La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que extiende el tiempo para la implementación de la ley de seguridad privada. La iniciativa surge porque el 28 de mayo vencía el plazo para que apliquen nuevas exigencias del sistema, establecidas en la normativa vigente, que los servicios obligados no han podido cumplir.
Según se explicó en la discusión, entidades como bancos, empresas de transporte de valores y estaciones de servicio deben presentar nuevos estudios de seguridad acordes a los estándares de la nueva legislación. La norma exige además que estos estudios sean por sucursal o instalación.
Existe también un retraso en la implementación de una plataforma informática para centralizar los procesos de autorización, registro y gestión de la seguridad privada. Esta situación obliga a mantener mecanismos transitorios. Una realidad similar ocurre con la tramitación de autorizaciones para personas naturales.
A mayo de 2026, una proporción importante de los procesos se encuentran pendientes. El texto también prorrogará la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. La nueva legislación estableció requisitos de capacitación y evaluación más exigentes, pero la capacidad institucional para entrenar y examinar a las y los trabajadores resulta insuficiente frente a la gran demanda de regularización.
Seguridad Privada enfrenta desafíos técnicos
En un principio, la norma del Ejecutivo proponía extender ambos plazos por seis meses, hasta noviembre de 2026. Sin embargo, tras las exposiciones del Gobierno, de organizaciones de seguridad privada y de Carabineros, la Comisión de Seguridad Ciudadana resolvió extenderlo por un año. Esta decisión fue ratificada en la Sala.
El informe del proyecto lo presentó el diputado Jaime Coloma. En el debate intervinieron además Marisela Santibáñez, Javier Olivares, Bernardo Salinas, Cristian Neira, Eileen Urqueta, Cristián Araya, José Antonio Rivas, Cristian Contreras, Daniel Lilayu, Enrique Bassaletti, Tatiana Urrutia, Juan Carlos Beltrán, Jaime Mulet y Hans Marowski.
La mayoría de las intervenciones coincidieron en que la prórroga responde a una situación crítica del sistema de seguridad privada. Pese a esto, advirtieron que los problemas de implementación se arrastran del Gobierno anterior y evidenciaron una falta de capacidad del Estado para gestionar adecuadamente los plazos y exigencias de la normativa.
Varios planteamientos apuntaron a que aprobar la iniciativa es un acto de responsabilidad para evitar una crisis inmediata. Sin embargo, consideraron que no resuelve las deficiencias estructurales. También se advirtió que no es adecuado avanzar con medidas de último momento, sin una planificación suficiente.
Finalmente, se indicó que las dificultades responden a un problema transversal, donde la implementación fue más lenta de lo previsto y las instituciones no lograron responder conforme a lo planificado. Esto obliga a enfrentar ahora una reforma más profunda.
Ministra Steinert advirtió riesgo de colapso en sistema
En la sesión intervino la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert. En su exposición advirtió que, de no aprobarse el proyecto, existiría un riesgo de colapso del sistema. Agregó que la magnitud de los cambios exigidos demostró que el período original resultaba insuficiente.
Del mismo modo, la secretaria de Estado señaló a la Cámara que, a pocas semanas del vencimiento del plazo, solo un 5% de las entidades obligadas presentó sus estudios de seguridad. Además, indicó que más de 35 mil guardias y vigilantes esperan renovar sus permisos.
En ese sentido, Steinert afirmó que la prórroga “no constituye un cheque en blanco, sino un tiempo técnico necesario para consolidar la plataforma informática y la aplicación del reglamento”. Asimismo, valoró que el proyecto elimine el silencio positivo, evitando autorizaciones sin revisión técnica.
Finalmente, la ministra planteó que las futuras reformas deben construirse de manera conjunta con los actores del sector. En esta línea, señaló que el siguiente paso será perfeccionar la estructura normativa y mejorar la operatividad de la plataforma, con el fin de fortalecer el sistema de seguridad privada en el país.
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