A casi tres meses de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, comienzan a hacerse sentir los efectos y dificultades que ha traído para el sector empresarial.
La Cámara de Comercio de Santiago expresó su preocupación por las múltiples exigencias que impone la normativa: capacitación del personal, adquisición de elementos de seguridad, contratación de seguros y un largo listado de requisitos que han demandado una significativa inversión.
A ello se suma —según advirtió la líder gremial— el riesgo de multas elevadas ante el incumplimiento de los nuevos estándares. La ley, en su espíritu, busca fortalecer el vínculo entre la seguridad pública y la privada, otorgándole a las empresas un rol de “coadyudantes” en esta área, con exigencias mucho más altas.
Sin embargo, surge una interrogante inevitable: ¿Podrán las empresas cumplir adecuadamente con estas nuevas responsabilidades, especialmente, en un contexto donde el crimen organizado y la violencia parecen evolucionar más rápido que la capacidad de respuesta del Estado?
La experiencia internacional entrega algunas luces. La Unión Europea ha reconocido que la integración entre seguridad pública y privada representa un valor estratégico fundamental frente a las amenazas como el terrorismo, crimen organizado, vulnerabilidad energética, flujos migratorios y emergencias derivadas de catástrofes o conflictos armados.
Se trata de riesgos globalizados, que también alcanzan a nuestro país y exigen una respuesta coordinada y moderna.
En este escenario, el rol del sector privado como apoyo a la seguridad pública no es el único cambio reciente. La reforma a la seguridad municipal, publicada el 11 de febrero pasado, amplía las atribuciones de los municipios y refuerza las funciones preventivas de los inspectores, promoviendo una mayor coordinación con las policías y organismos estatales.
Así, se configura un nuevo mapa institucional donde la prevención del delito deja de ser competencia exclusiva del Estado central.
Sin embargo, todo avance normativo debe venir acompañado de capacidad real de adaptación. No se trata solo de imponer más obligaciones, sino de asegurar condiciones adecuadas para cumplirlas. Las empresas enfrentan un desafío mayúsculo.
Si el Estado no acompaña este proceso, el riesgo no solo será económico, sino también de eficacia; una seguridad privada sobre regulada pero debilitada puede resultar contraproducente.
En definitiva, la evolución de los fenómenos delictuales obliga a fortalecer la cooperación entre distintos actores: el Estado, las empresas, los municipios y la ciudadanía. Sin embargo, es fundamental recordar que la seguridad pública sigue siendo un deber esencial e indelegable del Estado.
Ninguna ley debe trasladar a los privados una carga pública excesiva o imposible de cumplir. La seguridad debe construirse en conjunto, pero bajo el principio de que la protección todos sigue siendo una responsabilidad estatal.
Maricarmen Garrido Iracheta
Abogada e investigadora
Instituto Libertad
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