En el marco de la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, la Fiscalía expuso nuevos antecedentes que apuntan a un eventual uso irregular de recursos públicos durante 2021, vinculando el trabajo de sus asesores parlamentarios con la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante.
Según lo presentado en audiencia, parte del equipo contratado con fondos del Congreso habría realizado labores en horario laboral para apoyar la candidatura a La Moneda del exalcalde de Las Condes, lo que está siendo indagado como un posible desvío de recursos fiscales.
Fiscalía no descarta ampliar la investigación a Joaquín Lavín Infante
En ese contexto, el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, abordó la posibilidad de extender las diligencias a otros eventuales involucrados, incluyendo al excandidato presidencial.
En conversación con Radio Infinita, la autoridad fue enfática en señalar que la investigación podría escalar conforme avancen las indagatorias:
“Nada obsta a que el día de mañana, a través del desarrollo de investigaciones, o poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan con objetividad alguna imputación de otro delito, no hay duda alguna de que el Ministerio Público tendrá que hacer lo que corresponda”, sostuvo.
En ese sentido, Campos añadió que el Ministerio Público no descarta ampliar el foco más allá de los nombres ya conocidos.
“Efectivamente, si hay que acotar a determinadas personas, más allá de las que ya se han señalado el día de hoy, no hay obstáculo y es nuestra obligación hacerlo”, subrayó.
En esa línea, insistió en que cualquier decisión estará supeditada al mérito de los antecedentes reunidos.
“Si el mérito de los antecedentes así lo aconsejan y lo determinan, no hay duda alguna que tenemos que cumplir con esa obligación”, insistió Campos.
“El Ministerio Público no tiene que privarse, al contrario, tiene una obligación legal de poder investigarlo”, sentenció el persecutor.
Fiscalía pedirá prisión preventiva para el exdiputado Lavín
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia —y según detalló BioBioChile—, la investigación sostiene la existencia de una estructura prolongada de desvío de recursos públicos, que habría operado por casi una década mediante distintos mecanismos, incluyendo facturas ideológicamente falsas y el uso de asignaciones parlamentarias para fines electorales.
En esa línea, el Ministerio Público también atribuye al exdiputado la utilización de personal financiado con fondos del Congreso para tareas políticas, además del desarrollo de plataformas como “SocialTazk”, que —según la acusación— habría sido costeada con recursos fiscales pese a tener un uso principalmente proselitista.
En este escenario, y considerando la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía buscará la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la existencia de una estructura organizada y un perjuicio fiscal significativo. Todo ello, mientras se mantiene abierta la posibilidad de ampliar la investigación a nuevas aristas y eventuales responsables, en función del avance de las diligencias.
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