediante un oficio al Ministerio del Medio Ambiente la declaración de humedal urbano en un área que abarcaba 16,4 hectáreas y que incluía el proyecto.
Tras un recurso de protección presentado por vecinos que alegaban la necesidad de una evaluación ambiental previa para la iniciativa inmobiliaria, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una orden de no innovar, con lo que el proyecto fue paralizado en junio de ese año.
Ahora, cinco años después de una serie de litigios, el Ministerio del Medio Ambiente determinó que el terreno del proyecto no debía ser incluido en el humedal urbano.
Área con construcciones consolidadas
El proyecto Condominio Paseo Costanera Los Molles comenzó a gestarse hace más de una década. En diciembre de 2012, RD Constructora adquirió los sitios Nº 11 y Nº 12 de la manzana 46 de la localidad.
En el sitio número 12 no hubo problemas: la compañía construyó el proyecto Costanera del Mar, de 188 departamentos con 207 estacionamientos. En octubre de 2019 la Dirección de Obras Municipales (DOM) emitió la recepción definitiva y para 2021 todas las unidades estaban vendidas.
Y para el sitio número 11, en un comienzo tampoco hubo inconvenientes. La misma DOM había otorgado el permiso de edificación del proyecto Condominio Paseo Costanera Los Molles en 2019.
Pero en abril de 2021 todo cambió. Cuando el alcalde todavía era el militante comunista Rodrigo Sánchez y con el futuro líder comunal Patricio Pallares en el Concejo Municipal, la municipalidad presentó ante el Ministerio del Medio Ambiente una solicitud para declarar como humedal urbano el Estuario Los Molles.
De acuerdo con lo informado por la municipalidad en el juicio civil, solicitó la medida debido a “antecedentes públicos de inundaciones recurrentes, problemas de drenaje y preocupación ciudadana”.
Sin embargo, la demanda subraya que la actuación del municipio fue “extremadamente negligente” y que incurrió en una “total falta de razonabilidad”. Esto por cuanto el perímetro de 16,4 hectáreas incluía no sólo zonas con permisos de edificación vigentes, sino también calles pavimentadas y condominios habitados.
De acuerdo con el libelo, se trataba de zonas que obviamente no cumplían con los criterios para ser declaradas como un humedal urbano:
―No corresponden, en su totalidad, a una marisma, a un pantano, a una turbera, ni a una superficie cubierta por aguas, ni tampoco corresponden a una extensión de agua marina con una profundidad en marea baja que no exceda de los seis metros. Asimismo, los terrenos no tenían ninguna de esas características, ni ahora, ni el año 2012, fecha en que mi representada adquirió los Lotes N° 12 y 11 ―señala la demanda.
Paralización
En principio, la solicitud del municipio no paralizó el proyecto. Sin embargo, en junio de ese año, los vecinos agrupados en el Movimiento Ciudadano Cabildo Abierto Los Molles presentaron un recurso de protección contra la iniciativa.
El argumento de los vecinos era que esta debía ser sometida al Sistema de Evaluación Ambiental, debido a que estaba dentro de un humedal:
―El terreno donde se emplaza el proyecto es parte del Humedal Estuario Los Molles, y se producen alteraciones significativas a la biota del humedal y a su flora y fauna, alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los recurrentes y los habitantes de la localidad, los cuales no han sido objeto de una evaluación ambiental alguna ―manifestaba el recurso.
Por ello, los vecinos pidieron que el tribunal decretara que el proyecto debía ser sometido al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y que dictara una orden de no innovar (ONI) para paralizar la construcción mientras se tramitara el asunto.
Así fue como el 21 de junio de 2021 la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó la ONI correspondiente, con lo que a fin de mes la DOM ordenó la paralización de las faenas.
Ante el Tribunal Ambiental
El recurso de los vecinos fue rechazado en diciembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Los jueces de la cuarta sala determinaron que los vecinos no poseían un derecho indubitado ―claro, seguro y fuera de toda duda― que estuviera siendo vulnerado y que en consecuencia pudiera ser defendido mediante un recurso de protección.
Además, a esas alturas la misma constructora había iniciado una consulta de pertinencia sobre si el proyecto debía someterse al Sistema de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, la corte consideró que no era apropiado intervenir mediante una acción cautelar de urgencia.
Con la determinación de la corte quedaba sin efecto la orden de no innovar que había paralizado las obras. Pero los trabajos no se llegarían a reanudar.
