El Juzgado de Garantía de Osorno, en la región de Los Lagos, rechazó la solicitud de la Fiscalía de dejar en internación provisoria al estudiante de 15 años del Liceo de Rahue que agredió a una compañera, amenazó a estudiantes, docentes y directivos del establecimiento e intentó atacar a un funcionario de Carabineros al momento de su detención.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el adolescente usó dos destornilladores para amenazar de muerte a varios alumnos y funcionarios del establecimiento educacional.
“Agarrarlos a balazos”
La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que el imputado, de nacionalidad venezolana, amenazó a una compañera de curso, también de 15 años, a quien le propina golpes de puño en la cabeza y en el tórax. Además, le señaló que tenía armas de fuego y cortantes en su domicilio, que usaría para matarla.
Ante esta situación, otros compañeros de curso intervinieron en defensa de la alumna, siendo amenazados con un desatornillador.
Según expuso la persecutora, el adolescente abandonó el establecimiento y regresó minutos después con un destornillador de mayor tamaño, con el que amenazó al director, profesores y alumnos. “Señalaba que él tiene armas de fuego en su casa y que vendría a ‘agarrarlos a balazos a todos"”, detalló la fiscal.
Carabinero redujo a estudiante
Cuando personal de Carabineros llegó al establecimiento, a solicitud del director del liceo, el acusado reaccionó de forma violenta, intentando agredir con el destornillador a los funcionarios policiales. Es así que uno de ellos lo reduce para concretar su detención.
Por lo anterior, pasó a control de detención y formalización por amenazas y delito contra la autoridad de Carabineros. Si bien en la audiencia la Fiscalía pidió la internación provisoria del imputado y la prohibición de acercarse al establecimiento, ambas fueron rechazadas por el tribunal.
En su lugar, se decretó la prohibición de acercarse a los estudiantes afectados, a docentes y al director del establecimiento, además de la sujeción a programas del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La investigación quedó fijada en un plazo de 60 días, mientras la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos tomará contacto con los afectados por las amenazas denunciadas.