Fiscal Nacional advierte que pago de impuestos no convierte en lícitas a las casas de apuestas online

Cuestionamientos ha generado la decisión tomada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de implementar el cobro del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a las plataformas de apuestas online de carácter internacional que operan en el territorio chileno.

La medida busca recaudar más impuestos, en un contexto en que este tipo de plataformas actúa de manera ilegal en nuestro país.

Contraloría otorga plazo de 10 días para que el SII se pronuncie

Ante el anuncio y luego de una solicitud por parte de parlamentarios de oposición, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un oficio con un plazo máximo de respuesta de 10 días, en donde busca que el ente recaudador se pronuncie sobre “las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad de que se trata“.

Posterior a esto, ahora la crítica vino desde el fiscal nacional Ángel Valencia, quien afirmó que el hecho de que desde el SII se impulse el pago de impuestos de estas empresas “no transforma en lícita la actividad”.

Desde el ministerio de Hacienda, su titular Jorge Quiroz respaldó la medida, afirmando que el SII debe velar porque se graven todos los impuestos posibles, no de pronunciarse respecto a si una actividad es legal o no.

Juristas y la industria del juego ven una señal contradictoria

Desde el mundo jurídico también ven como una señal contradictoria la decisión de la autoridad tributaria. El director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD Matias Pascuali afirmó que la señal es mixta, ya que en principio, no se resuelve la situación de ilegalidad de las casas de apuesta.

En el mundo de los juegos de azar la visión es similar. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, enfatizó en que si bien el SII es la entidad encargada de definir estos cobros, la señal que se da es contraria a lo que esperaban.

Al organismo fiscalizador le quedan 7 días para responder al oficio de la Contraloría y pronunciarse respecto a la decisión tomada.