Los vecinos ingresaron días después una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental. En octubre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) había reconocido el humedal, pero lo había delimitado en 9,2 hectáreas, un 44% menos de lo que había pedido el municipio. El área determinada por el MMA además dejaba fuera el sitio número 11, donde se emplazaría el proyecto de la constructora.
En su recurso, los vecinos exigieron ampliar el perímetro a las 16,4 hectáreas propuestas por la municipalidad. A esa causa se sumó el requerimiento de otra inmobiliaria, Lilén S.A., que pidió limitar el perímetro trazado por el MMA por considerarlo excesivo y desproporcionado.
Así, el 27 de enero de 2022 el Segundo Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar que igualmente paralizaba todo tipo de obras en las 16,4 hectáreas propuestas por el municipio.
Más de $4 mil millones
En enero de 2023 el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente las reclamaciones presentadas y ordenó al MMA delimitar nuevamente el humedal. ¿El resultado? Tras un extenso proceso de análisis el ministerio dibujó un nuevo polígono, esta vez de 10,6 hectáreas. Tampoco incluía el sitio número 11.
El nuevo trazado del humedal se hizo oficial en enero de este año. En abril, RD Constructora, representada por el abogado Felipe Holmes, ingresó su demanda. En ella, alega que las actuaciones del municipio constituyeron una falta de servicios:
―La Municipalidad actuó con grave negligencia, pues no podía menos que saber que dentro de las 16,4 hectáreas que solicitó declarar como humedal urbano existen condominios ya habitados, así como obras de edificación en plena fase de construcción ―asegura la demanda.
De acuerdo con el escrito, el municipio produjo un daño continuado a RD Constructora desde el 12 de abril de 2021, cuando realizó la solicitud sobre las 16,4 hectáreas, ya que “desde dicha fecha el proyecto quedó expuesto a una incertidumbre jurídica permanente, que obstaculizó su desarrollo, comprometió el valor de la inversión y dañó la imagen de la empresa”.
Para la constructora, más allá de que la paralización haya sido ordenada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego por el Segundo Tribunal Ambiental, la “causa gatillante” fue la solicitud del municipio.
Por ello, la firma solicita ser compensada económicamente por los daños causados, partiendo desde las 100 mil UF (más de $4 mil millones) por los gastos e inversiones en el terreno que quedaron inutilizados y 500 UF mensuales por el costo financiero acumulado.
Alcalde defiende oposición del municipio
En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, defendió las actuaciones del municipio. Según comentó, oponerse al proyecto no se trató sólo de una determinación de las autoridades municipales, sino de la comunidad en su conjunto.
―Donde están estos departamentos, aunque caigan muy pocas gotas de agua no se puede pasar ―enfatiza Pallares―. También ha sido un obstáculo para la parte turística, porque muchos turistas vienen por conocer Los Molles y al pasar por ahí muchas veces sus motores, sus vehículos se echan a perder porque quedan totalmente hundidos en el agua.
Pallares asevera que sostuvieron reuniones con funcionarios de Medio Ambiente del gobierno anterior y se trabajó en conjunto con ellos respecto del trazado del humedal:
―Siempre se deja un poquito pasado en cuanto al tema de la petición o de la dimensión que queremos proteger y siempre se ha hecho así ―afirmó el edil―. Hoy día el actual Ministerio del Medio Ambiente o la gente de Medio Ambiente nos dice que es menor. Pero la dimensión no va por allá, la dimensión va porque queremos justamente que esto se pare, se paralice [el proyecto] y creo que no estamos incumpliendo nada fuera de la ley.
Tanto en su contestación a la demanda como en su dúplica, el municipio ha sostenido que no fueron ellos los que paralizaron el proyecto, sino la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego el Segundo Tribunal Ambiental por solicitudes interpuestas por la comunidad.
Además, en su argumentación han señalado que incluso ahora tampoco se podría reiniciar el proyecto debido a que tras la consulta de pertinencia el Servicio de Evaluación Ambiental determinó en enero de 2023 que la iniciativa sí tenía que ser analizada ambientalmente.
―La declaración de pertinencia ambiental, solicitada voluntariamente por RD Constructora ante el SEA, concluye que el proyecto debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental previo a su ejecución, lo que por sí solo impide continuar el proyecto sin cumplir con esa exigencia ―asevera en la dúplica.
El 20 de julio se llevó a cabo una audiencia de conciliación de posiciones. El tribunal propuso un 20% de la suma genérica señalada en la demanda para comenzar las conversaciones. Las partes no se mostraron dispuestas a llegar a un entendimiento.
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