Este martes, el diputado Jaime Bassa (FA) anunció que presentará una reserva de constitucionalidad en contra del proyecto de ley “Registro Nacional de Vándalos”, presentado por el presidente José Antonio Kast, en donde advirtió que la normativa se desenvuelve en solo castigo y cero prevención.
Recordemos que la iniciativa fue presentada por el mandatario en el marco de sus medidas en el ámbito de seguridad en su primera Cuenta Pública, la cual busca establecer restricciones para acceder a determinados beneficios sociales a quienes formen parte de dicho listado.
Al respecto, el parlamentario frenteamplista dijo que la propuesta abre un debate en medio de sus consecuencias, que podrían afectar a garantías constitucionales, y advirtió que dicha medida “es muy preocupante, mucho castigo y poca prevención”.
“Una lista negra como esta que propone el Ejecutivo es claramente vulneratoria contra una serie de derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, la prohibición de establecer castigos vinculados con los derechos previsionales”, dijo.
En este contexto, anunció que presentará una reserva de constitucionalidad porque da cuenta “de cuán perdido está el Gobierno en lo que se refiere a seguridad pública”.
“Ni una palabra respecto a recuperación de los barrios, a fortalecimiento de la iluminación, al fortalecimiento de la votación de carabineros, solo castigo, cero prevención”, añadió Bassa.
Asimismo, indicó que ve con preocupación que el Ejecutivo tenga una posición “tan secundaria” y de “tanta improvisación”.
Finalmente, cuestionó que el Gobierno pretenda vincular los derechos sociales con las medidas sancionatorias en materia de seguridad, la cual señaló que podría afectar a los sectores más vulnerables y sin afectar a quienes obtienen beneficios económicos mediante actividades ilícitas.
“El Gobierno parece más preocupado de sancionar la pobreza que de perseguir efectivamente la delincuencia. Un registro que busca restringir derechos sociales no afecta en absoluto a quienes ya se enriquecieron mediante negocios ilegales, pero sí puede terminar golpeando a personas y familias que dependen de prestaciones estatales. Esa no es una política seria de seguridad pública”, culminó.
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